POLICRÓNICA

Desalojo…En medio de un exceso de omisión de las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), permitieron que por dos largos meses personas ajenas a las familias damnificadas se apoderara ilegalmente de viviendas del fraccionamiento “El Mirador” en Chilpancingo y finalmente ayer domingo fueron desalojados los intrusos con el apoyo de la fuerza policial.

Demasiados 60 días en que personas que no son damnificadas por el huracán “Ingrid” y tormenta “Manuel” de septiembre del 2013 se habían apoderado de las viviendas, y durante ese tiempo, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, prácticamente se había convertido en cómplice. Gracias a la presión de las auténticas familias damnificadas y los medios de comunicación, finalmente ayer domingo se decidieron las autoridades a recuperar y entregar las viviendas que les corresponde a las familias de acuerdo al padrón  de beneficiarios que tendrían que ser reubicadas, tras ser afectados  desde septiembre del 2013. Han pasado tres largos años y es la hora que esas familias en desgracia no tienen sosiego a la incertidumbre que han estado sin un pedazo de piso en donde vivir y dormir, gracias a la ineptitud del delegado de la Sedatu, Armenta Tello. Elementos de la Policía Estatal Antimotines desalojaron la mañana de este domingo, al grupo de personas que invadieron el Fraccionamiento “El Mirador” ubicado a un extremo de la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo, en ese lugar las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) ubicarían en tiempo y forma a las familias damnificadas en septiembre del 2013 por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”. Hace aproximadamente dos meses, un grupo de personas que se dijeron damnificadas quienes presentaron folios falsos, se introdujeron en el fraccionamiento, rompieron chapas y ventanas y se apropiaron de los departamentos que incluso ya habían sido asignados, pero no existir las condiciones aún no eran habitados por sus dueños. Días después, las familias acudieron para reclamar sus viviendas, pero se encontraron con grupos armados con palos y machetes, que les impidieron ingresar, incluso fueron amenazados de muerte. La Sedatu, informó sobre el caso, que ya se habían interpuesto las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resultara responsable por los daños ocasionados al patrimonio de la secretaría, debido a que hubo gente que había estado robando y destruyendo propiedad federal. Las autoridades saben y dan fe, que en una ocasión un grupo de personas fueron sorprendidas infraganti rompiendo chapas y vidrios de los departamentos, mismos que fueron detenidos inmediatamente por elementos de la Policía Federal, pero fueron dejados en libertad al no configurarse el delito por las instancias investigadoras y hasta el día según las autoridades tienen al menos tres denuncias, entre ellas la del delito de despojo y es la hora que no se ha procedido. Los invasores fueron identificados por los vecinos, como miembros de una organización “social”, entre los que había funcionarios estatales, municipales y maestros de la CETEG, muchos de los cuales se desplazaban en vehículos de lujo, e inclusive periodistas y trabajadores del Servicio Médico Forense, que nada tenían que ver con los verdaderos damnificados. Sin embargo, en ese momento no habían podido actuar, porque este grupo de personas se encontraban armados con palos tubos e incluso armas de fuego, que cuando el personal de la Sedatu intentó ingresar al fraccionamiento también fueron amenazados.  No cabe duda que el estado de derecho se violentó a todas luces, y por dos meses los  invasores estuvieron ocupando las viviendas, según se sabe ellos las compraron en “oferta” entre los 80 mil y 100 mil pesos. Eso también es inaceptable, porque se supone que las autoridades de la Sedatu  representadas por José Manuel Armenta Tello era el responsable de llevar un padrón de familias damnificadas, por lo tanto porqué se tendrían que andar ofertando. Eso fue un secreto a voces y no actuó el delegado de la dependencia federal, Armenta Tello, convirtiéndose en un verdadero cómplice. En el fraccionamiento “El Mirador” fueron construidas un total de 598 viviendas, para igual número de familias, de las cuales han sido entregadas de manera formal 453, y en esta última verificación, se corroboró que había 290 invadidas, entre casas entregadas y otras que estaban por asignarse. Luego de varias diligencias, la mañana de este domingo, finalmente elementos de la Policía Estatal ejecutaron el desalojo de los invasores para recuperar las viviendas y entregarlas a los verdaderos dueños. Asimismo fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión en contra de los líderes señalados como los presuntos responsables de los delitos de daños e invasión de propiedad privada, logrando la detención de al menos nueve personas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente. El operativo dio inicio al filo de las 06:00 de la mañana con un despliegue de al menos 400 elementos de la Policía Estatal con equipo antimotines, que rodearon el fraccionamiento, en busca de los líderes. Asimismo acudió personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para realizar una diligencia y revisar la asignación de las viviendas, así como los departamentos invadidos. Durante al menos tres horas, no se permitió el acceso ni salida a ninguna persona del fraccionamiento, mientras cientos de vecinos observaban desde sus ventanas el operativo. Al menos nueve personas fueron detenidas entre los que se encuentran los presuntos líderes, que fueron sacados a bordo de patrullas de la Policía Estatal, aunque de manera oficial no se informó a donde fueron trasladados. En un primer momento, las autoridades pidieron a los ocupantes, abandonar las viviendas invadidas de manera pacífica y por su voluntad a lo que la mayoría accedieron, por lo que no fue necesario el uso de la violencia. Desde la Autopista del Sol unas 20 patrullas de la Policía Federal Sector Caminos, vigilaron el desarrollo de la operación, donde participaron solo agilizando la vialidad en los accesos al fraccionamiento. Hasta la entrada principal también se dieron cita, los damnificados que aún no habían podido tomar posesión de las viviendas que les otorgó el Gobierno Federal, quienes dieron fe de que efectivamente los detenidos eran las personas que invadieron y amenazaron en repetidas ocasiones a los verdaderos dueños. Los damnificados agradecieron la intervención de las autoridades, pues hace varios meses que deberían habitar sus casas, pero por este conflicto seguían rentando o viviendo con familiares. Según se supo que en el Fraccionamiento permanecerá un grupo de la Policía Estatal para resguardar a los habitantes y las viviendas que aún no se entregan y evitar que se repita esta situación o haya represalias en contra de los damnificados. En tanto la Secretaría de Seguridad Pública, a través de un breve comunicado informó Elementos de la Policía Estatal acompañaron para resguardo y custodia al personal de SEDATU quienes las primeras horas de este domingo acudieron al Fraccionamiento “El Mirador” de Chilpancingo a realizar una supervisión y verificación de la posesión de la propiedad legal de las viviendas que deben ser habitadas por quienes perdieron sus hogares durante los fenómenos meteorológicos, “Ingrid” y “Manuel”. Durante el despliegue la Secretaría de Seguridad Pública en todo momento garantizó la integridad física de los habitantes del Fraccionamiento, así como de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de salvaguardar los derechos de los propietarios. Todo esto es responsabilidad del delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, porque la construcción y la compra de terrenos estuvo a cargo de esa dependencia,  por lo tanto estaba bajo resguardo y custodia, y si estas persona se apropiaron desde hace dos meses, este vecino de Chilpancingo, ya fungía  como delegado desde el 12 de noviembre del 2015, por lo tanto actúo con exceso de omisión para evitar este problema, por ende se le tiene que fincar responsabilidades, porque puso en peligro la vida de muchas familias indefensas. Además con mucha anticipación se denunció que había un grupo armado extorsionando a las empresas constructoras y también se hizo caso omiso. Tan  desesperados estaban los ciudadanos damnificados que hasta el jueves pasado por la tarde en conferencia de prensa habían anunciado que ante la omisión y complicidad del gobierno estatal y federal, solicitarían la intervención de la delincuencia organizada para desalojar a esos invasores de sus viviendas. Después de este anuncio de desesperación, fue como actuó el delegado Armenta Tello, quien solicitó la presencia de la fuerza pública federal y estatal, porque las averiguaciones previas que supuestamente interpuso simplemente están a la deriva, no avanzan, ni se castiga a nadie, pese a que se habló de la detención de nueve personas, pero al parecer todas ya fueron puestas en libertad, algunas de ellas integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), quienes con bloqueos lograron la liberación de dos de sus compañeros, eso significa que  Armenta Tello actúa con sentido político, no conforme a derecho. Sin embargo hoy en los periódicos y noticiarios matutinos, sale a decir que fue todo un éxito, cuando en realidad fue su responsabilidad haber permitido esa invasión, porque mientras no entregue totalmente a los verdaderos dueños cada una de las viviendas, están bajo su resguardo y custodia.  Las autoridades federales son las omisas y por consecuencia tienen que responder por esa innecesaria invasión que en las últimas horas disque “recuperaron” y hasta ahora pusieron resguardo policiaco para evitar que regresen los intrusos...Omisión...Ya que hablamos de omisiones, definitivamente está a la orden del día en el estado de Guerrero,  y nadie pone “orden y paz”, pareciera que no hay autoridad local, sin que vayamos lejos, mientras las Comisiones de Asuntos Políticos y de Gobierno del Congreso del Estado se acusan mutuamente de no dar trámite correspondiente a las licencias urgentes de funcionarios municipales, casos como el de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade, siguen sin atenderse y por ende, se pone en riesgo su integridad física. Hasta el momento, oficialmente el Congreso local no ha desahogado las licencias del alcalde de Cocula Erick Ulises Ramírez Crespo quien está preso por presuntos nexos con la delincuencia organizada y cuya responsabilidad pública incluso ya quedó sin efectos legalmente, así como la de la síndica de Pungarabato que fue amenazada por la delincuencia organizada para dejar el cargo.  Incluso, el esposo de la funcionaria, el empresario Gustavo Borja García que estaba secuestrado desde el 28 de enero del año en curso, ya fue liberado y, según reportes oficiales, su familia (incluida Rosalba Rendón) han abandonado la entidad. El pasado jueves 03 de marzo, un mes después de la solicitud de licencia de la síndica, la presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos, Rosa Coral Mendoza Falcón, diputada por el PRD, afirmó que desde hace dos semanas entregó ante la Comisión de Gobierno que encabeza loa priista Flor Añorve Ocampo, el dictamen por el que se aprueban las licencias de los casos Cocula y Pungarabato.  Sin embargo hasta el momento no ha sido tomada en cuenta en la orden del día de las sesiones ordinarias cuyo periodo inició el pasado martes, donde se tiene que concluir el trámite formal con la aprobación del pleno. En días pasados, la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Flor Añorve Ocampo dijo que su comisión no había sesionado porque los diputados estaban “en receso”, por ende, no se había podido dictaminar ninguna de las licencias que son consideradas como urgentes.  Rosa Coral afirmó que el dictamen fue entregado desde hace 2 semanas y que antes de que se dictara la orden de aprehensión contra el acalde, su comisión entregó el dictamen favoreciendo la licencia, la cual quedó sin efecto debido a su situación jurídica, luego de que perdió sus derechos políticos, por lo que ya no hicieron otro dictamen. En este sentido, la diputada de extracción perredista indicó que la Comisión se declaró incompetente ante la circunstancia jurídica. “Nosotros ya quedamos sin competencia para poder dictaminar sobre un tema que está rebasado”, dijo, pero oficialmente no se ha informado en sesión de pleno sobre la suspensión de los derechos políticos de Erick Ulises Ramírez Crespo, y no se ha informado tampoco sobre la entrada del relevo en el cargo. Este contexto, la diputada dijo que el pleno del Congreso local tendrá que llamar  al suplente para que asuma las funciones de presidente municipal de Cocula, pero no se ha hecho cuando ya transcurrieron 16 días desde que se suspendieron los derechos políticos del edil, por el auto de formal prisión que le dictaron. La diputada señaló que espera que los dictámenes sean presentados hasta esta semana. La Comisión de Asuntos políticos solo presentará un dictamen como parte de un procedimiento para culminar el trámite legislativo de acuerdo a las circunstancias actuales, donde será el Congreso en pleno quien haga el llamado al alcalde suplente. En caso de que alcalde suplente no quiera o no pueda asumir la función de presidente municipal, el gobernador del estado tendrá que enviar una terna al Congreso local para que se designe al alcalde de Cocula. En cuanto a la licencia de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade, la Comisión de Asuntos Políticos aprobó la licencia y fue entregada desde hace más de 2 semanas pero tampoco se ha seguido el trámite, a pesar de que en este caso está de por medio la integridad física o incluso la vida de la funcionaria que fue presionada por el crimen organizado para separarse del cargo, lo cual ya hizo en los hechos pero, formalmente sigue con la responsabilidad al no haberse autorizado su licencia. Eso se llama omisión, porque el trámite legislativo ya debió hacerse como de urgente y obvia resolución.  No hay responsabilidad de los representantes populares, quienes están faltando a su trabajo y compromiso de atender todos los asuntos menores y mayores, y resolverse en tiempo y forma, para evitar omisiones que pudieran ser causales de castigo o llamadas de atención. Los legisladores de la LXI legislatura están obligados a responder puntualmente con su responsabilidad.