PRIMERA PLANA

Abandonan Carrizalillo

por violencia de narcos

Sergio Ocampo Arista.--Más de la mitad de las 500 familias que habitan el poblado Carrizalillo, municipio de Zumpango de Neri, ubicado a 60 kilómetros de Chilpancingo, huyeron por la violencia provocada presuntamente por la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada: Los Rojos y Guerreros Unidos, que ha dejado siete muertos en las tres semanas recientes.

Al llegar a Carrizalillo –donde se encuentra la mina de la canadiense Gold Corp– lo primero que destaca es que la mayoría de las casas están cerradas con candado; los caballos, vacas y burros, abandonados. Las calles vacías; son pocos los ciudadanos que no se quisieron ir, no por falta de miedo, sino porque no tienen dónde.

En puertas y ventanas de la casa de Esther Peña, una de las que fueron tiroteadas el pasado 27 de marzo, se observan impactos de balas; en la calle había aún cartuchos percutidos y varias camionetas con huellas de balaceras. Los vecinos recuerdan que los hijos de Peña murieron de cáncer, “según por la contaminación de la mina”.

Fuentes del gobierno estatal confirmaron que la mañana del 27 de marzo un comando de unos 10 hombres vestidos de negro y encapuchados irrumpió en una tienda de Carrizalillo haciendo disparos de armas de alto poder; allí estaban Miguela Barrios Ojeda, Fabían Adame Durán y Yesenia Montiel, de 80, 26 y 18 años de edad, respectivamente. Las dos primeras personas murieron de inmediato; la tercera falleció después.

Minutos después los delincuentes se llevaron víveres y el dinero que encontraron. De ahí se fueron a la miscelánea Karito, donde le dispararon a Bertha Santos Peña.

Antes, el 7 de marzo, Juan Carlos Merino González, Mauricio Galicia Peña y Juan Carlos Peña, trabajadores de la mina de Carrizalillo, fueron levantados por un comando armado cuando salían de trabajar.

Una semana después sus cuerpos fueron hallados en una barranca con huellas de tortura; los familiares, temerosos de que hubiera represalias, decidieron sepultarlos en un panteón de Iguala, y no en Carrizalillo, de donde eran originarios.

En una de las pocas casas habitadas, una mujer –que vive con sus cuatro hijos y su esposo enfermo de alzheimer– mencionó que los maestros ya no quieren regresar a Carrizalillo; “si acaso vienen dos veces a la semana. Lo mismo en el mercado, ya no hay comerciantes, porque no hay clientes”.

Dijo que luego de la balacera, soldados del Ejército Mexicano vienen por la mañana y recorren el pueblo, pero después se van: “el problema es por las noches, ya no hay vigilancia”.

Confrontación de años

La primera persona ejecutada fue Gilberto Celso Solís, en marzo de 2011; después de 21 días de secuestro lo encontraron descuartizado en una barranca.

Otros afirman que se trata de un pleito entre integrantes de una familia y que todo comenzó hace unos dos años, cuando a Onofre Peña Celso –entonces comisario ejidal y antes comisario municipal– le desaparecieron a su hijo de 18 años durante una balacera en Mezcala, y no lo ha encontrado. A Onofre se le acusa de estar detrás de la violencia, pero no hay pruebas; “el vive en Iguala”, dijo un habitante.

Vecinos de Carrizalillo que viven en Chilpancingo e Iguala manifestaron que los problemas en esta comunidad, ubicada a unos 10 kilómetros de Mezcala y del río Balsas, en la zona centro, empezaron desde 2007, cuando empezó a operar la mina Los Filos/El Bermejal.

“Antes la gente se dedicaba al campo, a sembrar maíz, frijol y calabaza, pero ahora la empresa Goldo Corp les está pagando a los 80 ejidatarios 60 mil pesos al año por cada hectárea alquilada y eso provocó envidias y pleitos, no sólo entre familias, sino entre pueblos vecinos. Posteriormente llegaron grupos de la delincuencia organizada.”

Gold Corp explota oro, plata, zinc y cobre. Hasta abril del año pasado pagaba 2.5 onzas por hectárea. Luego de un mes en paro de los pobladores, la compañía aceptó con la comunidad que les arrienda desde hace siete años más de mil 300 hectáreas, una minuta de acuerdos para un nuevo convenio en el cual se acordó pagar cuatro onzas por hectárea, más 6 por ciento de inflación anual sobre el precio del oro, entre otras prestaciones

Aun así, Cruz Celso, vecina de Esther Peña, narró: “Me arrepiento de haber entregado mis tierras (cuatro hectáreas) de las que sólo me pagan 200 mil pesos (anuales), pero ya no tengo dónde sembrar maíz, frijol y calabaza”.

El 30 de marzo, los comisarios de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla, los tres del municipio de Eduardo Neri, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Rogelio Ortega Martínez que intervengan ante la ola de violencia en las inmediaciones del río Balsas.

Mediante oficio, los comisarios señalan: “el grupo delictivo Guerreros Unidos, comandado por Onofre Peña Celso, Valerio Celso Solís, Israel y Víctor Peña López, quienes se hacen respaldar por el 27 Batallón de Infantería de Iguala, seguidamente entran y salen armados, sin que las autoridades federales logren detenerlos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército”. (La Jornada).