PRIMERA PLANA

Sin regateo, ni condicionamiento la

libertad de Nestora Salgado, exigen

Javier Francisco Reyes.--El Frente para la Liberación de Nestora Salgado (FLNS) manifiesta su extrema preocupación por la vida e integridad física de la defensora de derechos humanos Nestora Salgado García, y exige sin regateos ni condiciones para su libertad, ya que está en huelga de hambre desde el 5 de mayo en el CEFERESO donde ha sido privada de su libertad arbitrariamente, desde el 21 de agosto de 2013.

La Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, facultad otorgada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, inició una huelga de hambre por la grave violación a sus derechos humanos y el encarcelamiento injusto en el penal de máxima seguridad en El Rincón, Tepic, Nayarit, después de haber sido exonerada de cargos por el Poder Judicial federal.

Los miembros del FLNS hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ejerza su papel frente a los Estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y específicamente ante México, a fin de que no quede omisa ante las violaciones graves que se han documentado desde la detención arbitraria de la líder comunitaria como la inexistencia de una orden de aprensión; incomunicación y tortura y demás violaciones al debido proceso que al mismo tiempo la mantienen sin poder obtener su libertad y el acceso a a justicia; preocupan de manera especial las condiciones que menguan seriamente su salud1.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas críticos de todo el mundo y movimientos sociales, hemos sido testigos/as de que a pesar de que la defensora fue exonerada de cargos el 30 de marzo de 2014, sigue injustamente recluida.

Ante este panorama, la inacción del Gobierno del Estado de Guerrero, de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, así como de la Secretaría de Gobernación y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han contribuido a la falta de acceso a la justicia para la defensora y contrario a ello, fortalecido la afirmación de que Nestora Salgado García está siendo criminalizada por su labor como defensora de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.

Prueba de ello son los tratos y hostigamiento que la defensora enfrenta dentro del penal federal y las constantes amenazas que recibe su familia por la exigencia de la liberación de Nestora Salgado García, no sólo en instancias nacionales sino ante instancias internacionales como la CIDH.

Si bien la CIDH emitió las medidas cautelares MC 455/13 a favor de la defensora, la revisión de su caso ha sido postergado o no ha sido eficazmente acatado por las autoridades correspondientes, sin evaluar la situación de urgencia por su deteriorado estado de salud; incluso la propia CIDH recomendó al Estado mexicano la atención médica a Nestora como medida cautelar, la cual no ha sido plenamente evidenciado de que tal medida se ha aplicado como acordó su defensa legal, a través de estudios médicos independientes que den confianza sobre cómo está actuando la directora del penal Natasha María Bidault Mniszek.

Asimismo, la CNDH cuenta con varios expedientes y quejas abiertas por las denuncias de la defensora, pero no ha compartido puntual información a los abogados ni familiares y, por el contrario, convalida el dicho del penal de que Nestora Salgado está siendo atendida.

Para el FLNS la exigencia única, prioritaria y urgente es la liberación inmediata de la defensora Nestora Salga García, sin regateos ni condiciones.

Es por ello que nos ponemos en contacto con usted para hacer de su conocimiento la situación que prevalece en el caso de alto riesgo donde su integridad y vida está en juego por pases políticos entre el gobierno federal, las autoridades penitenciarias y el gobierno de Guerrero.

Los demandantes confía pronta actuación y en su coadyuvancia para exigir al Estado mexicano la inmediata liberación y haga públicas las motivaciones que mantienen privada de la libertad a la defensora, como criminal de máxima seguridad.

Confiamos también en que la CIDH se una a los llamados nacionales e internacionales que desde hace casi dos años, exigimos la liberación inmediata de la defensora comunitaria y el resto de los presos políticos víctimas del estado represor de Guerrero.