PRIMEA PLANA

Atrocidades, injusticia e 
impunidad en Guerrero 

Javier Francisco Reyes.--La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en símbolo de la incapacidad del Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos de homicidios y desapariciones, así como para investigar y sancionar a los culpables.

El informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, elaborado por Open Society Justice Initiative (la Iniciativa de Justicia de la Fundación para una Sociedad Abierta) en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, analiza los factores que se ocultan tras dicha incapacidad, además de que ofrece recomendaciones para cambiar la situación en la entidad.

El documento será presentado en Guerrero mañana dos de septiembre y ofrece el análisis más exhaustivo hasta la fecha de las deficiencias estructurales del sistema de justicia de Guerrero, fallas que han permitido a los autores de la violencia actuar con casi absoluta impunidad.

El documento expone: “Las desapariciones de Ayotzinapa de 2014 atrajeron atención externa sobre lo que ya era bien conocido dentro del estado: que muchas autoridades han sido infiltradas por la delincuencia organizada. De acuerdo con un informe de la PGR, 26 de los 80 grupos criminales identificados en México están asentados en Guerrero”.

“Los acontecimientos de septiembre de 2014 revelaron rasgos de cacicazgo, autoritarismo, criminalidad, corrupción, impunidad descarada e incompetencia. El repentino desmoronamiento del sistema que ocurrió a la vista de México y del mundo entero provocó protestas y representó la posibilidad de inestabilidad política. Pero también pudo haber representado una oportunidad. Guerrero corre el riesgo de hundirse en una crisis y una disfunción profundas, a menos que sus nuevos líderes estén dispuestos a reconocer las fallas estructurales e iniciar una serie de reformas que obligan a desafiar a los intereses criminales y políticos arraigados. Únicamente un cambio así de dramático podría resultar, un día, en el fin de la historia de atrocidades de Guerrero”, apunta.

Señala que “quienes cuestionan las atrocidades y corrupción en Guerrero enfrentan peligro”. Por ejemplo, “los miembros de la Comisión de la Verdad de Guerrero, de carácter oficial y a cargo de la investigación de abusos históricos cometidos en Guerrero durante la Guerra Sucia de México y sus familiares han recibido amenazas”.

En sus conclusiones, indica que “el sistema de justicia de Guerrero es deficiente, en esencia, porque sus incentivos son incorrectos. La policía es contratada para intimidar y reprimir oponentes políticos o para reaccionar a los delitos mediante el uso de la fuerza; y la corrupción fuera de control implica que muy a menudo la policía sirve como el brazo armado de las redes criminales. La policía no es contratada para prevenir o investigar delitos. Cuando la policía y los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito deben mostrar resultados en los tribunales, por lo general se basan en confesiones obtenidas mediante tortura que no son confiables. 

Y también se salen con la suya al torturar, pues sus mismos colegas policías y otros funcionarios cercanos son quienes, en teoría, están a cargo de la investigación de esos abusos. En esta cultura institucional, ¿cuáles son los incentivos para que los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y la policía aprendan técnicas profesionales y legales de investigación? La ineptitud de Guerrero para investigar todas las formas de delitos de gravedad se debe, en el fondo, a la dependencia en el uso de la tortura por parte de agentes estatales“.

Entre sus recomendaciones se encuentran: garantizar que la Comisión de Derechos Humanos en el estado sea reformada por el Congreso local; así como mejorar la recopilación de datos en el sistema de justicia; crear una vicefiscalía independiente especializada en violaciones a derechos humanos; crear servicios periciales independientes de autoridades políticas y de la fiscalía general; reformar la ley contra la tortura, entre otros.