PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Vinculados a GU el 27 BI 

y PF:Habitantes mineros

Bernardo Torres.--Pobladores de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, se presentaron hoy jueves en las instalaciones de la delegación estatal Guerrero de la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo, donde acusaron a integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano de estar vinculado con el grupo criminal “Guerreros Unidos” (GU), al igual que la Policía Federal (PF) que se encarga actualmente de la seguridad en Iguala de la Independencia y sus alrededores. 

Poco después de las 4:00 de la madrugada de hoy jueves, la gente del poblado perteneciente al municipio de Eduardo Neri, arribó a la delegación estatal luego de que en su comunidad habían entregado, a las 3:00 de la madrugada, a los 8 policías federales que mantenían retenidos acusados de tener nexos con el crimen organizado, al sorprenderlos transportando a un sicario de Guerreros Unidos, armado. 

Los habitantes de aquel poblado y otras dos comunidades que se sumaron a las inconformidades en contra militares del 27 Batallón de Infantería y de la Policía Federal, se presentaron en Chilpancingo para exigir la instalación de un campamento de la Marina Armada de México en un área cercana a los tres pueblos situados a los alrededores de la Mina operada por la empresa canadiense “Gold-Corp”.  

En el poblado de Carrizalillo fueron retenidos el pasado miércoles a las 11:00 de la mañana, ocho elementos de la Policía Federal que intentaron catear domicilios y detener a personas del poblado, pero fueron sorprendidos llevando armas ilegales y trasladando a un presunto elementos del grupo criminal “Guerreros Unidos”. 

Uno de los pobladores relató que los federales llegaron a una casa de Carrizalillo, entraron y catearon el lugar tirando tres balazos. 

“Les pedimos una orden y dijeron que ellos no necesitaban una orden cuando alguien les decía que había armas dentro de una casa. Ellos dijeron: ¨Nosotros no necesitamos orden. Somos federales y nos metemos donde nosotros queramos¨. Después fue que la gente se empezó a enojar”, relató. 

Señaló que entonces fue que la misma gente del pueblo empezó a reunirse para impedir las acciones que consideraron como arbitrarias, de los agentes federales al no haber presentado alguna orden de cateo y, no haber encontrado ninguna arma.

Mientras la gente discutía con tres agentes que se transportaban en una patrulla, otros pobladores se dirigieron a la casa del comisariado ejidal donde también se percataron que había un cateo.   

“Ahí (los federales) de otra camioneta ya habían roto vidrios, puertas, ventanas porque según ellos andaban buscando armas en la casa, pero tampoco encontraron nada. Tenían ya incluso a dos muchachos de la familia del comisariado ya arriba, esposados y les dijimos que les quitaran las esposas porque si no íbamos a quemar la camioneta”, recordó el ciudadano.

“Les repetimos unas tres veces y temblando los policías empezaron a quitar las esposas”, añadió en su relato. 

Luego toda la gente se dirigió al centro del pueblo donde estaba la otra camioneta de Federales y, entre los forcejeos y los gritos, “alguien se percató de que había una persona que pertenece al cartel de los Guerreros Unidos”. Lo identificaron según dijeron, porque se trata de una persona que estuvo viviendo en Carrizalillo el año pasado, operando para los Guerreros Unidos, cometiendo extorsiones y secuestros. 

“Como pudieron lo bajaron y la gente del pueblo lo jaloneaba. Para que no pasara otra cosa lo agarré y le dije a la gente que no le íbamos a pegar. De ahí él mismo nos dijo que abajo del asiento traían armas. El mismo muchacho señaló a tres de los cinco federales que estaban en la camioneta, que eran de los Guerreros Unidos. Él los señaló”, afirmó. 

Dijo que los pobladores desconocían cuál era el plan de los federales pero, sospechaban que pretendían sembrarle las armas que llevaban en su camioneta, a la gente del pueblo que se llevaran, sin embargo, también les encontraron picos y palas en las unidades oficiales, por lo que a la vez piensan que pretendían cavar fosas clandestinas.  

En las unidades fueron hallados dos rifles AK-47 y un Barret, “que dicen que es calibre 50”, que mide metro y medio de largo aproximadamente. Todo eso junto a las patrullas oficiales y 8 agentes retenidos junto al presunto sicario, fueron entregados a la Marina. Señalaron que un agente federal se les logró escapar.

Otro de los ciudadanos relató que tras la retención que ocurrió como a las 11:00 de la mañana, llegó una hora después (casi de inmediato) el Batallón 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

“Yo de hecho se los iba a entregar a ellos pero la población no quiso entregarlo a ningún militar, federal, ni estatales de Iguala. Ellos pidieron la Marina. A las once de la mañana pasó esto. A las 12:00 el 27 Batallón llegó con un supuesto Ministerio Público que cuando le pedimos su credencia no llevaban. No era MP porque después se nos escabulló, ya nunca lo volvimos a ver”, señaló uno de los líderes comunitarios.

Y añadió: “Ellos querían llevarse al detenido y después como si no hubiera pasado nada. A la hora ya estaban allá. Irían unos 15 soldados.  Como a la una de la tarde llegó otro que también dice que no sabía nada, que venía llegando a Iguala, lo agarraron y le dijeron: vamos a un lugar. También no le hicimos caso, se identificó pero tampoco él mismo no quiso hacer nada”.

Destacó que entregaron a los retenidos poco después de las 3:00 de la madrugada de este jueves 29 de octubre. 

Los pobladores advirtieron que tanto Policía Federal como el 27 Batallón que operan en Iguala, están vinculados con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, causante también del asesinato de 6 personas y desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 de septiembre del 2014. 

“De hecho siempre nosotros hemos pensado eso que el 27 Batallón está vinculado con el crimen organizado de los Guerreros Unidos”, sentenciaron. 

Y afirmaron que los agentes que mantuvieron retenidos fueron atendidos con comida y agua, y se evitó que fueran linchados para respetar sus derechos humanos, además de que quedaron en calidad d detenidos por el armamento que se les encontró y las inconsistencias en sus declaraciones ante el pueblo, sin embargo no hubo postura oficial de la PGR o Marina. 

El profesor Nahúm Bravo Catalán señaló que el pueblo confía en la Marina, por lo que a ésta corporación no le pusieron condiciones a la hora de la entrega de los detenidos, las unidades y armas decomisadas. 

Relató que acudieron a Chilpancingo una comisión encabezada por el Comisario Municipal y el Comisariado Ejidal de Carrizalillo, para solicitar al Congreso del Estado que gestione la instalación de un destacamento en la zona.

“Han sido extorsionados la empresa Gold-Corp, los obreros y los mismos ejidatarios de Carrizalillo, es por eso que quieren conformar una seguridad propia de la Marina. En las instituciones federales que se encuentran en Iguala, ya no hay confianza. Los ciudadanos de Carrizalillo y otras comunidades vecinas como Amatitlán y Tenantla queremos a la Marina”, aclaró. 

Y concluyó diciendo: “yo quiero pensar que el nuevo gobierno que está encabezando Héctor Astudillo, está preocupado porque tengamos seguridad todos los guerrerenses. Nos estamos uniendo esas tres comunidades para que vengan y pongan un destacamento militar cerca del pueblo porque el problema es la Minera. Queremos a la Marina y el Estado nos manda esquiroles”. (API).