NOTA

Jamás incautadas o aseguradas

ahora remodelan de los Abarca

Jonathan Cuevas.IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.--La casa donde vivía José Luis Abarca Velázquez junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa en la ciudad de Iguala, se encuentra en remodelación. 

Desde su huída el 30 de septiembre, la casa que habitaba el ex alcalde con su familia jamás fue asegurada por alguna autoridad. Los bienes del empresario-político nunca fueron incautados y, sus negocios continúan generando ganancias, funcionando normalmente.

Esto a pesar de las acusaciones que pesan en contra de la familia Abarca por enriquecimiento ilícito, nexos con la delincuencia organizada y secuestro agravado. Sobre el ex edil pesa la acusación sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 en esta ciudad, cuando fueron asesinadas 6 personas y desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. 

De acuerdo a publicaciones de medios nacionales, las acusaciones en contra de la pareja “imperial” de Iguala, como se les conoció después del 26 de septiembre por el poderío que tenían y pretendían seguir teniendo en esta ciudad, se han venido desvaneciendo. 

La versión se refuerza al notarse que sus negocios de oro siguen funcionando, ninguna de sus casas fueron aseguradas ni incautadas y, la plaza comercial “Galerías Tamarindos” que construyó el propio Abarca, continúa abierta. 

Pero a esto se le agrega que la casa donde vivía la familia está en proceso de remodelación e incluso, los trabajadores de limpieza le siguen dando mantenimiento y, durante el transcurso del día entran y salen vehículos que eran los que usaba el ex edil, ahora preso. 

La información se pudo corroborar en avistamientos que ha hecho este reportero en el domicilio ubicado en la calle Álamo de la colonia Jacarandas. 

Desde su huída, el domicilio del empresario ha sido cateado en dos ocasiones pero, jamás fue asegurado, ni siquiera en los días en que estuvo prófugo de la justicia. Y desde entonces se observó que los trabajadores seguían yendo normalmente a realizar sus tareas de limpieza y, hasta sacaban a unos perros a pasear.

De ese domicilio entran y salen gentes cercanas a la pareja ahora detenida, principalmente sus familiares y, en los últimos meses han habitado ahí sus hijas. 

También en las últimas semanas, se ha visto que trabajadores realizan una remodelación  y han echado incluso el escombro afuera del domicilio, sobre la banqueta de la calle Álamo.        

Antecedentes 

El 30 de septiembre de 2014, luego de que el entonces presidente municipal solicitó licencia a su cargo por lapso de 30 días, impresionantes operativos se realizaron en la ciudad por parte de fuerzas estatales y federales con el objetivo de aprehenderlo. Una de sus propiedades que es la casa donde habitaba y de la que se hace mención en esta nota, fue cateada y varios de sus trabajadores domésticos llevados a las instalaciones de la PGR.

La mañana de aquel día José Luis Abarca Velázquez tomó la decisión de separarse de la alcaldía de Iguala luego de ser presionado por la dirigencia nacional del PRD y su corriente Nueva Izquierda.

Citó a una sesión de cabildo extraordinaria donde el entonces edil había insistido en que no tenía que ver con los atentados ocurridos la noche del viernes 26 de septiembre, incluso afirmó que estaba dispuesto a colaborar en las investigaciones.

En su discurso, afirmó que buscaría “aclarar este fatídico acontecimiento hasta dar con los culpables y paguen su atrocidad con todo el peso de la Ley”. 

Afirmó que se retiraba con dignidad y la frente en alto pero, luego de lanzar su discurso, Abarca salió de forma presurosa de la sala del Ayuntamiento donde fue la sesión, sin que hubiera terminado formalmente la misma. Siempre detrás de él caminó su esposa María de los Ángeles Pineda de Abarca.

A su salida, no se supo más de ellos hasta el día de su detención el 4 de noviembre de ese mismo año.  

Veinte minutos después de la huída, un convoy conformado por tres patrullas de la Policía Ministerial llegó hasta el acceso principal del Ayuntamiento. Venían al menos 25 elementos del grupo GERI, sin que informaran su objetivo. Sin embargo se retiraron unos 15 minutos después al notar que ya no estaba la pareja presidencial.

Minutos más tarde, un operativo conformado por policías federales, ministeriales de la PGR, elementos del Ejército Mexicano y policías estatales, llegó hasta la casa del edil ubicada en la calle Álamo de la colonia Jacarandas.

Las fuerzas federales catearon el domicilio pero no encontraron más que a trabajadores domésticos que fueron llevados en calidad de presentados a las instalaciones de la PGR. Según testigos, el presidente municipal llegó minutos antes y se llevó a su familia con rumbo desconocido. Ese fue el único día en que la casa se vio sin movimientos.

El 2 de octubre siguiente, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) catearon por segunda ocasión la casa del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Se supo extraoficialmente que los elementos de la PGR y la PGJE acudieron a la casa del edil perredista para entrevistarse con una de sus hermanas y un cuñado, donde les preguntaron sobre el paradero de Abarca. Sin embargo, jamás se informó oficialmente sobre el resultado de estos cateos domiciliarios. 

El día 4 de noviembre de ese mismo año, elementos de la Policía Federal detuvieron en la delegación Iztapalapa, en la ciudad de México, al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, identificados como los autores intelectuales de la desaparición de  43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero el pasado 26 de septiembre.

El día 22 de abril del 2015, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizaron una verificación en los negocios de oro del ex alcalde de Iguala y empresario José Luis Abarca Velázquez, en el Centro Joyero de Iguala.

Los funcionarios del SAT revisaron cada una de las joyas que están a la venta en al menos 15 locales, para revisar si éstos tienen procedencia legal o ilegal. De esta operación tampoco se informaron resultados y, después los negocios continuaron funcionando normalmente, hasta esta fecha. (API).