PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

 Recibe el crimen Astudillo

con asesinatos y extorsión

Guadalupe Fuentes López.MEXICO, D.F.-- A casi un mes de asumir la gubernatura en Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores ya comenzó a sentir la presión de normalistas, campesinos, maestros y  familiares de desaparecidos que le reclaman justicia y seguridad en la entidad, banderas que enarbolaron su campaña como candidato priista.

Guerrero, una de las entidades con mayor pobreza, inseguridad, desempleo y educación, ha sido gobernada por políticos que siempre han visto por su bien propio.

El último elegido constitucionalmente, el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, dejó una entidad asolada por las bandas del crimen organizado y sumergido en escándalos de nepotismo alrededor de su familia. Pero lo que sin duda es clave para entender su paso por la administración local es la tensión que mantuvo con los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que le explotó en las manos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del año pasado, cuando desaparecieron en Iguala 43 estudiantes y fueron asesinados otros tres.

El Gobernador sustituto Salvador Rogelio Ortega Martínez tampoco hizo mucho por mejorar la situación del estado, algunos analistas señalan que durante el año que estuvo al frente de Guerrero se dedicó “a nadar de a muertito”, siendo indiferente a la problemática del estado.

El propio Héctor Antonio Astudillo Flores reconoció, al tomar protesta el pasado 27 de octubre, que la entidad ”vive desde hace 13 meses la crisis más grande de nuestra historia contemporánea [...]. La tragedia de Ayotzinapa nunca podremos olvidarla, pero entre todos debemos comprometernos a que nunca más se repita un episodio tan lamentable como ese”.

El pasado 10 de noviembre, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), culpó de la inseguridad que vive Guerrero a los gobiernos pasados, tanto al perredista Ángel Aguirre como al de Ortega Martínez, por su inacción en la materia.

Sin embargo, la entidad ahora gobernada por el priista ha vivido una de las jornadas más violentas de los últimos meses. El pasado 3 de noviembre, hombres armados ejecutaron al Regidor de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto García García, en la comunidad El Terrero, municipio de San Miguel Totolapan.

Según el Alcalde Juan Mendoza Acosta, quien era cercano al funcionario local, a las 6 de la mañana los hombres armados entraron a la vivienda del Regidor y posteriormente lo mataron en la calle. Roberto García tenía la Comisión de Obras Públicas.

El Edil exigió que la federación con todos sus recursos, “detenga esta ola criminal que prevalece en este municipio”.

CIERRE DE ESCUELAS Y EMPRESAS

En esta ola de violencia, se han registrado dos matanzas masivas en las que murieron cuatro menores de edad, el cierre de empresas y escuelas.

En los últimos días al menos 62 escuelas públicas de Acapulco redujeron horarios y 17 pararon labores por completo, debido a la violencia que se registra en el municipio y a las extorsiones de grupos armados a maestros, a quienes exigen una parte de su aguinaldo.

De acuerdo con los propios maestros, este es el décimo año en que grupos del crimen organizado acuden a las escuelas de Acapulco a extorsionarlos y robarles el aguinaldo.

Por estos hechos, Astudillo informó el pasado 18 de noviembre que más de 500 elementos del Ejército Mexicano participarán en labores de vigilancia de 72 escuelas que han presentado problemas de inseguridad y que están ubicadas en colonias de la zona suburbana, consideradas de alta incidencia delictiva.

En tanto, el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que en lo que va del año en la máxima casa de estudios tienen registrados ocho secuestros y que las extorsiones se “incrementaron muchísimo en la universidad”.

El pasado 2 de noviembre, el presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, reveló que debido a las extorsiones y secuestros, en septiembre y octubre cerraron 809 empresas en Acapulco.

Martínez Sidney alertó al Gobernador Héctor Astudillo Flores y al Alcalde Evodio Velázquez Aguirre que las 809 empresas cerradas en Acapulco en apenas dos meses son un indicador para que el próximo año no se repita.

La ola de violencia en Guerrero alcanza también a los sacerdotes quienes en su desesperación han pensado dialogar con los delincuentes para reconstruir el tejido social.

El pasado 3 de noviembre, los obispos de Guerrero consideraron necesario crear una “gran plataforma” para la reconstrucción del tejido social con una agenda común entre gobierno, iglesias, instituciones, organismos e incluso con los delincuentes, privilegiando la palabra como herramienta social y política.

“Abrir un diálogo incluso con los delincuentes, que también son parte de la sociedad”, indicó el Arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merelos, en un comunicado en el que además se informó que los obispos se reunirían con el Gobernador  de Guerrero y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

En dicho comunicado, los obispos aseguraron que el cambio de gobierno en el estado abría “la gran esperanza” para reemprender la ruta que conduzca a una vida “digna, justa y en paz”.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentados por el Observatorio Nacional Ciudadano revelaron en días pasados que Guerrero permanece como la entidad con mayor incidencia por homicidio doloso al superar la tasa nacional por cada 100 mil habitantes en 296.05 por ciento.

En tanto, un informe de International Crisis Group, presentado el 24 de octubre, propuso al Gobierno de México enfrentar la “terrorífica” situación creada “Guerrero” designando a un fiscal especial apoyado por una comisión investigadora internacional para que investigue las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en esa entidad.