PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

No perdonan a nadie

los criminales en Gro.

SinEmbargo/El Sur.-En julio de 2014 el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) Javier Saldaña Almazán denunció que la delincuencia organizada ingresó al plantel y exigió una cuota para garantizar la seguridad de los trabajadores de esa casa de estudios.

La segunda semana de julio de ese año, varios hombres burlaron la seguridad de la Rectoría y amenazaron al jefe del departamento de Adquisición, Abraham Garay Velázquez, exigiéndole que la máxima casa de estudios de Guerrero pague una cuota.

Días antes, la UAGro sufrió el secuestro de dos trabajadores; uno de ellos, un profesor jubilado –que fue liberado horas después– y otro docente en activo.

Esa no fue la primera ocasión en que la Universidad sufrió una extorsión, meses antes, dos sujetos de entre 25 y 30 años ingresaron a la escuela de Enfermería identificándose como trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, y mediante engaños asaltaron a cinco estudiantes de la escuela y se llevaron un listado de nombres de las estudiantes, madres solteras y direcciones, informó El Sur.

El rector dio a conocer que en febrero de 2014, al menos cinco trabajadores habían sido secuestrados, y que otros más habían sido extorsionados por integrantes de la delincuencia.

A poco más de un año, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano en intervenir en Guerrero con fuerzas federales y con el Ejército a partir de los hechos de Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y a la fecha existen 43 normalistas desaparecidos, la violencia no sólo no ha sido frenada, sino que la situación se ha agravado, pues actualmente ser profesional es sinónimo de ser un blanco para los integrantes del crimen organizado.

25 UNIVERSITARIOS SECUESTRADOS

La tarde del miércoles 24 de junio de este año, Miguel Ángel García Arellano, trabajador de la Coordinación de la Zona Sur de la UAGro fue secuestrado. Este hecho se da horas después que un alumno de esa universidad fue liberado, junto con otras cuatro personas.

El jueves de la semana pasada fueron secuestradas cinco personas en la comunidad de Las Vigas, San Marcos. El rector informó este martes que ya fueron liberados, tras el pago de un rescate. Además, dijo que en lo que va del año han sido secuestrado 25 trabajadores de la universidad.

El martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que las cinco personas fueron liberadas. Cuatro profesores de escuelas públicas: tres de nivel primaria y uno de telesecundaria; además de un estudiante de veterinaria, de la UAGro.

DIRECTIVO DE PEPSICO

El miércoles pasado, hombres armados, vestidos de civil y encapuchados levantaron al jefe administrativo regional de la empresa Pepsico-Sabritas, Hugo de la Cruz, en un retén instalado a dos kilómetros de Teloloapan, Guerrero, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.

Fuentes policiacas informaron los delincuentes dejaron escapar al chofer de la empresa, pero no revelaron su nombre. Las declaraciones del testigo indican que al salir de Teloloapan, en un retén que tenían hombres fuertemente armados con rifles de asalto y encapuchados, los interceptaron y de inmediato bajaron con violencia al jefe administrativo de la empresa Pepsico de 35 años, originario de Veracruz, al que subieron a un vehículo Chevy y se lo llevaron con dirección a la Tierra Caliente.

Ambos iban a bordo de un vehículo de la empresa, pero que no llevaba rótulos.

Hasta el momento se hablaba de un “levantón” del trabajador, pues ninguna autoridad ha informado del secuestro o petición de rescate para la liberación de Hugo de la Cruz.

MÉDICOS Y ABOGADO DESAPARECIDOS

El viernes de la semana pasada fueron desaparecidos en la carretera federal Tierra Colorada-Acapulco los médicos Raymundo Tepeque Cuevas, José Osvaldo Ortega Saucedo y Marvin Hernández, así como el abogado Julio César Mejía Salgado. Sin embargo, esta semana se informó que cuatro cuerpos fueron encontrados en el municipio de Chilpancingo, y después se dio la versión que se trataba de los profesionistas desaparecidos.

Luego del anuncio del hallazgo, los familiares de los tres médicos y el jurista de la Secretaría de Salud aseguraron que no se trataba de ellos. Al momento, oficialmente siguen desaparecidos.

Miguel Ángel Godínez Muñoz, Fiscal General de Guerrero, dijo en entrevista radiofónica que hay certeza de que los cuerpos hallados sean de los médicos y el abogado. El funcionario explicó que no hay duda de ello, y atribuyó a una confusión las declaraciones de los familiares.

Los familiares de los médicos y del abogado expresaron su inconformidad por el tratamiento que la Fiscalía estaba dando al caso y dijeron que pretendía “lavarse las manos”. 

El miércoles pasado, los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron extraoficialmente a familiares que por las características de los cuatro cadáveres que fueron hallados cerca de Santa Bárbara, era probable que se tratara de las cuatro personas.

La versión ocasionó que los familiares suspendieran una conferencia de prensa que habían convocado en Acapulco.

Vía telefónica, el tío del médico Marvin Hernández, Romualdo Hernández Alvinez ex secretario general Académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, confirmó a los reporteros que acudieron que la información la había recibido de la Fiscalía, y que era la causa de que los familiares hubieran suspendido la conferencia.

“La información que nos dan en la Fiscalía es que nuestros familiares fueron asesinados en la región del (poblado) Kilómetro 42 de la carretera federal México-Acapulco, rumbo a la comunidad de Santa Bárbara. Nosotros no nos esperábamos este desenlace, teníamos la esperanza de encontrarlos vivos pero queremos decirles a ustedes esta infausta noticia”, dijo vía telefónica a los reporteros que ya habían llegado a la conferencia de prensa.

Tras esa versión los familiares de los médicos y del abogado se concentraron en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para el reconocimiento, sin embargo el trámite se prolongó debido a que el personal antes tenía que realizar la necropsia de ley.

A la 1:30 de la tarde la FGE emitió un boletín en el que confirmó que a las 3:30 horas del miércoles 24 de junio fueron localizados cuatro cuerpos de hombres asesinados, y en avanzado estado de putrefacción en la comunidad de Santa Bárbara, en la sierra del municipio de Chilpancingo.

“De forma inmediata el personal del Ministerio Público de Bravos, peritos en materia de criminalística de campo, fotografía y química forense, realizaron las diligencias de inspección ocular sobre un camino de terracería que conduce a la población de Jaleaca, donde se tuvo a la vista una camioneta marca Ford, tipo pick up, color gris, placas de circulación UN59178 del estado de Morelos, en cuya caja se encontraron los cuerpos, radicándose por éstos la averiguación previa BRA/SC/04/1769/2015, por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables”, se lee en el comunicado.

“Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas y la causa legal de la muerte, las cuales serán determinadas con certeza mediante estudios científicos de sistemas de identificación humana, y en ese momento se informará de inmediato a la sociedad guerrerense el resultado de los dictámenes periciales”, agrega.

Casi a la misma hora en que se emitió el boletín, los familiares abandonaron las instalaciones del Semefo y se trasladaron a la Dirección de Servicios Periciales de la FGE en donde fueron citados para practicarse los estudios de ADN y realizar la comparativa genética para la identificación de los cadáveres, proceso que les dijeron sería prolongado y que también los expertos del Semefo se tardarían en practicar la necropsia.

El director del Semefo, Mario Alberto Aguirre declaró que aún no podía confirmar si se trataba de los médicos y el abogado desaparecidos y dijo que apenas se estaba realizando la necropsia. Informó que el trabajo sería tardado, pues a esa hora aún no terminaban con el primer cadáver.

Un perito de la Fiscalía informó que los cuerpos estaban irreconocibles, pero no precisó si por el estado de descomposición en que se encontraban o por las circunstancias en que fueron asesinados; tampoco detalló cómo les quitaron la vida.

CERCO A PERIODISTAS 

En Guerrero no existen condiciones para ejercer el periodismo, de acuerdo con un informe realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil y del gremio, que fue presentado en abril pasado. Existe el riesgo que se convierta en “un estado de silencio total”, dicen.

Los profesionales de la información en la entidad se encuentran sitiados por varios frentes: por un lado, los gobiernos municipales y el estatal; por el otro, los dueños de los medios de comunicación, el crimen organizado y los actores sociales, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Y esto pone en riesgo la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, documentaron.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Propuesta Cívica, Casa de los Derechos de Periodistas, entre otras organizaciones realizaron una misión de observación en el estado de Guerrero donde registraron que parte de la crisis proviene de los mismo dueños de comunicación al no brindar derechos laborales, ni garantías de libertad de expresión para sus trabajadores.

Sumado a los problemas que ya se arrastraban desde hace varios años, los hechos ocurridos en el municipio de Iguala en septiembre de 2014, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, destapó la ola de censura y violencia en contra de los reporteros.

 “Durante 2014 encontramos un registro de diversas agresiones a 46 periodistas en el estado de Guerrero. […] Las agresiones registradas van desde amenazas, hostigamientos, robo a domicilios, agresiones físicas durante las coberturas informativas, secuestro, extorsiones telefónicas y el homicidio de dos periodistas”, dice el “Informe sobre la situación del ejercicio del periodismo en Guerrero, obstáculos y carencias”.

En el estado de Guerrero han sido asesinados 12 periodistas entres los años 2002-2014. Dos ocurrieron en 2014: Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán. El periodista Marco Antonio López del periódico Novedades de Acapulco se encuentra desaparecido desde 2011 y hasta la fecha se desconoce su paradero. La Fiscalía local informó que hasta el momento existen 20 averiguaciones previas; a estos hechos se suman las agresiones que no han sido registradas.

Durante la presentación, Pepe Jiménez de Periodistas de a Pie y observador para el informe dijo que “en Guerrero no hay condiciones para ejercer el periodismo” y advirtió que hay zonas, como en la sierra, en donde no se puede dar cobertura, por tanto se corre el riesgo que el estado se convierta en un lugar con un silenciamiento total “como en Tamaulipas”.

“Se esta cubriendo el estado de Guerrero aparentemente con normalidad, lo curioso al hacer este tipo de observaciones desde fuera, lo que podemos entender en que no se está haciendo un periodismo con la calidad que se tendría que hacer. Sin calificar si es buen o mal periodismo […]. Las condiciones no están. Por que hay una realidad, donde tú no puedes ir a Iguala, no se puede entrar a Cocula…”, informó Jiménez, y además detalló que las zonas más riesgosas son la montaña, Tierra Caliente y el puerto.

El pasado 29 de mayo, después de 20 días de haber sido secuestrado fue liberado el locutor de radio Bernardo Javier Cano Torres.

El locutor de radio y colaborador del programa Hora Cero, que se transmitía por ABC radio, había sido secuestrado por hombres desconocidos la mañana del 7 de mayo, cuando circulaba por la carretera Iguala-Teloloapan.

Su secuestro habría ocurrido cerca del retén militar de Loma de Coyotes, a la salida de Iguala, donde fue hallado esa misma tarde el vehículo Nissan Tsuru color gris en el que viajaba con dirección a la cabecera municipal de Teloloapan para distribuir medicamentos de una empresa farmacéutica de la Ciudad de México, donde también trabajaba.

ARQUITECTOS EN CHILAPA

En noviembre de 2014, un comando armado levantó a cinco profesionistas en la zona rural de Chilapa de Alvarez, Guerrero, las víctimas fueron vistas por última vez en Quechultenango, denunciaron familiares.

Horas después la Secretaría de Seguridad Pública municipal recibió un reporte de que un vehículo se estaba incendiando sobre la carretera Chilapa-Zitlala cerca de la Universidad Tecnológica, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Chilapa.

Al interior de la camioneta se hallaron cuerpos desmembrados y calcinados, dos eran pertenecientes al grupo de arquitectos desaparecidos.

El profesor José Díaz Navarro informó que el miércoles 26 de noviembre de 2014 en la comunidad de El Jagüey, en el municipio de Chilapa, se llevaron por la fuerza a sus hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, el primero empresario discotequero y el segundo restaurantero en Chilapa de Alvarez.

Además se llevaron a Vicente Apreza García, dueño de una constructora de Olinalá, y a los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer de Cuautla, Morelos.

Los cinco salieron de Chilapa el miércoles 26 a las 9:30 de la mañana con rumbo a la comunidad de Tlalistlahuacán, donde harían un levantamiento topográfico para una construcción en una escuela, informó.

SACERDOTES MASACRADOS

En diciembre de 2014, fue secuestrado el el sacerdote Gregorio López Gorostieta en Tierra Caliente. Días después su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. Sus plagiarios lo asfixiaron, determinó la Fiscalía.

La muerte de López Gorostieta causó indignación dentro de la comunidad católica. El Papa Francisco se dijo “profundamente apenado” por el asesinato del sacerdote.

Las condolencias del pontífice fueron enviadas a través de un telegrama firmado en su nombre por el secretario de Estado, Pietro Parolin, y dirigido al obispo de la diócesis a la cual el cura pertenecía, en Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda.

En el texto transmitió el “más sentido pésame” del líder católico tanto al obispo como a todo el clero de su demarcación eclesiástica, a las comunidades religiosas y a los fieles. Además aseguró que el pontífice reza por el “eterno descanso” de López Gorostieta, “víctima de una injustificable violencia”.

Días antes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) exigió  a las autoridades esclarecer el asesinato del padre Gregorio López Gorostieta, de la Diócesis y la Catedral de Ciudad Altamirano, Guerrero y castigar a los responsables.

“Haciéndonos eco del sentir de muchos mexicanos, repetimos: ¡Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desparecidos. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de éste y de los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares de nuestra patria, y que se castigue conforme a derecho a los culpables”, señaló la CEM a través de un comunicado.

En San Miguel Totolapan fue asesinado a tiros el párroco Ascensión Acuña Osorio, en septiembre de 2014.

En septiembre del 2009 fue ejecutado el padre Habacuc, en el municipio de Arcelia, Guerrero, cuando viajaba con otros dos jóvenes que estaban por ser seminaristas y que aparecieron muertos a balazos, en un hecho que movilizó a la iglesia a manifestarse.