PRIMERA PLANA

No venganza, sino justicia

El Charco, emplaza la CIDH

Javier Francisco Reyes.—Cuando hacen falta solo once días para conmemorarse el 17º Aniversario sobre la masacre de la comunidad El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica de Guerrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno mexicano que encabeza el  priísta Enrique Peña Nieto a informar sobre los hechos atribuido a elementos del Ejército nacional, pues no se busca venganza, sino justicia.

En la madrugada del 7 de junio de 1998, tropas del Ejército Mexicano bajo el mando de los comandantes de la IX Región Militar y la 27 Zona Militar, Luis Humberto López Portillo Leal y Juan Alfredo Oropeza Garnica, respectivamente, incursionaron en la comunidad de El Charco, y atacaron a indígenas y estudiantes que pernoctaban en la escuela primaria “Caritino Maldonado Pérez” misma que quedó totalmente balaceada.

En el mes de julio de 2012, el caso fue ingresado por 22 sobrevivientes, entre ellos Ericka Zamora Pardo, así como deudos de 10 indígenas y el estudiante universitario Ricardo Zavala Tapia.

En tanto el 22 de mayo de los corrientes, los peticionarios representados por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC (RSDCIAC), que  encabeza José Raúl Vera López, obispo de Saltillo, fueron notificados de que la CIDH solicitó información al gobierno mexicano sobre el caso, que sería “el primero litigado en el Sistema Interamericano sobre una masacre atribuida al Ejército”, según Zamora Pardo.

Entre los sobrevivientes está Erika Zamora Pardo, quien también fue torturada por los militares que incursionaron en la madrugada del 7 de junio de 1998 a la comunidad de El Charco y estuvo presa durante cuatro años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande Jalisco.

Al tener conocimiento de que la CIDH ya está interviniendo, la sobreviviente, anticipó desde ahora que su pretensión es “llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Aclaró “No aceptaremos una solución amistosa con el Estado mexicano, porque vemos que no están dispuestos a cambiar de forma voluntaria su política a favor de los derechos humanos. Queremos que los responsables sean castigados”.

Al ofrecer una conferencia de prensa Zamora Pardo junto con integrantes de la organización social recordaron que la madrugada del 7 de junio de 1998, tropas del Ejército Mexicano bajo el mando de los comandantes de la IX Región Militar y la 27 Zona Militar, Luis Humberto López Portillo Leal y Juan Alfredo Oropeza Garnica, respectivamente, incursionaron en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y atacaron a indígenas y estudiantes que pernoctaban en la escuela primaria “Caritino Maldonado Pérez” que está ubicada en las orillas de la pequeña comunidad indigena.

El hecho sangriento, sucedió cuando era gobernador sustituto por primera vez, Angel Heladio Aguirre Rivero, entonces priísta y ese ataque de los militares dejó un saldo de 11 muertos y 22 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad.

Entre esos arrestados estuvieron los universitarios Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, tanto ellos como a los demás, el gobierno mexicano los acusó injustamente de terrorismo, conspiración para la invitación a la rebelión, asociación delictuosa, acopio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo después de cuatro años de largo litigio judicial los detenidos lograron  desvanecer las acusaciones y delitos que les imputaban, logrando que las víctimas quedaron totalmente absueltas.

La universitaria Erika Zamora Pardo se le relacionó con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sostuvo que durante el proceso y el careo con militares, “denunciamos las ejecuciones extrajudiciales y las torturas de que fuimos víctimas, pero nunca se abrió una averiguación previa, a pesar de que personalmente presenté una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Nunca fui notificada de que se realizara una investigación”.

Cuando faltan 11 días para conmemorarse el 17º Aniversario de La Masacre de El Charco, la sobreviviente destacó que “ni siquiera la CNDH en su recomendación (20/2000) toca a los militares, deja todo en un asunto de fallas administrativas, por lo que nadie fue castigado por la ejecuciones o la torturas”.

Sin embargo la denunciante reconoció que debido a que el “Ejército ha sido una institución intocable durante muchos años, es que nos tardamos tantos años en presentar una denuncia ante la CIDH”.

Al tiempo que aplaudió  que hoy en día, existe un ambiente más favorable hacia los derechos humanos, “los sobrevivientes y las viudas de los ejecutados decidimos iniciar el proceso, no en un afán de venganza, sino en busca de justicia”.

Añadió,  “queremos que los responsables de estos hechos sean castigados y dejar un precedente para otros casos recientes en los que los militares o fuerzas policiacas han intervenido, como en Tlatlaya y en Michoacán”.

Por su parte  Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, dio a conocer que la petición de intervención de la CIDH en el caso El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, ha recibido el respaldo de parlamentarios europeos y organizaciones internacionales como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), y recientemente recibieron una carta de apoyo de  Bianca Jagger.

Aclaró la sobreviviente aclaró que el litigio del caso lo lleva la RSDCIAC, en tanto nosotros, “esperamos reunir en el camino apoyo de otras organizaciones por la relevancia del caso”. 

 “Creemos que puede ayudar a impulsar en el sistema interamericano otros casos de ejecuciones extrajudiciales, que desgraciadamente siguen ocurriendo en México”, concluyó diciendo.