PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Prórroga para GIEI
pide WOLA a Peña

--Otras 7 ONG’s también se suman para aclarar desaparición de los 43
--A casi 11meses de los sucesos de Iguala de la Independencia, dicen

Javier Francisco Reyes.--La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en conjunto con siete otras organizaciones de derechos humanos estadounidenses e internacionales expresaron su apoyo para la solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de prolongar su mandato para proveer asistencia técnica al gobierno mexicano en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014.

Mediante comunicado de prensa desde Washington, DC, hecho llegar hoy jueves por la mañana a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, en la que demandan a través de una carta al presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto una prórroga del mandato del Grupo de Expertos dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa. 
“A medida que nos acercamos a la terminación del mandato inicial de los Expertos, es evidente que el trabajo de este Grupo es imprescindible en ayudar a esclarecer las dudas que permanecen en el caso de los estudiantes desaparecidos”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA. “Es claro que los expertos necesitan más tiempo para cumplir su objetivo. El apoyo del gobierno mexicano a esta solicitud sería una muestra de su sincero compromiso a la verdad, justicia y reparaciones en este caso”.
El GIEI fue concebido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2014 a través de un acuerdo con el Estado mexicano y los representantes y familias de los estudiantes en respuesta a su petición para asistencia técnica. Según el acuerdo, el mandato del GIEI es de seis meses “y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
En la carta dirigida al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, las organizaciones firmantes consideran que la prórroga del mandato del GIEI “es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en relación al caso de los estudiantes desaparecidos sino también para abordar la problemática más amplia de las desapariciones forzadas en el país”. También resaltan que casi la mitad (el 40 por ciento) de sus solicitudes de información permanecen sin respuesta o con respuesta parcial, y que quedan tareas relacionadas con peritajes forenses, la investigación de evidencia perdida y otros asuntos importantes que aún deben ser completadas.
Además de WOLA, las organizaciones firmantes incluyen Amnistía International, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), JASS (Asociadas por lo Justo), y Robert F. Kennedy Human Rights. En su carta al Secretario Ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza afirmaron que “El caso de los estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido en un caso emblemático que demuestra el alcance y las dimensiones de la problemática de las desapariciones forzadas en México. Por eso, su investigación también debe ser emblemática y constituirse en un ejemplo de cómo llevar a cabo una investigación exhaustiva para poder lograr verdad y justicia para las víctimas y sus familias”. En expresar su apoyo a la continuación del mandato, las organizaciones firmantes querían “asegurar que esta oportunidad única no se acorte antes de que rinda todos sus frutos”.  
En el caso de aprobarse la prórroga del mandato, los grupos firmantes piden que las autoridades mexicanas sigan apoyando el trabajo del GIEI y que proporcionen acceso a las pruebas pertinentes y a los agentes del Estado claves. Según los grupos, “La voluntad del gobierno mexicano de facilitar el trabajo del GIEI y de acatar sus recomendaciones demostraría su compromiso con la verdad y justicia en este caso tan emblemático y de avanzar en la protección y respeto a los derechos humanos en el país”.

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