COLUMNA

Resquicio

Hipólito Marbán 

ASTUDILLO FLORES EL RETO DE ERRADICAR LA MEDIOCRIDAD DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Para que exista una procuración y administración de justicia para las partes en litigio, es necesario que los diversos actores desarrollen eficazmente su trabajo, como desde el policía que se apersona al lugar de los hechos, como los peritajes que deriven de una sustentada investigación, tanto en la fase de averiguación previa y/o carpeta de investigación como durante el desarrollo del proceso, en

reiteradas ocasiones en esta misma columna, se ha comentado y sustentado el fango de corrupción que se encuentra la Procuraduría de Justicia del Estado,  hoy Fiscalía estatal, por la reforma al sistema penal de junio del 2008, donde las querellas se realizan vía formato, peritos sin la capacidad que exige la ley en cuanto a conocimientos de ciencias especializadas de acuerdo al probable hecho punitivo, cientos de agraviados se quejan de la simulación con la que actúan los ministerios públicos de Guerrero, expediente y querellas que solo alimentan el espacio del archivo muerto, los pedimentos penales que logran llegar al juez conocedor de la causa, en la mayoría de las veces se  niegan las ordenes de aprehensión solicitadas, por una mala integración del expediente, la procuración de justicia se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno guerrerense, originando la impunidad de delincuentes de todo tipo, en otras entidades federativas se comenta y se dice, que en Guerrero, es el paraíso de la delincuencia, los derechos fundamentales del gobernado solo en letra muerta, al grado que para hacerse valer de un derecho legal constituido, solo basta organizarse y tomar las principales arterías del Estado y la capital, para hacerse justicia  administrativa, y porque no, hacerse justicia personal, cuando la ley no contempla derechos impositivos, un estado paralizado y mediocre en la procuración de justicia. Todo parece indicar ante los acontecimientos siniestros ocurridos a los jóvenes de le escuela normal, “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en la nula respuesta legal de que se les procure justicia a la familia de los desaparecidos o “retenidos” según Godínez Muñoz, el gobernador electo de Guerrero el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, promete ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, depurar la fiscalía del Estado, seguramente entendemos que el próximo gobernador de los guerrerenses sabe de sobra la situación en la que se encuentra la ex procuraduría de justicia, que nunca ha procurado, Astudillo Flores se ha caracterizado por ser un hombre responsable en sus declaraciones, y en sus acciones, al ponerse la camiseta de coadyuvante en la búsqueda de la procuración y administración de justicia para los familiares de los desaparecidos, los de Chilapa, jóvenes del equipo capitalino “avispones”, los casos de Hernández Cardona y Rocío Misino por mencionar algunos, se tendrá que escudriñar a ciencia los errores de la fiscalía y las violaciones procesales a los supuestos líderes y luchadores sociales, estos sin mencionar en plato muy aparte, la tarea de regulación de los autodenominados policías comunitarios, que sin duda su nacimiento fue por parte de prevención del delito en sus comunidades y ante la perturbación de la paz por parte del crimen organizado, hoy comunitarios que han rebasado su razón de ser mismo que se han convertido en procuradores y administradores de justicia y todo al margen de lo que dicta la misma Constitución, pero ello no podrá si antes, no rompe con el tradicionalismo de que cada procurador y fiscal estatal, cantan “la recomposición integral de la fiscalía”, de allí en adelante las mismas prácticas estériles de procuración de justicia, los guerrerenses confían que el slogan de Astudillo Flores “Guerrero en paz y orden” es un llamado a la esperanza, y reconciliación entre las organizaciones sociales y el Estado, tarea no fácil para el nuevo gobierno, pero la inclusión de los que quieren a Guerrero, podría ser menos difícil, urge¡ en verdad urge¡ una limpieza integral en la fiscalía del Estado, y aún más por arribar al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde el ministerio público pierde su “buena fe” y se convierte en demostrar la carga de la prueba… veremos