PRIMERA PLANA

Premia Ortega con una notaría

a presa por defraudación fiscal 

Ezequiel Flores Contreras.CHILPANCINGO, Gro. (apro).-El gobernador sustituto Salvador Rogelio Ortega Martínez premió a la notaria de Chilapa de Alvarez, Rosina Rojas Carrasco, con un cambio de adscripción a la notaría pública número dos –con sede en el puerto de Acapulco–, pese a que estuvo presa por el delito de defraudación fiscal.

De manera sigilosa y sin considerar los antecedentes penales y la falta de probidad de la mujer, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, autorizó el cambio de Rojas Carrasco y de otros dos notarios.

De acuerdo con documentos oficiales consultados por Apro, Rosina Rojas estuvo presa en la Ciudad de México por el delito de defraudación fiscal equiparable, debido a que omitió el pago de impuestos por 750 mil pesos desde el año 2000.

La causa penal 36/2006 se encuentra radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta capital, donde se mantiene firme la responsabilidad penal contra la mujer, quien obtuvo la patente en la administración del exgobernador y actual senador priista, René Juárez Cisneros.

Durante un periodo prolongado, la notaría de Chilapa no tuvo responsable, hasta que Rojas Carrasco regresó a ejercer sin ningún impedimento, luego de salir bajo fianza, según fuentes oficiales.

Y ahora Rosina Rojas Carrasco fue premiada con el cambio de adscripción al puerto de Acapulco, no obstante que aún se encuentra sujeta a un proceso penal federal, indican los documentos consultados.

Los otros dos notarios beneficiados con el cambio de adscripción son Agustín Antonio Meza Bustos, quien se desempeñaba como notario público número uno en Tlapa y también fue cambiado al puerto de Acapulco, y el notario uno de Coyuca de Catalán, Aurelio Ortiz Gutiérrez, quien ahora despacha en el Distrito de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia.

En su edición del pasado 10 de octubre, el periódico El Sur dio a conocer que el 8 de junio el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, hizo público un aviso sobre seis solicitudes de cambio de adscripción que realizaron notarios en diversos puntos de la entidad.

La notificación tenía como propósito otorgar un plazo de 15 días naturales para que la ciudadanía emitiera “comentarios, consideración o alguna otra información que resulte relevante, conforme a los antecedentes registrados en el ejercicio del notariado público y conducta de los solicitantes”, destacaba el comunicado oficial.

Sin embargo, ya no se dio a conocer la resolución final ni los argumentos o justificación de los cambios autorizados para los tres notarios, sostuvo El Sur.

El pasado 19 de agosto, Apro dio a conocer que Ortega Martínez habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete patentes de notario, de las cuales dos están vacantes y cinco se encuentran concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.

Además, fuentes oficiales informaron que a través de su personero Victoriano Sánchez Carvajal, subsecretario de Asuntos Jurídicos, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, cobró 20 mil pesos a cada uno de los 30 aspirantes para que de manera previa e irregular tuvieran acceso a los temas del examen que se realizó el 7 de agosto para obtener la patente.

Luego de desacreditar la información, mofarse y amenazar a este reportero con denunciarlo por daño moral, Ortega guardó silencio, y a través de su secretario de Gobierno operó los cambios de adscripción para beneficiar a notarios en funciones.

Dos meses después Ortega habló públicamente del caso de las notarías y anunció que no iba a entregar ninguna patente.

“En mi gobierno no se entregaron notarías, en mi gobierno no se va a entregar una sola notaría”, expresó durante un acto público realizado el lunes 12 en la ciudad de Taxco, donde señaló que en el tema del reparto de patentes “hay un error, porque alguien difundió una absoluta mentira y  parece que la mentira es lo que más se escucha o se quiere escuchar”.

En el mismo evento, Ortega Martínez definió el cuestionado examen para obtener la patente de notario como un procedimiento “público, transparente y abierto”.

No obstante, dijo, corresponderá al nuevo gobierno estatal –que entra en funciones el próximo martes 27– continuar con este proceso, y “si considera le tocará entregar notarías”.