PRIMERA PLANA

Bajo el acecho del crimen 

los trabajadores de salud 

Margena de la O.--El miércoles nadie abrió la clínica de la alameda de Chilpancingo. Una noche antes, unos hombres armados se llevaron al enfermero Óscar Iván García Urbina cuando caminaba por la avenida Juárez, a unos segundos de salir de su trabajo, en medio del ajetreo del centro de la ciudad. Los trabajadores del sector salud son parte de la lista de delitos de la delincuencia organizada.

Los trabajadores del sector Salud del estado planean concentrarse en un frente para ver cómo le hacen con la violencia. “Hemos sido objeto de secuestros, asesinatos, desapariciones y extorsiones”, confirmó el médico Guillermo Ramírez Solís, del Hospital General de Acapulco, al pedir al gobernador Héctor Astudillo Flores garantías de seguridad.

Los médicos comparten con los maestros esta condición de extorsión. Son los profesionistas con más denuncias del rosario de delitos de la delincuencia organizada. Desde el 5 de abril el Ejército y la Gendarmería Nacional cuida 155 planteles y tres hospitales de Acapulco (el IMSS y el hospital General, ubicados en la avenida Ruiz Cortines, y el Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento).

La Tierra Caliente comenza a expulsar médicos en 2011. La extorsión y los secuestros se convertían en actividades que generaban ingresos a los grupos. Las solicitudes de cambios de adscripción lo reconocía en cada entrevista el entonces secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso. Coyucán de Catalán, Arcelia y Altamirano en condición de crisis, y Acapulco como un caso donde el problema crecía.

Desde entonces a la fecha las denuncias de extorsiones, secuestros desapariciones y asesinatos las recogen los periódicos en diferentes partes del estado.

Los riesgos para los trabajadores de la salud no sólo tiene que ver con su ingreso, también con el servicio que dan. Mazón Alonso planteaba en su gestión que las personas baleadas en ataques o enfrentamientos las atendieran los militares en sus hospitales. Los médicos que buscan crear el frente lo ven aún como una alternativa.

El actual secretario Salud, Carlos de la Peña Pintos, de acuerdo a información difundida por la prensa local, aclaró que atenderán a los baleados en hospitales civiles, en respuesta a la denuncia anónima de trabajadores del hospital general Raymundo Abarca Alarcón que el 6 de noviembre de 2015 se encontraban en servicio cuando escucharon desde afuera disparos al aire, después de recibir en urgencias a policías comunitarios de la UPOEG emboscados en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo.

En el hospital general de Chilpancingo no es la primera vez que los trabajadores sintieron temor y riesgo. El 7 de diciembre de 2015 por la noche, una ambulancia traslada hasta allí a la directora de Seguridad y Custodia de los penales en Guerrero, Virginia Aguilar Hernández. La balearon conduciendo un carro oficial sobre la calle Ayutla de la colonia Progreso. “Esa vez había policías hasta en la azotea”, compartió un trabajador del hospital.

“Al final de cuentas nosotros estamos para atender. Lo mismo atendemos delincuentes que no delincuentes en los hospitales, pero no nos dan siquiera seguridad de guardia”, denunció Ramírez Solís. En el hospital donde labora atienden al menos tres por semana de personas baleadas.

Otro empleado de salud del grupo valoró que el secuestro quizá es el delito del que mayormente son presa los médicos. Hace unos días supo que a una compañera de oficinas centrales la secuestraron. “Nosotros vivimos de un salario, somos asalariados, que lo entienda la delincuencia”, comentó antes el Ramírez Solís.

Tampoco aún aparecen los cuatro médicos por los que trabajadores del sector central de Salud protestaron del año pasado. Esa protesta a varios les costó el despido. Los médicos Erick Adán Almazán, Isidro Olivares Morales, Abel Porras y Francisco Moctezuma Gutiérrez están desaparecidos desde junio de 2015.

A los médicos Marvin Hernández Ortega, José Oswaldo Ortega Saucedo y Raymundo Tepeque, junto al abogado Julio César Mejía Salgado también los levantan en ese mes y año en la zona rural de Acapulco, y los matan días después. Sus cadáveres los dejaron en Santa Bárbara, la sierra de Chilpancingo.

Los médicos aun con la expectativa de organizarse insisten en que el gobierno cumpla su responsabilidad de darles seguridad. “Es responsabilidad del gobernador darnos seguridad a cada uno de los guerrerenses”, agregó el médico.

Las autoridades de Salud sorprenden a los trabajadores de Acapulco con la noticia de que trasladarán el hospital general de Acapulco a la zona rural, entre las comunidades de El Quemado y Los Órganos, donde la violencia mantiene sus indicadores más altos.

“Temporalmente sin servicio. Informes en la Jurisdicción (Santiaria 03 Centro)”, se leía en la cartulina pegada en la reja de la clínica de la alameda, escrita para los pacientes que asistieran el miércoles.

Por la madrugada, horas después de que se llevan al enfermero, lo liberan en la lateral del bulevar Vicente Guerrero. Estaba desnudo, con las manos atadas hacia la espalda y sentado sobre la banqueta. Los glúteos y los muslos comenzaban a poners

La clínica todavía sigue cerrada.

“En realidad, en Guerrero, todos los trabajadores estamos siendo afectados por la falta de seguridad”, valoró el médico de Acapulco. (lasillarota.com).