PRIMERA PLANA

Regaló Aguirre a familiares 

y Ortega vendía las notarías 

Javier Francisco Reyes.—En los últimos tres años y medios, durante  la administración del entonces gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angel Heladio Aguirre Rivero, quien ahora goza de licencia definitiva,  regaló de forma ilegal notarías a familiares y amigos y durante seis meses el sustituto,Salvador Rogelio Ortega Martínez, vendían las patentes hasta en seis millones de pesos.

Lo anterior fue denunciado a La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, por aspirantes a ocupar una patente de notario público en el estado de Guerrrero, quienes también denunciaron que en periodo del sustituto Ortega Martínez sus funcionarios las vendía en millones de pesos.

Durante la gestió de tres años y medio de Aguirre Rivero, pudo beneficiar sin rubor reglándoles patentes de notarías públicas a su sobrino Martín Aguirre Murga y Víctor Felipe Hughes Acosta, quien fungió como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Como se sabe Hughes Acosta, así como seis de sus familiares, fueron consignados junto con el hermano del mandatario, Carlos Mateo Aguirre Rivero y su sobrino Luis Aguirre, al penal del Altiplano por lavado de más de 287 millones de pesos del erario estatal.

A través de un documento que de manera pública dan a conocer, un grupo de aspirantes a obtener una notaría, entre ellos Ema Reyes Hernández, reprochan que el Gobernador sustituto hasta la medianoche del pasado 24 de abril, Salvador Rogelio Ortega Martínez, no haya ordenado todavía a la Secretaría General de Gobierno a cargo de David Cienfiegos Salgado anular la notaría que tiene Hughes Acosta, actualmente preso.

La ley establece que el perfil de los aspirantes a la practica notraial debe ser de honorabilidad y en el caso de Hughes Acosta y Aguirre Murga, no se cumple.

Además denunciaron que Aguirre Rivero, benefició a su sobrino con un cambio de adscripción, de San Luis Acatlán a Acapulco y en la que dejó su familiar, nombró notario a Víctor Hughes Acosta, que hoy está en el penal del Altiplano, y quien no reunía los requisitos de elegibilidad de la ley 971 del notariado vigente en la entidad, señala el documento.

Otro de los aspirantes, pero que solicitó guardar en el anomato, denunció que quiso participar para obtener una notoría pública, le exigieron que como abogado ligante no tenía el derecho, si no que primero debería pasar como auxiliar de un titular de notaría.

Al respecto, dijo que es absurdo de que para alcanzar a tener una patente de notario, se tenga que ser un gato de uno de estos, cuando se supone que el principal requisito debe ser una persona honorable y que conozca el derecho constitucional, que sea una gente conocedora de leyes, porque es alguien que va a dar fe de hechos y documentos.

Pero no termina ahí el escándalo, y que tampoco Aguirre Rivero es el único, sino también Ortega Martínez violó los derechos de los aspirantes legitimos al notariado en la entidad, como el caso último denunciante reconocido abogado que aspiró.

Aseveraron los quejosos que hace unos días, la Administración estatal publicó una convocatoria para ocupar notarías públicas, pero no se tomó en cuenta a los que desde hace años aprobaron los exámenes que establece la ley.

Por ello, reiteraron la denuncia de que el gobierno sustituto de seis meses que presidió el universitario Salvador Rogelio Ortega Martínez pretendió entregar notarías públicas a sus amigos violando la ley y los derechos de los aspirantes que ya cumplieron los requisitos para ser actuario.

Igualmente denunciaron la venta de notarías en Guerrero por parte de funcionarios del Gobierno a cambio de cifras millonarias, luego de que se diera a conocer la convocatoria una persona que se identificó como funcionario estatal se ha acercado a ellos para pedirles entre 3 y 6 millones de pesos a cambio de otorgarles una patente.

Por esta irregularidad, los aspirantes demandaron la urgente intervención del Congreso local que exija al Gobernador en turno a respetar la ley y no promover actos para beneficiar a sus allegados.

En este momento, se conoció que hay al menos cuatro aspirantes que tienen la posibilidad de ser convocados a tener una patente, pero ya le están exigiendo que deben entregar seis millones de pesos y alcanzar ese beneficio, de lo contrario, serán relegados.