POLICRÓNICA

 Corrupción…La corrupción fue el sello del gobernador sustituto, Salvador Rogelio Ortega Martínez, ofreció hasta que le hicieran una auditoría social, supuestamente dando todas las facilidades, pero todo quedó en pura legua larga.

Sin duda que la administración estatal del gobernador sustituto Salvador Rogelio Ortega Martínez,  hasta el día de hoy su principal sello, fue la corrupción escandalosa, lo bueno que durará sólo un año,  y fenece el 26 de octubre, porque el 27 se estrenará nuevo gobernador para los próximos seis años, y por cierto, ayer la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través del magistrado Salvador Nava Gomar, confirmó el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la gubernatura de Guerrero, que encabeza Héctor Antonio Astudillo Flores y fue sin discusión por parte de los magistrados quienes se desestimaron los argumentos de las impugnaciones del Partido de la Revolución Democrática. En este momento si hubiese sido cuatro o seis años,  y estuviera Ortega Martínez  quedaría en la total ruina la entidad suriana. Todavía no se completa el año, y el presupuesto del 2015, que le autorizó la también agonizante  LX legislatura local,  que fue superior a los 44 mil millones de pesos, no se sabe de su paradero. Lo que si conocemos todos los guerrerenses es que no hay obra púbica en ningún parte de la entidad, además dejó de lado  a las empresas del estado de Guerrero  y que toda la vida se la han jugado por nuestro estado, ahora sean relegadas y hasta sustituidas por empresas “fantasmas” de la construcción. Ahora sabemos que  el Gobierno del Estado ha aplicado 900 millones de pesos en obra pública tan solo a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (CAPASEG). Con esto, se han licitado 90 contratos donde se han visto beneficiadas, en su mayoría, empresas foráneas o algunas que aparecen “de repente”. Todo esto, correspondiente al actual año fiscal.  A través del resto de las dependencias estatales pasa lo mismo, registrándose un acaparamiento por parte de diputados y funcionarios y, un ocultamiento de información por parte del gobierno donde, incluso el gobernador sustituto Salvador Rogelio Ortega Martínez ha mostrado cifras totalmente fueras de la realidad, o erróneas.  En días pasados sostuvo el mandatario sustituto un encuentro con empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes reclamaron al mandatario estatal la falta de apoyo a este sector, puesto que en los procesos de licitación se han visto beneficiadas empresas foráneas y, algunas locales totalmente desconocidas y presuntamente creadas coyunturalmente por actores políticos y funcionarios. Esto viene a dar al traste de que hay corrupción pronunciada en Guerrero, en donde las constructoras de años, son marginadas. Varias de éstas empresas, según alguna de las quejas, se van con el recurso económico que se les otorga como anticipo para la ejecución de la obra, sin embargo no hay sanciones al respecto. A esto se le agrega el acaparamiento de obra por parte de diputados locales y funcionarios estatales, lo que pone en una crítica situación financiera a las empresas legalmente establecidas que generan empleo y derrame económico en el ámbito local, además de pagar impuestos. Ante las quejas, Salvador  Rogelio Ortega Martínez, cuando sabe que le faltan menos de dos meses, prometió beneficiar a empresas locales afiliadas a la CMIC en los siguientes 15 procesos de licitación, aunque no dijo qué tipo de obras son y cuál será la inversión, pues otra de las quejas es que, a las empresas locales o afiliadas a los grupos empresariales locales, se les otorgan las obras a realizar en las zonas más conflictivas (por violencia) y más alejadas. En cuanto a la obra pública de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Salvador Rogelio Ortega Martínez, reconoció tácitamente que se han entregado 90 contratos por un monto de 900 millones de pesos, los cuales fueron repartidos de la siguiente manera: “el 67 por ciento para empresas guerrerenses, 43 para cámaras empresariales del estado y el 24 a otros guerrerenses”. Las cifras aportadas por el mandatario no significan en realidad un acto de transparencia de su gobierno, aunque así lo parezca, pues tan solo con sumar los porcentajes mencionados, es evidente que no se obtiene un cien por ciento en el total. Con ello se apuntala más la corrupción y opacidad con que se maneja la obra pública en el estado de Guerrero. Sin embargo los directivos de la CMIC han afirmado que no se ha beneficiado de tal manera a las empresas locales, tal como lo afirma el secretario del Comité Directivo de la CMIC en Guerrero, Manuel Rojas Cerros expuso que de acuerdo con los datos consultados a través de Compranet, en conjunto las dependencias estatales han asignado a empresas afiliadas a la CMIC obras por 308 millones 116 mil 887 pesos.  En tanto a las empresas foráneas que operan aquí, se les han otorgado 362 millones 101 pesos para la ejecución de obras públicas, mientras que las empresas locales no afiliadas se han visto beneficiadas con 178 millones 266 mil 138 pesos, aunque en éstas últimas entrarían las empresas “coyunturales” creadas al momento por actores políticos o funcionarios, para ejecutar las obras o, simplemente acaparar el recurso económico. De las empresas beneficiadas por la gestión de diputados o funcionarios de las diversas dependencias, el empresario constructor dijo desconocer qué tipo de empresas son, pues para ellos, aunque han estado siempre dentro del ambiente de la construcción, son “totalmente desconocidas”.  Otros empresarios se han quejado además de que a través del Plan Nuevo Guerrero, de 2013 a la fecha se han visto beneficiadas empresas foráneas, lo que no ayuda en nada a la reactivación económica de esta entidad, que era una de las metas del programa federal.  El mismo mandatario  sustituto Ortega Martínez se refirió al acaparamiento de obra pública por parte de diputados y funcionarios estatales, como “usos y costumbres nocivos”, sin embargo, dejó en claro que su gobierno no se ha abocado a investigar estos posibles actos de corrupción que incluso han sido evidenciados a través de grabaciones de conversaciones telefónicas. Cuando se le preguntó si no está dispuesto a investigar para tratar de corregir el problema y castigar a los responsables en caso de confirmarse la corrupción a través de la gestión y acaparamiento de obra pública, el mandatario solo se limitó a decir que “la mejor investigación que se puede hacer es con los propios medios de la cámara (CMIC)”. Ellos pueden auditar, pueden revisar, vigilar, son sus intereses colectivos, el interés colectivo de Guerrero, y de mi parte toda apertura para que se pueda”, propuso, pero una vez más sin comprometerse seriamente y otorgar las herramientas para ello. Los empresarios constructores por su parte, han mencionado que los actos de corrupción se han dado en los diversos niveles de gobierno pero, como secreto a voces siempre se ha sabido, pero ha faltado una investigación seria y contundente que termine en un castigo ejemplar para quienes violan la Ley y los procesos de licitación, así como el buen manejo de los recursos públicos destinados a obras de impacto social...Nombramientos…En la Secretaría de Gobernación federal, que encabeza Miguel Angel Osorio Chong, ayer miércoles se realizaron por lo menos 11 nombramientos, entre ellos varios cuestionados en su vida pública, como Arturo Escobar, el máximo jerarca formal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que durante la campaña federal violó sistemáticamente la Constitución y acumuló multas por más de 600 millones de pesos, es desde hoy subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, responsable de hacer valer el Estado de derecho. La designación de Escobar fue “por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, quien también nombró a varios funcionarios, entre ellos el nuevo subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, recordado por haber festejado con una obscenidad el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 10 por ciento a 15 por ciento, el 17 de marzo de 1995, cuando fungía como coordinador de los diputados priistas. Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno de Ernesto Zedillo, Roque Villanueva también fue aspirante a la candidatura presidencial en 2000 y Peña Nieto lo rescató del desempleo, igual que a la experredista Ruth Zavaleta Salgado, originaria de Tepecoacuilco, región norte del estado, nueva directora de Participación Ciudadana, y a Patricia Bugarín Gutiérrez, coordinadora nacional Antisecuestro. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, formalizó también el cargo del nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y del titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica. Entre otros nombramientos…Confirmación…En su sexagésima tercera sesión pública de resolución, la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral del Estado (TEE), confirmó el triunfo de la candidatura común postulada por el PRI-PVEM en la elección municipal de Copala. La sala de segunda instancia consideró parcialmente fundado el recurso de reconsideración promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, para realizar el recuento de la casilla 845 contigua 1, pero al realizarse el nuevo escrutinio, el paquete electoral presentado fue el de la  846 contigua 1, por lo que resolvió la anulación de ambas, toda vez que se vulneró  el principio de certeza en el resultado electoral de esas casillas. La resta de sufragios no modificó al ganador, por lo que se confirmó el triunfo del candidato del PRI-PVEM, Nazario Damián Céspedes. Con ello también se confirmó la asignación de regidores. Por otra parte se pospuso para nueva fecha el juicio electoral ciudadano promovido por Yuridia Mendoza Chino en contra de la asignación de diputados plurinominales, al PT.