PRIMERA PLANA

Gran ecocidio en Chichihualco por

narco, diputado y falsos ejidatarios 

Jonathan Cuevas.--En un juego de intereses millonarios; actores políticos, falsos ejidatarios, un diputado y grupos dedicados a la siembra y tráfico de drogas, están depredando el bosque de Chichihualco desde el año 2008 con permisos de dependencias federales, acabando así con ríos, la flora y fauna de esta parte serrana del Estado de Guerrero.  

Desde 2011 a la fecha, talamontes disfrazados de ejidatarios y bajo el cobijo de las autoridades federales y estatales, han deforestado 19 mil 437 metros cúbicos por medio de la tala de árboles. Esto es, 540.13 hectáreas de tierra, lo que equivale aproximadamente a una zona territorial similar a la del pueblo de Chichihualco. 

Para 2020, la devastación en la zona sería terrible, según consideran algunos ambientalistas, pues se estarían exterminando más de mil hectáreas de bosque, así como la fauna y mantos acuíferos que ahí existen todavía, y que en muchos de los casos alimentan de agua a diversos pueblos del municipio de Leonardo Bravo y su cabecera municipal, e incluso a Chilpancingo, la capital del Estado.

Las afectaciones que han dejado los talamontes aquí, han provocado devastaciones al encontrase con fenómenos naturales extraordinarios, como la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid” ocurridos en 2013, cuando gran parte del Estado quedó devastada. 

En el municipio de Leonardo Bravo, también sufrieron severas afectaciones varias comunidades conjuntas al río Huacapa que baja desde la sierra, cruza por Chilpancingo y dos municipios más, cuya represa, el Cerrito Rico, se desbordó en aquel mes de septiembre del año mencionado. 

Los permisos… 

En el año 2011, los ejidatarios de Chichihualco realizaron una asamblea donde estuvo al frente el Comisariado Pedro Adame Bizoso. En ese momento se aceptó que se explotara la Sierra de Chichihualco cortando 907 metros cúbicos. La madera sería únicamente para el arreglo de la oficina ejidal.

Tras la asamblea se levantó el acta correspondiente y se entregaron copias a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y otras dependencias. Sin embargo, enseguida el Gobierno Federal a través de las dependencias facultadas, expidió un permiso para la explotación de esa parte de la Sierra, durante 10 años.

El principal responsable de otorgar este permiso fue el entonces delegado de la Semarnat en Guerrero, Daniel Vega Villanueva. 

Desde entonces se dio un rompimiento entre ejidatarios debido a que ese no había sido el acuerdo de la asamblea celebrada a principios del 2011, sobre todo porque 10 años de deforestación en la zona, podrían traer un fuerte problema ambiental con el exterminio no solo del bosque, sino de la flora, fauna y mantos acuíferos. 

Hoy, en dicho permiso está adjunta una lista de los ejidatarios que autorizaron la solicitud del mismo, siendo únicamente 79 ejidatarios lo avalan, cuando había en realidad más de 500 registrados. Es decir, el supuesto acuerdo de la asamblea presentado por el entonces Comisariado al Gobierno Federal, no debería tener validez oficial.

Además, según algunos ejidatarios consultados por este medio informativo, dentro de esos 79 votos a favor, había varias firmas falsificadas. 

No obstante, las dependencias federales brindaron fácilmente el permiso a la m esa directiva de aquel entonces, lo que provocó el descontento de organizaciones ambientales,   ejidatarios, campesinos y los propios pobladores de la cabecera municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), al ser notorio el daño y afectaciones que la deforestación traería consigo y que, para este 2015 ya se está resintiendo. 

Ante ello, las partes inconformes y varias organizaciones han gestionado ante el Gobierno Federal y Estatal la cancelación de dicho permiso, a 4 años de iniciada la deforestación con este permiso, aunque en 1998 había sido expedido ya otro permiso por Pablo González Villalba y, antes de esto se talaba de forma clandestina. 

Es decir, los intereses en la explotación y deforestación de esta zona datan desde al menos 17 años atrás y, desde 1998 las autoridades han cobijado a los responsables de un ecocidio.             

Un ejidatario que accedió a dialogar con este medio informativo, expuso: “En el ejido hay un permiso que dio la Semarnat para los ejidatarios que desde 2011 a la fecha se está explotando. Por lo que nosotros estamos preocupados, es que se está talando demasiado la Sierra. Nosotros pedimos a las autoridades que cancelen este permiso. Nosotros tenemos pruebas de cómo está mal hecho todo, hay anomalías”.

La zona exterminada… 

En 2011 fue otorgado el permiso de tala al comisariado Pedro Adame Bizoso, pero éste solo siguió al frente del Comisariado Ejidal durante tres meses. En 2012 hubo un cambio, quedando en el puesto Faustino Bizoso Duque y, como Secretario, Alfonso Duque Marino, quienes explotaron de esa fecha al 2014, dejando el negocio entre familia, de una administración a otra. 

“Son personas que sin escrúpulos han seguido talando la Sierra. Han cortado árboles cerca del agua y no han cumplido ningún requisito de los que marca el permiso de la Semarnat, por ejemplo tener un vivero, reforestar, cuidar los incendios, hacer brechas guarda-raya. Por eso queremos que intervengan las autoridades porque cortan donde no deben cortar”, se quejó otro de los ejidatarios. 

Más aún, dijo que en el pueblo de Chichihualco ahora se vende agua en tinacos, lo que resulta ser una prueba de que se está escaseando el agua en la zona, consecuencia de la deforestación. Un par de años atrás, los ciudadanos de Leonardo Bravo no tenían necesidad de comprar el líquido. 

Además, en esa zona hay constantes deslaves debido a los cortes que han hecho los talamontes; el río ha salido de su cauce, mientras que la calor también ha aumentado demasiado. 

“También la fauna y la flora va desapareciendo. Las guaridas de los animales son destruidas por los incendios provocados por ellos mismos (los depredadores del bosque) para poder seguir cortando madera. Los animales que sobreviven, huyen de esa zona”, advierte otro campesino.            

Desde esa parte serrana bajan los ríos Huacapa y Michiapa, mismos que han disminuido sus niveles de agua. Uno de los pueblos más afectados es Tepozonalco. 

La zona depredada colinda con Omiltemi y Las Cuevitas. El área cortada es conocida como “El Faisán”, pero también otros puntos como: Agua de las Tablas, Las Gallinitas, Filo Trozado, Chicahual Verde y más, que son puntos donde emana el agua a través de manantiales. La depredación está en casi toda la franja serrana de Leonardo Bravo, que es la parte baja de la Sierra de esta entidad. 

Tan solo con el último permiso, a partir de 2011 a la fecha, se han talado 540.13 hectáreas de bosque que corresponden a 19 mil 565 metros cúbicos explotados. Esto es para organizaciones ambientalistas, un daño ambiental “terrible” e irreversible, ya que los taladores y las empresas involucradas, no han reforestado nada. Es para el pueblo de Chichihualco un “ecocidio” que están haciendo algunos de sus paisanos y personajes forános, pero con mucho poder.

Los campesinos han denunciado que ni Profepa, Semaren o Semarnat que son dependencias federales y estatales, han hecho algo al respecto o, al menos han exigido que se reforeste la zona donde se han cortado pinos Ayacahuite, Teocote, Herrerai, Espátula, Pseudostrobus, Pringlei, Ocarpa y Encino Quercus.      

Tan solo en 2011 se destruyeron 4 mil 143.058 metros cúbicos en 155.72 hectáreas de bosque; en el año 2012 fueron explotados 4 mil 226.916 metros cúbicos en 119.28 hectáreas; para 2013 la deforestación fue en 4 mil 075.684 metros cúbicos, distribuidos en 85.50 hectáreas, y, para 2014 hubo una devastación de 3 mil 203.805 metros cúbicos, en 92.27 hectáreas.

En 2015 se prevé terminar oficialmente con 3 mil 788.102 metros cúbicos de bosque en 87.36 hectáreas de tierra. El avance es del 50 por ciento actualmente. Sin embargo, para 2020 que es cuando fenece el permiso de tala en la zona, habría consecuencias terribles por este atentado contra la naturaleza, según los ambientalistas. Se estaría acabando con más de mil 100 hectáreas de bosque, que afectaría directamente a los ríos, flora, fauna e incluso los habitantes de los pueblos cercanos y hasta la capital del Estado. 

Y es que una zona colindante con la parte deforestada es Omiltemi, que es uno de los abastos de agua potable de Chilpancingo. Además, el río Huacapa que cruza por toda la ciudad capital y tiene una represa debilitada desde 2013, podrían verse severamente afectados con una posible sequía, o más desbordamientos.  

Los interesados… 

Los ex comisariados o miembros de los comités ejidales no han sido los únicos beneficiados, según cuentan los ciudadanos de Chichihualco. Tampoco son los 2 millones y medio de pesos anuales, las únicas ganancias. 

El diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), oriundo de la Costa Grande del Estado y candidato a diputado federal en la pasada elección, Evencio Romero Sotelo es uno de los principales beneficiados e interesados en que se siga depredando la sierra de Leonardo Bravo. Así lo identifican ciudadanos, campesinos, ambientalistas y ejidatarios inconformes con la tala.

El característico legislador es además líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero (LCASC); organización que ha utilizado para arropar y maniobrar a favor de los ejidatarios de Chichihualco que se han dedicado a la tala. Así lo denunciaron las partes inconformes.           

“Los más beneficiados son Faustino Bizoso Duque, ex comisariado en 2012-2014; Alfonso Duque Marino, maestro y pastor cristiano, Secretario del Comisariado 2012-2014; el tesorero, Florencio Morales Torres y Candido Ramírez Salvador, que estaba al frente del Consejo de Vigilancia”, señalaron.

“Cada año están cortando más de 4 mil metros cúbicos de madera que se los pagan en 700 pesos el metro en rollo. Si se multiplica por los 12 meses del año, viene dando como 2 millones y medio de pesos”, agregan los campesinos. 

Añaden que en 1993, Alfonso Duque Marino ya había sido comisariado y, desde entonces maneja a su antojo las asambleas con compra de votos, falsificación de firmas, alteración de documentos y amenazas, a fin de imponer a su gente cercana en el comisariado cada vez que hay cambios, es decir, cada dos años. 

También reprochan: “no es posible que en 85 hectáreas vayan a sacar 4 mil 075 metros cúbicos”. 

Y en la denuncia, afirman: “A ellos los apoya Evencio Romero Sotelo. Él supuestamente defiende a los ejidatarios desde la Liga Agraria. Trabaja con el Registro Agrario nacional (RAN) y hace favores de cambiar los padrones, sacando a las personas que les estorban, para que sigan trabajando”.

Y afirman que dentro de los interesados en la zona, también está el calentano Misael Medrano Baza, ex dirigente estatal del PRD y ex subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero.

De Evencio afirman: “se ha llevado muy de cerca con los comisariados que han fungido. Incluso en una ocasión en asamblea del cambio de Comisariado Ejidal, se presentó con una carta poder para poder votar, lo que está prohibido. Hasta este momento él sigue metiendo las manos para rasurar los padrones y decidir quién va a dirigir el ejido”.

También afirman que en las asambleas, cobijado por Evencio Romero, el ex comisariado Faustino Bizoso Duque y Alfonso Duque Marino, han amenazado a las gentes que se quieren oponer a los proyectos de tala e incluso les ponen a la gente en contra, catalogándolos como traidores.   

La ocasión en que Evencio Romero se presentó a votar con carta poder expedida por el RAN, fue cuando estaba al frente del consejo Gilberto Jiménez Alonso, eligiéndose en esa ocasión a Enrique Pérez Morales quien suplió a Faustino Bizoso Duque.

Incluso los ejidatarios afirmaron que en aquella ocasión, el ahora legislador de MC les advirtió: “No se preocupen, el comisariado va a ser Enrique (Pérez Morales). Saben que yo quito y pongo y no se me dificulta nada”. Las palabras habrían sido expuestas públicamente en noviembre del 2014, cuando Evencio estaba en su curul en la 60 legislatura local.  

Algunos de los actos de corrupción que han detectado de Evencio Romero, afirman que está la alteración del padrón de ejidatarios a finales del año pasado, previo a la asamblea donde se eligió al último comisariado que resultó ser nuevamente, gente de Alfonso Bizoso y su familia.

En el caso de Alfonso, habría sido explusado como ejidatario después de su administración de 1998, hecho que está registrado en el número de folio del RAN, 12RA00000006. Junto con él habrían sido expulsados tres más de sus incondicionales. Sin embargo, de un momento a otro volvió a aparecer en el padrón de ejidatarios, “usurpando funciones”, según dicen otros ejidatarios. 

Pero para Octubre del año pasado, el padrón fue rasurado nuevamente para incluir a la gente de Alfonso y Faustino que ha sido dada de baja en los últimos años y, con ello poder imponer al nuevo comisariado que, les permitirá continuar con la tala. 

Para poder modificar el padrón, según indican los ejidatarios y ciudadanos, se tuvo que pedir apoyo de Evencio Romero Sotelo, quien movió influencias en el RAN para alterar, cobrando por este favor 100 mil pesos que, se habría distribuido con la registradora agraria. 

El principal negocio… 

De todo esto, se logró saber que la depredación de la sierra significa un millonario negocio para las familias de Alfonso Duque y Faustino Bizoso, e incluso para el diputado Evencio Romero Sotelo, a costa del daño ambiental que están provocando al municipio de Leonardo Bravo.

Pero más allá, hay otro problema que ninguna autoridad ha querido atender y, con el que los pobladores, campesinos, ejidatarios y ambientalistas no pueden luchar, que es la siembra de enervantes. 

De acuerdo a testimonios recabados bajo el beneficio del anonimato, varias de las hectáreas deforestadas son quemadas al final para dejar un terreno libre y apto para la siembra de amapola y marihuana. 

Aunque no existen documentos oficiales al respecto, los habitantes de la cabecera municipal y pueblos vecinos, son testigos de que luego de la tala y quema de los bosques, las tierras son rentadas a grupos dedicados a la siembra y tráfico de drogas, lo que significa un negocio redondo en el cual los intereses económicos serían exorbitantes.  

Por esta razón las zonas ya taladas no vuelven a ser reforestadas, pues de esta forma el negocio solo quedaría en el corte de pinos y encinos. 

El gobierno Estatal y Federal por sui parte, se han negado a hacer frente a esta situación, aunque en el caso del Estado, se ha reconocido que en Chichihualco se está cometiendo un “ecocidio”; pues así lo reconoció el gobernador Ángel Aguirre Rivero ante los ejidatarios inconformes, antes de solicitar licencia al cargo. A pesar de sus palabras, nunca hizo algo al respecto    

Represalias… 

La lucha que han llevado desde hace más de 17 años las organizaciones defensoras del medio ambiente, ciudadanos de Leonardo Bravo, campesinos y ejidatarios, ha tenido ya consecuencias.

En Mayo del 2012, un grupo de ciudadanos subió a la zona deforestada para interrumpir los trabajos de tala. Luego de una fuerte discusión que casi terminó en enfrentamiento, los ciudadanos organizados de la cabecera municipal (Chichihualco) decidieron decomisar moto-sierras y las llaves de los vehículos que se utilizaban para transportar la madera.

Esto provocó que días después, las personas que se pusieron al frente del movimiento en defensa de los bosques, fueran aprehendidos por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque lograron salir gracias a acuerdos políticos establecidos con el gobierno de Ángel Aguirre. 

Sin embargo, durante ese tiempo, nueve de los opositores a la tala fueron perseguidos al ser acusados de robo por las llaves de vehículos y moto-sierras decomisadas. 

No obstante, continuaron la lucha y, en 2014 volvieron a parar los trabajos de los taladores, aunque en realidad no han podido hacer nada al respecto debido al permiso con el que cuentan los primos-hermanos Alfonso y Faustino, sobre todo por el cobijo de Evencio Romero Sotelo.

Los ejidatarios opositores, afirman que uno de los delitos que se han cometido en este proceso es la usurpación de funciones, pues los principales operadores de este negocio han sido dados de baja como ejidatarios, pero siguen utilizando al ejido como si fuera un predio particular. (API).