PRIMERA PLANA

Un sexenio de impunidad,

el caso Chavarría Barrera 

Marco Antonio Mönge Arévalo.(Cuarta y última parte).CHILPANCINGO, GRO., a 09 de agosto de 2015.— El próximo 20 de agosto se cumplen seis años del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, y aunque la hipótesis de personajes afines al político perredista, apuntan al exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, la síntesis del expediente del caso revela lo contrario: “son afirmaciones singulares, sin sustento probatorio”, determina.  

Lo pasional, grupos guerrilleros, intereses políticos y narco, son las líneas de investigación que enmarcan la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009, cuya síntesis obra en poder de Interacción, y en la cual se observa que en un sólo párrafo, la Fiscalía guerrerense determinó que no hay razones suficientes para incriminar a Torreblanca Galindo:

“Importante, los personajes políticos señalan como responsable al C.P. Zeferino Torreblanca Galindo, del homicidio de Armando Chavarría Barrera, sin embargo, son afirmaciones singulares sin sustento probatorio” [sic], subraya el documento,  sin especificar algo más.       

“En este caso, son declaraciones sin trascendencia jurídica. Una declaración no tiene validez si no tiene sustento probatorio, pruebas documentales. Son dichos, y el que acusa está obligado a comprobar”, afirma un abogado consultado por este autor.     

Es evidente que el deslinde hacia Torreblanca pareciera concluyente, pero a la vez no tan serio, pues sólo se le dedica un párrafo o lo que parece una nota al pie, al final del apartado de la línea política.

Los declarantes y acusaciones hacia Z

De la averiguación previa, la línea de investigación política se hizo en base a “las diferentes circunstancias de hechos relacionados a la vida política del agraviado”, por ello, en este rubro, se presentaron a declarar 22 personajes de la vida pública guerrerense, ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE): 

Zeferino Torreblanca Galindo, Héctor Vicario Castrejón, Ignacio Rendón Romero, Nelson Valle López, Napoleón Astudillo Martínez, Gisela Ortega Moreno, Catalino Duarte Ortuño, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Celestino Cesareo Guzmán, Arturo Pacheco Bedolla, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, José Higuera Fuentes, David Jiménez Rumbo, Juan Angulo Osorio, Carlos Jacobo Granda, René Lobato Ramírez, Erit Montufar Mendoza, Bonifacio Montufar Mendoza, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Saúl López Sollano, Guillermo Sánchez Nava y Mauro García Medina.

Cabe destacar que a Zeferino Torreblanca Galindo se le envió un cuestionario aun siendo gobernador del estado; años más tarde se le requirió; pero no hay registro de su declaración ministerial en la síntesis del expediente, como sí lo hay de Alberto López Rosas, que más o menos fueron citados en la misma fecha.

De entre los 21 personajes, algunos afirmaron ante los medios de comunicación que Zeferino Torreblanca era el autor intelectual del asesinato de Chavarría.

Después, ante la PGJE, las acusaciones se encuadraron en: 1.- El retiro de las escoltas a Chavarría, 2.- Los desencuentros por la Comisión de Gobierno 3.- El homicidio de los dirigentes mixtecos de Ayutla de los Libres, y 4.- El rechazo de iniciativas enviadas al Congreso de Guerrero que privatizarían los servicios públicos en el estado.

En 2009, David Jiménez Rumbo, René Lobato Ramírez, Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava declararon ante PGJE, al hacer un comparativo de lo expresado por estos actores en sus declaraciones ministeriales, presentadas de manera sintetizada en la tarjeta informativa del caso, los dos primeros se refirieron de manera muy ligera a los conflictos entre los entonces titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo; mientras que los otros dos exigieron que se investigara al entonces gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo. 

En esa misma línea de investigación, Nelson Valle López, Celestino Cesáreo Guzmán y Heriberto Noriega Cantú, manifestaron su preocupación por el retiro de escoltas a Chavarría, pero no aportaron elementos suficientes, e incluso los dos últimos personajes —íntimamente ligados al líder perredista— deslizan que la relación entre Chavarría Barrera y Torreblanca Galindo “fue buena” y que las discrepancias “estaban superadas”, tanto que sería ungido como precandidato a gobernador por el PRD.

 “Afirmaciones singulares” 

El 14 de octubre de 2009, el senador David Jiménez Rumbo relató a la PGJE los conflictos entre Armando Chavarría y Zeferino Torreblanca avecinados por la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso estatal, la presidencia de la Comisión de Gobierno y una “iniciativa de ley que le convenía al Gobernador”, sin especificar cuál ni qué tipo de iniciativa.

Llama la atención el hecho de que —según el documento de siete hojas tamaño carta— Jiménez Rumbo afirmó que Chavarría y Torreblanca “se sentaron a dialogar para poner fin a esas diferencias”; más aún cuando el documento no refiere que el senador perredista haya acusado directamente a Zeferino Torreblanca de ser el actor intelectual del asesinato. 

El mismo día y año, René Lobato Ramírez se presentó a declarar. La síntesis desprende que el “miembro activo del grupo político de Polo Guerrerense de Izquierda, se dio cuenta que el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, le había tirado la escolta al Lic. Chavarría, que este le comento que había hablado con el gobernador y que este le había comentado que se la había tirado a todos no solo a él. Que Chavarría se había reunido con el gobernador y que le había comentado que quería ser candidato a gobernador, que el gobernador le dijo otro, que él era el candidato natural, que iba a acudir a su cumpleaños para mandar un mensaje de unión en el partido del P.R.D.” [sic]. 

“Afirmaciones sin sustento” 

En el caso de Saúl López Sollano y Guillermo Sánchez Nava son más enfáticos en su declaración, el primero pide que Zeferino Torreblanca sea investigado, y el segundo resalta que la muerte de Chavarría fue un asesinato político:

(…) “siendo diputado Chavarría tuvo diferencias por no aprobar una iniciativa de ley enviada por el gobernador para privatizar los servicios públicos, agua potable y alcantarillado, que otro desencuentro con el gobernador fue el homicidio de los dirigentes mixtecos de Ayutla, que por esas circunstancias piensa que el homicidio del Lic. Chavarría, tiene móviles políticos, que se debe investigar al gobernador Zeferino Torreblanca” [sic], sintetiza la tarjera informativa lo declarado por Saúl López Sollano el 6 de noviembre de 2009.

En tanto, Guillermo Sánchez Nava, 20 días después de que declarara su correligionario, afirmó: “el homicidio de Chavarría es un crimen político, primero por su trayectoria política, segundo: por los cargos públicos de elección popular que ocupo, tercero: por ser el aspirante más fuerte a la candidatura a gobernador. Que era obvio que había diferencias entre el agraviado y el gobernador, a raíz de su renuncia a la secretaria de gobierno, rechazo que se agudizo con la iniciativa del gobernador de concesionar algunos servicios públicos como el agua potable” [sic].    

Antes, el 8 de septiembre de 2009 Nelson Valle López declaró que Armando Chavarría le confió estar “preocupado porque cuando estuvo en la Secretaria de Gobierno, había tenido asuntos difíciles que ameritaban seguir con esa seguridad, que se la solicitó al Gobernador de nueva cuenta pero que éste se la había negado” [sic]. Nelson Valle llegó a pensar “que la muerte del Lic. Chavarría, fue para evitar que fuera candidato a gobernador por e P.R.D. en alianza con otros partidos y organizaciones sociales” [sic].

De Celestino Cesáreo Guzmán el reporte —a todas luces mal escrito y con evidentes faltas ortográficas y lleno de errores de “dedo”— indica que afirmó: “la relación (de Chavarría) con el Gobernador del Estado fue buena salvo el incidente que tuvo cuando le retiraron sus escoltas que tenía desde que será Secretario de Gobierno” [sic].

Por su parte, el 28 de octubre de 2009 “declaró Jesús Heriberto Noriega Cantú, administrador del congreso del estado, que fue el gobernador del estadio quien ordenó retirarle la escolta al Lic. Chavarría, que desconoce los motivos. Que el Lic. Chavarría le comento que las diferencias con el gobernador del estado estaban superadas, que inclusive iba a acudir a su cumpleaños el día 27 de agosto de ese mismo año, que iba a festejar en el salón cuicalli donde acudirían líderes de las diferentes corrientes políticas lo cual aprovecharían para destaparlo como gobernador” [sic].

El Sur, caso especial

El documento que desprende la síntesis del expediente del caso Chavarría, justifica que el desarrollo de la línea de investigación política, evolucionó por las declaraciones e información emitida en el periódico El Sur, luego del asesinato del líder del Congreso de Guerrero: 

“En esta línea de investigación fueron declaradas varias personas de la vida política del Estado de Guerrero, en seguimiento a las diferentes declaraciones realizadas por estos personajes principalmente en el periódico el sur” [sic].

La excusa que para que el director de El Sur se presentara a declarar fue básicamente la misma: “por las publicaciones que se realizaron en este periódico entorno a este caso, ya que en varias ocasiones publicaron que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, es el autor intelectual de este homicidio” [sic].         

El martes, 29 de diciembre de 2009, el director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, fue trasladado por agentes ministeriales a las instalaciones de la PGJE, en calidad de presentado. 

Angulo Osorio había sido citado a declarar con anterioridad, pero se había negado a asistir ajustándose al derecho máximo de la libertad de expresión.

Así lo recuerda el documento de la Fiscalía: “a esta persona se citó a declarar hasta en tres ocasiones” (…) “al no comparecer fue presentado con la policía ministerial, se negó a declarar argumentando que por ser periodista solo escriben, no son testigos” [sic]. 

Aquel martes, por la noche, a su salida, visiblemente molesto, pero cabizbajo, Juan Angulo explicó a la prensa que respondió sólo a una de las 49 preguntas que le hicieron sobre el caso: que conoció a Chavarría “como periodista y como fuente”. 

La síntesis del expediente del caso incluye una nota al pie, mal redactada y fuera de contexto, que se refiere a la comparecencia de Angulo Osorio, las negritas y lo subrayado es tal cual viene en el documento: 

“Importante: no hizo ninguno de los señalamientos en contra el C. P. Zeferino Torreblanca Galindo, que ha realizado en los diferentes medios de comunicación principalmente en el periódico el sur, de que él era el autor intelectual del homicidio del Lic. Chavarría” [sic].         

¿Un asesinato perfecto?

A la fecha, los seguidores de quien fuera presidente de la Comisión más lucrativa e importante en el Congreso de Guerrero, no han podido demostrar que Zeferino Torreblanca es el actor intelectual del crimen. Sus declaraciones sirvieron de poco.

Años atrás, se le dio énfasis a la línea pasional; pese a ello, la teoría oficial fue que grupos subversivos ajustaron cuentas con quien hasta el momento de su muerte era el político más importante del PRD en Guerrero, porque según no estaban de acuerdo con él. 

Esa fue la hipótesis que hasta el último día de su gestión mantuvo el exgobernador Torreblanca, e incluso la reiteró en una entrevista con este autor, en abril de 2014.

La única “evidencia” fuerte contra el ex gobernador era la versión que supuestamente deslizó el extinto comandante de la policía ministerial Trinidad Zamora Rojo a Alberto López Rosas. 

Pero la apatía del exprocurador frente a tan relevante señalamiento lo llevó a que ni siquiera lograra que fuera asentada de manera formal en una declaración ministerial en el expediente del caso. Zamora Rojo fue asesinado.

A la fecha, la investigación continua sin avances, del cúmulo de diligencias realizadas, no se ha establecido el móvil del crimen y conocer a sus actores materiales e intelectuales.