PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Aguinaldo para sicarios;

desprotegida ciudadanía

Jonathan Cuevas.--En Ciudad Altamirano han cerrado decenas de empresas grandes, medianas y pequeñas, o hasta el comercio informal. El presidente municipal está siendo extorsionado por el Crimen Organizado que como cada año, se avoca a recaudar millones de pesos para otorgar el aguinaldo a los halcones, sicarios, “tiradores” de droga, pistoleros, informantes y todo aquel delincuente que les apoya.

Como un pago extra a la cuota que comerciantes y empresarios dan cada mes, en Diciembre se les pide cubrir cantidades que van desde los 2 mil pesos hasta los 3 millones, dependiendo el tipo de negocio. En esta región no se salvan ni los puestos de dulces y chicharrones, que son los que pagan menos, hasta los grandes consorcios internacionales como tiendas departamentales, empresas automotrices, refresqueras o, la propia presidencia municipal que es donde más exigen.

El presidente municipal Ambrosio Soto Duarte, puso ya a disposición su permanencia en el cargo, al denunciar que ha sido amenazado por el crimen organizado. Le exigen 3 millones de pesos.

Pero tuvo que denunciarse de esta forma el grave problema de extorsión o cobro de cuota por derecho de piso, para que las autoridades pudieran dar una respuesta a la ciudadanía. Tuvo que ser un actor político de tal investidura quien denunciara, para que se pudiera atención al problema.

Pero el problema de las cuotas decembrinas en Tierra Caliente datan desde hace por lo menos 5 años en esa región, aunado a los secuestros y otro tipo de extorsiones, así como los “levantones” y asesinatos que cometen en cualquier día del año, los miembros del hampa.

En Agosto de 2014 se difundió la noticia en medios locales de que la empresa refresquera Coca-Cola decidió cerrar las puertas de su planta ubicada en Arcelia, en la misma región calentana, luego de que miembros de un grupo del crimen organizado quemaron cuatro unidades de la transnacional, presuntamente por negarse a pagar una cuota.

Entre los meses de Marzo, Abril y Mayo de ese mismo año, se dio el caso del secuestro de al menos ocho empleados de la Secretaría de Salud, entre médicos y enfermeras, que tampoco pudieron o quisieron aportar una cuota al crimen organizado. A estos casos se suman los plagios de trabajadores de Ayuntamientos, maestros, comerciantes y ciudadanos en general.

En esa región, además, el narcotráfico se ha incrustado en el campo guerrerense provocando que decenas de campesinos abandonen sus tierras porque también a ellos se les exige cuota mensual, por lo que han bajado los índices de producción, además de que los jóvenes optan por incursionar a las filas del crimen organizado en vez de continuar arando la tierra.

Estos son tan solo algunos de los problemas que tiene la región de Tierra Caliente de Guerrero ante el fuerte arraigo del crimen organizado que se ha convertido en un poderío que somete a los gobiernos municipales, rebasa al Estatal y al Federal, parece no importarle la situación.

El miércoles 3 de diciembre del 2014, se puso en marcha el operativo “Tierra Caliente” por medio del cual, la Policía Federal asumió el control de la seguridad en 32 municipios de cuatro estados de la República; 22 de Guerrero, 8 de Estado de México, 4 de Morelos y 2 de Michoacán. El mando de la operación recayó en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pero participan además la PGR, Secretaría de Marina y el Cisen.

En estas regiones han sido detectados varios alcaldes o funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado, mientras que en las últimas fechas se ha dado a conocer la presión que ejercen los grupos criminales hacia los ediles, para dejarlos operar y otorgarles una parte del recurso público.

El último caso es precisamente el del presidente Ambrosio Soto, de Pungarabato (Altamirano), quien se atrevió a denunciar que le están exigiendo 3 millones de pesos mensuales como pago de la cuota por derecho de piso en sus medianas empresas las cuales terminó cerrando y, permitirle operar normalmente en el Ayuntamiento.    

Como reacción a esto, el gobernador Héctor Astudillo Flores acordó diversas acciones con alcaldes de la región Tierra Caliente y con los comisionados Nacional y General de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia y Enrique Francisco Galíndez Ceballos respectivamente, para reforzar la seguridad y reactivar la economía en los nueve municipios de la región.

El sábado pasado en Ciudad Altamirano, las autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo de inicio para reforzar el operativo Tierra Caliente con 400 elementos de la Gendarmería y Policía Federal, que tendrán para su operación 30 patrullas y 10 vehículos blindados.  

En el acto estuvieron presentes los alcaldes de: Cutzamala de Pinzón, Karime Benítez Flores; Arcelia, Adolfo Torales Catalán y el de San Miguel Totolapan Juan Mendoza Acosta.    

El despliegue policial y militar que se vio ese día fue impresionante, sin embargo, para este domingo los ciudadanos empezaron a reportar la baja presencia policial en Altamirano y el resto de los municipios de la región.

“Solo el sábado se vio a la policía y los militares pero ahorita ya no, ese mismo día vimos que los convoy se fueron hacia Michoacán y no regresaron”, lamentó un ciudadano de Altamirano. En Arcelia, según informó otra persona, ni siquiera se vio mayor presencia de los cuerpos federales. Ahí, desde hace un año la Policía Federal tiene el control de la seguridad y, no han disminuido los índices de violencia.

En Tlalchapa, San Miguel Totolapan, Tlapehuala, Zirándaro, Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, tampoco se vieron despliegues policiales o militares, fuera de lo normal. La percepción ciudadana indica que la operación Tierra Caliente que inició hace un año no ha sido más que simulación. Por ejemplo, en Ciudad Altamirano, este domingo se reportó la desaparición de una joven de 17 años de edad, de nombre Noemy Gutiérrez Mateos, a quien no se le ha visto desde el mismo sábado cuando fue a la Expo Feria, pero ya no regresó a su casa. El hecho, se dio justo el mismo día en que se anunció el “reforzamiento” del operativo “Tierra Caliente, para lo cual se desarrolló un populoso evento, que hasta seguridad aérea tuvo.

Los últimos negocios que han cerrado por no poder pagar la cuota decembrina en este año, son: Aceites La Patrona, a quienes les pedían 250 mil pesos, y Refaccionarias del Sur, que tenían que aportar una cantidad similar. A los comerciantes del mercado y del centro, les exigen 5 mil pesos, y así a cada puesto informal o empresa pequeña, mediana o grande. Entre más grande, más es la cantidad a pagar. (API).