POLICRÓNICA

    Marabunta…Desde que están los actuales consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), no han aportado nada a favor para mejorar la democracia comicial, pero si como han demostrado que son unos marabuntas, al ser depredadores del erario público, y cuentan con la complicidad de los representantes de partidos políticos.

Es un año que no es electoral 2016, y en el mes de diciembre se desbocaron en exigencias los siete consejeros, encabezados por “La Chilanga”, Maricela Reyes Reyes, para chantajear a los diputados de la LXI legislatura local para que les autorizaran un presupuesto de 312 millones 711 mil 62 pesos, de los cuales 198 millones 811 mil 572 corresponderían exclusivamente al gasto del órgano electoral y 113 millones 905 mil 490 para el financiamiento público de los partidos políticos. En esas cantidades  los consejeros electorales habían proyectado para gastarse el dinero en un año que no es electoral, según explicación de la propia Reyes Reyes que  de los 198 millones 811 mil 572 pesos de gasto operativo, 153 millones 202 mil 685 serían para servicios personales; 12 millones 443 mil 687 para materiales y suministros; 28 millones 981 mil 127 para servicios generales; tres millones 584 mil 73 para bienes muebles e inmuebles, y 600 mil para obra pública. Para tratar de convencer a los entrantes legisladores que tomaron posesión el 13 de septiembre del 2013, Reyes Reyes quiso sorprender a los 46 diputados de todas las fracciones parlamentarias, diciendo que en lo que corresponde a servicios personales, 105 millones de pesos 811 mil 385 pesos son para sueldos, salarios y prestaciones; 38 millones para laudos laborales; 5 millones 391 mil 300 para la incorporación de los trabajadores al ISSSTE; y 4 millones para liquidaciones. Del total se destinarían a los partidos políticos, 110 millones 587 mil 852 pesos  para actividades ordinarias, mientras que tres millones 317 mil 638 para actividades específicas, sin embargo en la presentación no se explicó cuánto pretendían ejercer cada partido en el presente año. Ese era el tamaño de una auténtica “marabunta” depredadora del erario público, en un año que no es electoral, y en donde  Reyes Reyes estará hasta el año 2021, para obtener un jugoso salario, además de otro tipo de prestaciones. Sin embargo en diciembre los 46 diputados fueron sensatos y conocieron con su exacta dimensión de las verdaderas necesidades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y partidos políticos, por lo que les autorizaron más de 254 millones de pesos en el presente año, a pesar de no ser un año electoral. Aun así es mucho dinero, tomando en cuenta que el estado de Guerrero, es pobre y sufre alta marginación, por ello creemos que es un insulto estar manteniendo un organismo que finalmente sirve para maldita la cosa, porque ahora ya los mexicanos tenemos el Instituto Nacional Electoral (INE) que puede llevar a cabo los comicios de todo tipo, porque es la instancia que tiene el padrón electoral, la experiencia y presupuesto para operar. Todavía  el Congreso local, logró disminuir 58 millones al presupuesto original que presentaron los consejeros electoral, cuando debería ser menos dinero para el IEPC, pero lamentablemente ahí se cuenta con otro grupo de “chupapresupuetos” llamados partidos políticos, quienes se llevan aproximadamente el 45 por ciento del presupuesto anual, en la que no aportan nada bueno para la sociedad, es un gasto innecesario, pero viven al igual que los consejeros en nombre de la mal llamada “democracia”,  pues a los guerrerenses y mexicanos les ha salido muy caro éste epíteto. En el caso de Guerrero, apenas el 20 de enero, en su primera sesión ordinaria del año, los consejeros del IEPC, procedieron a repartirse el botín de más de 254 millones de pesos de la siguiente manera,  de los recursos que ejercerán, 118 millones de pesos le corresponderán a los nueve partidos políticos con registro local y 135 millones para el órgano electoral pomposamente llamado en síntesis IEPC para sus gastos ordinarios. Pero no termina todo ahí, sino que el representante del Partido Encuentro Social, que perdió su registro local en las elecciones del 7 de junio anunció que interpondrá un juicio de evasión porque fueron excluidos en el reparto del presupuesto. En la sesión ordinaria también se hizo un llamado a los ciudadanos que buscan registrarse como partido local a realizarlo a más tardar el 31 de enero ante el IEPC para que estén dentro del sistema democrático de partidos.Hasta hoy 8 de febrero, no se conocía oficialmente de cuantos partidos políticos con registro estatal se inscribirían. Por lo pronto, en el 2016, los partidos representados en el IEPC, recibirán las siguientes cantidades: PRI: 33 millones 798 mil 699 pesos; PRD: 30 millones 394 mil 638 pesos; Movimiento Ciudadano: 12 millones 674 mil 607 pesos; PAN: 10 millones 191 mil 639 pesos; PT: 10 millones 455 mil 90; PVEM y Morena tendrán un presupuesto 8 millones 320 mil 694 pesos. Pero nada tontos los consejeros inventaron un rublo llamado “desarrollo de acciones extraordinarias” en la que se van a gastar a su albedrío la risible cantidad de 3 millones 456 mil 777 pesos. En tanto quienes están llorando por el botín, fueron los representantes de los partidos Encuentro Social, Humanista y Nueva Alianza quienes perdieron sus registros por no haber obtenido en las pasadas elecciones el 3 por ciento de la votación en la entidad. Es decir no son suficientes los nueve partidos, sino que ahora el IEPC está promoviendo que haya más en Guerrero, como si se necesitaran. Esos 254 millones de pesos que se van a malgastar en un año que no es electoral, debieran invertirse en obras sociales en beneficio de miles de guerrerenses para abatir los rezagos en educación que muchas instituciones carecen de instalaciones, caminos, energía eléctrica, servicio de drenaje y agua entubada, clínicas, medicamentos, doctores para evitar que haya enfermos, ahora que se incrementa el número enfermedades como el dengue, la chikungunya y Zika. Desde nuestra perspectiva definitivamente debería ser menos presupuesto y partidos políticos, el IEPC debiera trabajar solamente en época electoral, a los consejeros pagarles por sesiones así como lo estila antes el IFE, ahora INE, solo tiene una carga burocrática temporalmente. Esa es una manera de ahorrar dinero y el gobierno puede disponerlo en algo más productivo que estar manteniendo a consejeros electorales, representantes y partidos políticos en esas inoperantes instituciones que nada  más sirven para legitimar procesos electorales fraudulentos. En México y en Guerrero, ya deberían actualizarse ese tipo de organismos al estilo Estados Unidos, en donde al pueblo no le cuesta tanto, mucho menos financian partidos políticos y candidaturas, quienes buscan un cargo de elección popular lo tienen que hacer por sus propios medios o tienen que hacerla de limosneros, solicitar apoyo a los empresarios para cubrir los gastos que generan los pre y campañas. Se tiene que cambiar el modelo de instituciones electorales y partidos políticos en  México y en la entidad suriana, para que los impuestos de los ciudadanos se inviertan en obras  y asistencia social. Eso de mantener  “elefantes blancos”, es una verdadera carga presupuestal, a lo que ya se tiene que ir renunciando en este país y en esta entidad federativa…Delincuentazo….Desde antes de que fuera presidente municipal del puerto de Acapulco por el Partido Movimiento Ciudadano,  Luis Walton Aburto, se le cuestionó de que le gusta robar, primero a una señora que era su apoderado legal y ahora se sabe que enfrenta dos denuncias  por robo y fraude por más de cinco millones de dólares. Es decir que es un empresario y  político sinvergüenza, aunado a que demostró  ser incapaz para llevar a buen puerto las riendas del Ayuntamiento de Acapulco, el más importante del estado de Guerrero. Como no pudo con el cargo, prefirió solicitar licencia y disque buscar la gubernatura, cuando sabía que no tenía ni un ápice de garantía para ganar por lo menos las urnas del municipio en donde desgobernó por más de dos años y medio. Antes de que solicitara licencia y convertirse en candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Guerrero, Luis Walton Aburto enfrentaba dos procesos judiciales por los delitos de robo, y fraude por más de cinco millones de dólares. En esos días de octubre del 2014, declaraba a la prensa el entonces apoderado legal de la empresa “CELSOL”, Xavier  Ignacio Olea Peláez, quien afirmó que el edil con licencia supuestamente habría robado once mil luminarias. En ese tiempo,  decía el litigante “Presentamos una denuncia contra el señor (Luis) Walton, por el delito de robo de más de once mil luminarias, esas luminarias se contrataron con la empresa CELSO con un contrato (…) lo increíble de la deshonestidad es que esas luminarias se pusieron para beneficio de los acapulqueños. “Con el objeto de que el municipio de Acapulco tuviera ahorro en la energía y como consecuencia de que se pagara una cantidad menor de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). (Pero) por instrucciones precisas del señor Walton, esas luminarias fueron sustraídas, todos los mangos de estas más de once mil luminarias y llevadas a una bodega del municipio”, explicó el abogado Xavier Olea Muñoz en conferencia de prensa realizada en sus oficinas. El abogado, Olea Peláez, detalló que con lo anterior provocó un daño patrimonial a la empresa “CELSOL”, por lo que se promovió primero una denuncia penal por el robo de las once mil luminarias. Dijo en ese entonces de que se prestaría otra denuncia penal por el delito de fraude estimado en más de cinco millones de dólares, ya que se trata de once mil luminarias ahorradoras con un costo unitario de 400 dólares. Las cuales fueron colocadas en las avenidas de Pie de la Cuesta, Farallón, Costera Miguel Alemán y Cuauhtémoc, por lo que se presentó una denuncia de hechos por robo, la cual quedó integrada el pasado 20 de diciembre del 2014, y que ahora será por el delito de fraude.  Hasta ahí el litigante, supuso que esos recursos serán utilizados para la campaña al gobierno del estado de Guerrero por el edil con licencia. Entonces insistió que los guerrerenses ya están hartos de la impunidad y de la ausencia total  de seguridad jurídica para las empresas y los particulares. Cuestionado en su momento sobre los motivos por los cuales dos años después se inició el proceso legal en contra del edil con licencia, señaló que la empresa CELSOL tenía un contrato por diez años para que recuperara la inversión, pero lo desconocieron, por lo que inició un proceso legal. Ahora de casi un año de aquella denuncia pública, y hasta el día de hoy, Olea Peláez no ha procedido con el defraudado y ladrón ex alcalde y político, anda por las calles y avenidas no solo de Acapulco, sino de otras ciudades de la entidad guerrerense, como lo hizo este domingo en Chilpancingo, en donde estuvo para tomarle la protesta a los comités municipales de la zona centro del Partido Movimiento Ciudadano.  Lo que Olea Peláez cuestionaba de que los guerrerenses ya estábamos hartos de impunidad, ahora el mismo lo prohíja, porque siendo el Fiscal General del estado, no ha procedido en contra de Walton Aburto, quien ya debió haberlo detenido y llevado a prisión, para que responda por los delitos que lo acusó, en aquella ocasión fue de declaracionitis, pero no se supo si fue a una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para que se iniciara la carpeta de investigación en contra del empresario y político. Si no fue así, entonces Olea Peláez es el principal responsable de fomentar la impunidad y no está predicando con el ejemplo. Tal vez podrías presumir que Olea Peláez hizo esas declaraciones a la prensa bajo los efectos del alcoholo, ya que es un empedernido borracho. A más de un año de esas declaraciones,  es la hora en que no sabe si Olea Peláez logró recuperar el dinero para su cliente CELSOL o también la defraudó ofreciendo sus servicios profesionales de abogado que seguramente cobró al menos el 50 por ciento inicial del juicio y que recibiría el otro 50 por ciento al finalizar. De no haber ganado el juicio, entonces estamos frente a dos personas que les gusta defraudar a los ciudadanos, el primero como alcalde y el segundo como litigante.