PRIMERA PLANA

Riesgo de colapso el nuevo 

sistema de justicia penal:OO

El nuevo sistema de justicia penal en riesgo de colapsar por la falta de capacitación a policías y un modelo de intervención rebasado, sostiene categóricamente un especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito.

La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal corre el riesgo de colapsar si no se realiza de manera urgente una reforma policial que combata a fondo la corrupción imperante al interior de las corporaciones policiacas y transite de un modelo de intervención reactivo a un modelo de intervención garantista, afirmó el doctor Serafín Ortíz Ortíz, especialista en temas de seguridad ciudadana, prevención del delito y política criminal.   

Es fundamental, aseguró, que en esta reforma policial se le confiera el máximo de seguridad y confianza a la sociedad que no delinque y a la vez, el mínimo de violencia para el delincuente, garantizando sin excepción, los derechos humanos de todas y todos.

Para Ortíz Ortíz, quien es miembro numerario de la Academia Mexicana de Criminología y del Sistema Nacional de Investigadores, es necesario terminar con la intervención autoritaria de la policía con prácticas violentas, cuyo propósito es anular físicamente al individuo  mediante el sometimiento y el uso desproporcionado de la fuerza pública.

Bajo el actual modelo de intervención reactiva, añadió, lo que se pretende es el aniquilamiento psicológico de los sujetos por medio  de la humillación y el desprecio de la dignidad humana, al margen del respeto a las garantías individuales, lo cual está provocando un distanciamiento y una ruptura entre las autoridades y los gobernados.

En entrevista, el doctor Ortíz Ortíz destacó que en estos momentos de crispación y de violencia en el país, se requiere de una intervención policial democrática basada en la credibilidad y en la confianza de la ciudadanía sobre el respeto a sus derechos y libertades. 

Puntualizó que para una reforma policial de vanguardia será fundamental recuperar los cuatro principios centrales de la función policial que se han  ignorado en los últimos años: Protección de la integridad física y de la vida de los gobernados. Protección de la libertad individual. Protección de los bienes de los gobernados. Prevención de los delitos e infracciones.

El especialista en seguridad ciudadana comentó que desafortunadamente “el diagnóstico sobre las tareas cotidianas de la policía en nuestro país es alarmante y hoy en día la actuación de nuestras corporaciones policiacas está basada en un modelo de intervención reactivo en el que la violencia física es evidente en la mayoría de las actuaciones, particularmente los golpes, además de que una constante es la violencia psicológica mediante amenazas”. 

Otra característica preocupante, dijo, es la tortura física y psicológica así como el abuso de autoridad en diferentes órdenes, lo cual es sin duda sintomático del autoritarismo policial, así como la prepotencia y ventaja sobre los sujetos detenidos que incluso llega a la humillación. 

De igual forma se identifica como una constante en la función policial la denegación de la defensa de los detenidos, generalmente manteniéndolos incomunicados.

Explicó que mención aparte merece el cohecho y la extorsión como prácticas comunes que lastimosamente identifican a los policías en México.   

De acuerdo con el más reciente informe de Barómetro Global de la Corrupción 2013, de la organización Transparencia Internacional, en nuestro país el 90 por ciento de los habitantes considera que los policías son extremadamente corruptos, además de que el 61 por ciento aceptó haber sobornado a un uniformado. 

Por otra parte,  comentó que el diagnóstico sobre las llamadas policías de investigación y su conocimiento sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal es altamente preocupante.

Según un estudio reciente del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.  (INSyDE), las actividades de la policía de investigación están organizadas principalmente en torno al número de detenciones en flagrancia. Este indicador es promovido en cadena de mando y tiene efectos devastadores, entre otros, en materia de violaciones a los derechos humanos. 

De igual forma, no se observan incentivos eficaces para la policía que estimulen investigaciones de calidad, excepción hecha de los asuntos con alto perfil mediático y sujetos a presiones políticas y sociales.  Mediante criterios informales, la policía selecciona los casos más sencillos, sobre otros que requieren mayores esfuerzos de investigación.

En este escenario, el investigador destacó que la debilidad de las tareas de investigación de la policía traslada la carga a las víctimas, quienes, cuando cuentan con la voluntad y los recursos, terminan siendo el factor determinante para que existan indagaciones y acusaciones.

De acuerdo con el INSyDE, no hay sistemas formales eficaces de monitoreo y control sobre las personas detenidas por la policía y la calidad de las actividades de investigación de la policía está afectada de manera estructural por las condiciones de trabajo y la violación sistemática a los derechos humanos de los propios policías.

Bajo este panorama, el doctor Serafín Ortíz Ortíz  consideró que es necesario que las autoridades responsables de la seguridad pública en el país, con el apoyo de la comunidad académica y los especialistas, generen las políticas públicas de vanguardia que permitan transitar de este Modelo Policial Reactivo basado en al combate a la delincuencia a través del uso de la fuerza y con métodos cada vez más violentos, hacia un Modelo de Intervención Policial Garantista, en el que la prioridad sea salvaguardar los bienes jurídicos de la población.

En el modelo garantista, añadió, el uso de la fuerza pública es el último recurso que se utiliza para la disuasión, la sociedad tiene un alto nivel de participación y su función primordial es la prevención poniendo especial énfasis en las tareas de investigación y en el estudio del comportamiento de los grupos criminales.  Su premisa es conferir el máximo de seguridad para los ciudadanos que no delinquen y el mínimo de violencia para el delincuente.