PRIMERA PLANA

13 recomendaciones de

los expertos sobre los 43 

MEXICO, D.F.--Después de seis meses de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que incluye replantear hipótesis del caso e investigar como “línea prioritaria” el traslado de estupefacientes, lo que pudo desencadenar el ataque a los estudiantes.

En conferencia de prensa, Carlos Beristain, uno de los expertos, explicó que el quinto autobús que la PGR no incluyó en el expediente de investigación porque supuestamente había sido “destruido” por los estudiantes es clave para determinar el móvil del ataque, toda vez que, según reportes de autoridades internacionales, un autobús de pasajeros era utilizado para el trasiego de drogas.

“Si tenemos un modus operandi en el que la violencia contra los normalistas fue aumentando, si la operación estaba dirigida a no dejar salir los autobuses de Iguala, eso significará algo dentro del caso”, dijo.

Insistió que “es seria” la hipótesis sobre la posible utilización de un autobús para el tráfico de drogas, mismo que fue tomado por los estudiantes para que sirviera de transporte hacia la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. Esto debe ser una línea de investigación porque “tiene muchos elementos y antecedentes del tráfico de drogas en la región, (por eso) hemos pedido a la PGR que se ponga en contacto con Estados Unidos para establecer el vínculo o si es que no lo hay”, dijo Beristain.

En el informe del GIEI difundido este domingo 6 de septiembre, los cinco expertos recomendaron realizar una investigación a todos los funcionarios públicos involucrados en el expediente, incluyendo a aquellos que hayan “obstruido” la investigación, así como a todos los cuerpos de seguridad cuyos elementos estuvieron presentes en el ataque a los estudiantes: la policía estatal, ministerial, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los cinco expertos del GIEI, Carlos Beristain, Claudia Paz, Angela Buitrago, Francisco Cox y Alejandro Valencia, insistieron en continuar la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, luego de descartar científicamente que éstos hubieran sido calcinados en el basurero de Cocula como dijo el ex procurador, Jesús Murillo Karam.

El informe de 500 páginas fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y éstas son las recomendaciones más relevantes:

Sobre la investigación de los 43 normalistas

Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto se deben realizar cruces información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.

Mantener los procesos de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas.

Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.

Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.

Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. (Policía municipal, estatal; Policía Federal y Sedena).

(Tras el hallazgo de los restos de Alexander Mora Venancio, identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck) investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula y otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores, para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos.

Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias, así como el patrimonio de los presuntos responsables del caso, su origen lícito, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o han habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas o si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades.

Implementar las recomendaciones para la atención a las víctimas en aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de protección que fueron presentadas por el GIEI para que fuesen impulsadas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con otras entidades federales y estatales.

Sobre la desaparición de personas en México

Aprobar con carácter de urgente, y con la consulta previa a las víctimas, una legislación integral en materia de desaparición de personas en lo general y de desaparición forzada de personas en particular. Esta legislación deberá estar basada en los estándares internacionales y en la experiencia y trabajo que han venido desarrollando las víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros sectores en la materia.

Tener un registro único nacional de personas desaparecidas. Evaluar y revisar la Ley del Registro Nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas para que la nueva Ley General sobre Desaparición establezca una única herramienta a nivel nacional. Garantizar que dicho registro esté encaminado tanto a la búsqueda de las personas desaparecidas como a la investigación de los hechos.

Diseñar e implementar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas que sea de oficio implementado por el Estado y se ponga en marcha de forma inmediata y se ejecute sin dilaciones indebidas. Dicho mecanismo debe elaborar las diferentes hipótesis de búsqueda tanto en vida como en muerte, tanto para desapariciones recientes como anteriores en el tiempo y contar con equipos especializados que posibiliten la participación de peritos externos. En los procedimientos de búsqueda se debe permitir el ingreso a cualquier entidad pública, incluyendo las instalaciones militares y policiales.

Derecho a la verdad. Establecer las necesidades de los familiares y víctimas que permitan satisfacer el derecho a la verdad, permitiendo el acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial y evolución del caso.

Concebir la reparación como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos. La reparación hace parte del reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas.