ARTICULO

Los delitos electorales del 

gobernador Rogelio Ortega 

César González Guerrero.

Jamás se imaginó Salvador Rogelio Ortega Martínez llegar al cargo de Gobernador del estado de Guerrero, mucho menos en un momento de crisis extrema como la que actualmente enfrenta. Tal vez sea un sueño del cual ya quisiera despertar porque, seguramente, para él son tiempos de angustia y desesperación.

Precisamente, por la incapacidad demostrada en los meses de su gobierno, los guerrerenses están llegando al límite de la tolerancia. Cada día que pasa es una tragedia que no se puede soportar. La angustia de quienes padecen todo tipo de injusticias y de abusos de la autoridad, están al borde del estallamiento social. La gente está cansada de tanta inseguridad y violencia, sin que Rogelio Ortega muestre su interés y capacidad para alcanzar la paz social.

Primero demuestra su incapacidad para resolver los problemas de las tormentas Manuel e Ingrid; enseguida no puede atender, mucho menos resolver, el problema de los desaparecidos de Ayotzinapa; tampoco ha sabido encausar recursos para obras de impacto social en las regiones del estado; y, finalmente, ha llegado a ser cómplice de la desviación de recursos del gobernante anterior al no actuar oportunamente para ser castigados legalmente.

De la misma manera, por diferentes medios, se ha dicho que el Gobernador sustituto Salvador Rogelio Ortega Martínez, ha llegado a tal extremo de desplegar una serie de actos para favorecer al partido de la violencia y de la sangre, PRD, desviando recursos a través de las dependencias de su gobierno, cuyas evidencias se están concentrando por las instancias correspondientes. 

Solo por mencionar un caso de desviación de recursos y delito electoral, se presenta el Colegio de Bachilleres, cuya Dirección General fue negociada con el Movimiento Popular Guerrerense, y ahora, con el manejo del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres,  (SUTCOBACH), están presionando a los trabajadores de los diferentes centros de trabajo para que firmen un desplegado a favor de la candidata del PRD. Y, lo que es peor, en horas hábiles de trabajo, y utilizando los recursos públicos, lo que significa un claro delito electoral que ya debe estar denunciado ante la FEPADE. 

Ante esta situación, existen pruebas fehacientes del delito electoral que, en el Colegio de Bachilleres, se está realizando, sin que el Gobernador Salvador Rogelio Ortega Martínez muestre voluntad para sancionar a quienes de manera abierta hacen proselitismo dentro de los planteles y en horas de trabajo docente.

Ahí incurren ambos, tanto el Gobernador por ser omiso, como la Dirección General del Colegio de Bachilleres por no actuar en contra de los delincuentes electorales. 

El pueblo de Guerrero dice ya basta de tanta impunidad y cinismo de Salvador Rogelio Ortega Martínez. No hay duda de que, más temprano que tarde se hará acreedor, al igual que Ángel Heladio Aguirre Rivero, al veredicto de la historia.