BOLETIN

Reformar Ley de

Fiscalización:RP

Para crear un órgano técnico profesional, multidisciplinario que apoye y fortalezca a la Comisión legislativa de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza propone reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

En tribuna, el legislador planteó que las sociedades democráticas en la actualidad demandan, no sólo el ejercicio honesto y eficiente de los servidores públicos, sino que las funciones que desarrollan se fiscalicen de manera profesional y constante.

Dijo que el trabajo de los poderes constitucionales y demás entidades fiscalizables debe ser un medio para elevar la credibilidad social sobre las instituciones, por ello, es conveniente prevenir y combatir irregularidades en el manejo de los recursos públicos, impulsando un uso más eficiente de los mismos y elevar la calidad en la gestión pública.

Para cumplir con estos objetivos, el legislador mencionó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la entidad establece nuevas atribuciones para la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, entre ellas, coordinadora y enlace del Congreso con la Auditoría, y como órgano de apoyo legislativo vigilante y evaluador de la misma.

Además, señaló que se asignan tareas que van desde dictaminar, hasta vigilar el funcionamiento, procedimiento, método y sistemas para la fiscalización de las cuentas públicas; llamar a comparecer al auditor, evaluar el desempeño y la debida aplicación de los recursos asignados a la AGE, entre otras.   

Por estas nuevas atribuciones que se le dan a la Comisión legislativa el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza, propuso que se cuenten con un órgano técnico, asimilado a la estructura de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado, del Congreso de Guerrero, que se denominaría Unidad de Evaluación y Control, para coadyuvar y contribuir con la Comisión.

Dictámenes 

En la sesión de este jueves, se aprobaron los dictámenes de Leyes de Ingresos y sus respectivas Tablas de Valores Unitarios de Uso de  Suelo, de Construcción y Terrenos Rústicos para los municipios de Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan, Ayutla, Cuautepec, Apaxtla, Copalillo, Pedro Ascencio Alquisiras, Cutzamala de Pinzón, Zirándaro, Alcozauca, Alpoyeca y Copanatoyac.

Asimismo, de Huamuxtitlán, Malinaltepec, Tlapa de Comonfort, Tlalchapa, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Acapulco y para los municipios, para el ejercicio fiscal 2016. También las Leyes de Ingresos para los municipios de Atlamajalcingo Metlatónoc y Juchitán; así como las Tablas de Valores de Chilapa, Cuajinicuilapa, Ixcateopan, Igualapa, Tlacoachistlahuac, Cocula, Atoyac, Pungarabato, Atlixtac, Tlacoapa y Xalpatlahuac.

Iniciativas

La diputada Yuridia Melchor Sánchez presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para cambiar de nombre la Comisión de Equidad y Género por la de Comisión para la Igualdad de Género.

En su oportunidad,  la legisladora Magdalena Camacho Díaz presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guerrero para establecer que este “ordenamiento entrará en vigor a los 60 días naturales posterior a la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al marco jurídico de la entidad”. 

La diputada Yuridia Melchor Sánchez presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para cambiar de nombre la Comisión de Equidad y Género por la de Comisión para la Igualdad de Género.

La legisladora Magdalena Camacho Díaz presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guerrero para establecer que este “ordenamiento entrará en vigor a los 60 días naturales posterior a la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al marco jurídico de la entidad”. 

A propuesta de la diputada Rossana Agraz Ulloa, el Congreso de Guerrero exhortó al cabildo del Ayuntamiento de Acapulco para que no publique la actualización del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco, ya que cuenta con inconsistencias jurídicas que ponen en riesgo a la ciudadanía.