PRIMERA PLANA

Condenan la campaña de

desprestigio contra el GIEI 

Javier Francisco Reyes.---Se ha desplegado una campaña de desprestigio coordinada en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por los resultados de sus investigaciones de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” ocurrido en Iguala de la Independencia hace casi 17 meses.

La anterior denuncia fue hecha mediante un comunicado de prensa que hicieron llegar hoy viernes a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, por las siguientes organizaciones no gubernamentales: Amnistía International, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative   y Robert F. Kennedy Human Rights.

En su denuncia pública sostienen que hay una campaña de desprestigio coordinada contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que está ganando una mayor cobertura en los medios mexicanos. 

Reiteran que a través de un acuerdo entre el gobierno de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes legales de las familias de los estudiantes normalistas, estos expertos están proporcionando asistencia técnica crucial en la investigación de los 43 desaparecidos forzadamente de Ayotzinapa los días viernes por la noche del 26 y madrugada del sábado 27 de septiembre del 2014 en Iguala de la Independencia.

Indican que como organizaciones internacionales de derechos humanos, reiteramos nuestro pleno apoyo al GIEI y sus conclusiones y recomendaciones preliminares. 

Añaden, respaldamos a los cinco expertos independientes que conforman el GIEI: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa, reconocidos internacionalmente por su trabajo ejemplar en el ámbito de las investigaciones criminales, los derechos humanos y la atención a las víctimas.

Puntualizan los representantes de los Organismos No Gubernamentales que la campaña de desprestigio muestra que el Grupo está cada vez más cerca de encontrar la verdad sobre lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos. 

Explican los denunciantes que una de las contribuciones más importantes del trabajo del GIEI ha sido el de refutar científicamente la teoría original del gobierno mexicano de que los restos de los estudiantes fueron quemados en un basurero en Cocula y, en su lugar, proponer nuevas líneas de investigación.

Para que este trabajo siga adelante, el gobierno mexicano debe alejarse de la teoría sobre el basurero y abrir las nuevas líneas de investigación propuestas por el GIEI, incluyendo la investigación del uso de los autobuses en Iguala para el narcotráfico hacia los Estados Unidos como un posible motivo de los ataques. 

El gobierno mexicano también debe encontrar una solución que permita al GIEI estar presente con las autoridades mexicanas en las entrevistas a los soldados mexicanos en Iguala, muchos de los cuales estuvieron presentes durante los ataques contra los estudiantes.

Nos preocupa el silencio por parte del gobierno de México frente a los ataques difamatorios que siguen saliendo en los medios de comunicación. Hacemos un llamado al gobierno mexicano a reconocer públicamente la importante labor de los expertos y dedicar el máximo esfuerzo para determinar el paradero de los estudiantes. Con sólo tres meses restantes en el mandato del GIEI, el tiempo es crucial. El GIEI necesita tener el pleno apoyo del gobierno de México para que pueda investigar, junto con el equipo de la Procuraduría General de la República, sus líneas propuestas y aportar información esencial sobre lo que sucedió a los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente.

Con este caso, el gobierno mexicano tiene una importante oportunidad para demostrar su compromiso con los derechos humanos; no hacerlo demostraría, una vez más, que en México sigue reinando la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.