POLICRÓNICA

     Chantaje…Es mucho dinero lo que están exigiendo las y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), además están chantajeando al Poder Ejecutivo con no asistir a la firma de un Pacto de Gobernabilidad, que está a destiempo, ya que el proceso electoral en Guerrero está avanzado a más de la mitad.

Como se sabe, el 7 de junio del 2015, se realizará un elección concurrente, que se supone que para su organización debe haber ahorros importantes de dinero, porque participan las dos instancias electorales federales y estatales, a través del  Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) quienes se dividen el gasto. En Guerrero se habrán de elegir en el ámbito local, Gobernador del estado, presidentes municipales y se renovará el Congreso Local, y 9 diputados federales. Para ello, en Guerrero se contempla la instalación de 4,809 mesas receptoras únicas de votos en el estado, en las que podrán participar dos millones 400 mil guerrerenses inscritos en el padrón electoral. El Congreso de Guerrero  en diciembre autorizó al IEPC la cantidad de 392 millones 589 mil pesos de presupuesto para las elecciones concurrentes del 2015, según analistas financieros, costará 61 por ciento más la elección de 2015 en comparación con las intermedias de 2009, ya que el incremento presupuestal es superior al “362 por ciento” en comparación al proceso electoral 2009. Encima de esto, ahora las (os)  siete consejeros están exigiendo una ampliación de 151 millones de pesos, lo que significa  que estarían gastando 543 millones 589 mil pesos, para un estado tan pobre como Guerrero, en verdad que es un despilfarro, y todavía la presidenta del IEPC, Maricela Reyes Reyes, se atreve a lanzar un chantaje al Poder Ejecutivo, que si no libera los 151 millones de ampliación presupuestal solicitado, no firmarán el pacto de gobernabilidad que propusiera la semana antepasada el gobernador sustituto, Salvador Rogelio Ortega Martínez, que podría suceder entre  hoy lunes y mañana martes y según la consejera presidente que ese pacto podría ser vulnerado, porque no se le estás cumpliendo un capricho de tener más dinero para los comicios del 7 de junio. Desde cualquier punto de vista y hasta el más neófito, concluye que es un vil chantaje del IEPC, cuando todo mundo sabe que a los guerrerenses nos cuesta la “llamada democracia”, mucho dinero, cuando se supone debería ser menos el gasto, porque son concurrentes las elecciones y se habrán de instalarse casillas únicas, hay aportación de dinero  del 50 por ciento  entre el INE y el IEPC. Además estamos a la mitad del proceso, y las campañas ahí están, algunas medio pintan, otras despintadas y otras ni siquiera arrancan. Además firmar un Pacto de civilidad o Pacto de Gobernabilidad, está planteado a destiempo, esto debió haberse hecho al comenzar prácticamente las campañas a gobernador, que dieron inicio el 6 de marzo, y hasta este momento, creemos que es ocioso. Por varias razones, está a destiempo, el gobernador sustituto, Salvador Rogelio Ortega Martínez, ha estado metiendo manos en el proceso electoral, principalmente para beneficiar a la perredista Beatriz Mojica Morga. Además no servirá en nada ese pacto, es solamente mediático, por lo tanto quien asista de los candidatos será únicamente para sacarse la foto del recuerdo. Lo mismo sucedió en el estado de Chiapas,  allá están participando 10 candidatos a gobernador, en Guerrero, nueve. En esa entidad la semana pasada, de los 10, únicamente llegaron a firmarlo seis, y cuatro se mantuvieron al margen, precisamente porque es un documento inoperante y no está pasando absolutamente nada. Aquí en Guerrero, de los nueve, por lo menos el abanderado de la coalición PRI-PVEM, Héctor Antonio Astudillo Flores, está anticipando que no asistirá a la firma del documento porque considera que el gobernador sustituto debe «sacar las manos» y dejar de apoyar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esta contienda. Tal vez este razonamiento no tiene intenciones de chantaje, como lo hace Reyes Reyes, al sostener que “estamos consensuando en este momento las consejeras y consejeros es decir: “no podemos sentarnos a firmar un pacto de gobernabilidad si no están dadas las condiciones presupuestales y de seguridad para este proceso’”. Los consejeros los mueve el dinero para provecho personal, en tanto que Astudillo Flores, está por que se garantice una elección limpia y transparente, y que el gobernador sustituto hasta donde le toque cubrir su responsabilidad es garantizar que no se incline por ningún candidato a gobernador. Entonces, nos queda claro, que las y los consejeros del IEPC, están por el chantaje, al emitir ese tipo de advertencias de que si no les dan los 151 millones de pesos, de los cuales  57 millones de pesos son para repartirse entre los partidos, y  que por cierto los representantes de estos ante el pleno del IEPC, hasta este día no han emitido ninguna declaración, preocupación o posicionamiento ante el supuesto faltante de presupuesto, que se supone debieron haberlo logrado las (os) consejeros ante el Congreso del estado, antes de que fuera aprobado en el mes de diciembre y no ahora, que estamos en pleno proceso y a destiempo. Insistimos hasta este día ningún representante o dirigente de partido político ha hecho algún pronunciamiento o reclamo hacia el Poder Ejecutivo, se intuye que es  cosa de la consejera Maricela Reyes Reyes,  y sus seis más consejeros están obligados a transparentar el uso del presupuesto, ya que se ha filtrado por los mismos trabajadores del IEPC que tienen super sueldos, superbonos y apoyos hasta para gastos de medicinas y médicos, aparte los ingresos extraordinarios disque de productividad. Además les gusta practicar el nepotismo, a quienes les han autorizado megasueldos. Por estas y otros actos de corrupción, no se justifica incrementar de 392 millones 589 mil pesos a 543 mil 589 mil pesos. Nosotros en lo particular, respetamos las peticiones presupuestales, pero no la compartimos, porque está probado de que se gasta el presupuesto del IEPC  en maridos, amantes y recomendados. Si se lleva a cabo este lunes o a más tardar mañana martes el Pacto de Gobernabilidad, no sería otra cosa que un show mediático, cosa que los guerrerenses ya no queremos, lo detestamos. Los consejeros del IEPC debieran ponerse  a trabajar, y que transparenten sus gastos para que los guerrerenses como son sus salarios y en donde se está gastando tanto dinero, en un estado pobre como Guerrero, no necesita que haya ese trato por los chantajistas consejeros del IEPC. Deben entender y atender cuál es su responsabilidad como autoridades electorales y el propio jefe del ejecutivo a fin de que brinden que haya armonía y paz en los comicios del 7 de junio, sin que haya de por medio chantajes....Disputa…Por un lado el conflicto laboral que lleva alrededor de 40 días, sin que haya tenido una solución de parte de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, enmarcado en este escenario, ya se avecina el relevo o ratificación como magistrada presidenta del poder Judicial, la soberbia e inútil, Lambertina Galeana Marín, quien el día 29 de este mes de abril se tiene que llevar a cabo el evento de acuerdo a lo que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado y la Constitución Política local. Los trabajadores siguen aguantando las embestidas que les han hecho los magistrados, desde pretender desalojarlos con violencia y llegar al extremo de reprimirlos con los policías estatales, minimizarlos de que cuando mucho son 80 trabajadores y a lo más 200, pero en realidad son más de mil en paro laboral, también de despedirlos y lo peor, que ahora los estarían acusando hasta del delito de secuestro, como todo mundo sabe, el jueves por la tarde de la semana pasada los magistrados se negaron a atender una comisión de trabajadores paristas del  Poder Judicial, en lugar de dar la cara, se escondieron y se encerraron en sus cubículos y para hacerla de más emoción, llamaron a los policías estatales para disque “rescatarlos”, cuando en realidad los paristas, habían asistido al centro de Chilpancingo, en donde se encuentran las oficinas de la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín, fueron a solicitarle una explicación del porqué a muchos de los paristas se les había retenido su salario. Eso fue motivo para que ahora los magistrados acusen a los paristas de secuestradores y que por ningún motivo por la vía violenta y del chantaje habrán de aceptar pagar los salarios retenidos, además de que no pueden exigir, porque no lo han devengado, pues no están laborando y si son justos y en verdad administran la justicia, los mismos magistrados en lo que va del paro laboral, tampoco han trabajado, por ende no tienen derecho a cobrar emolumentos no devengados. Cosa más aberrante, primero el año pasado los  dos plenos  reconocieron de la existencia del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE), para ello se firmó una minuta, en que también se comprometían otorgar un incremento salarial, en el 2015, ya con el nuevo presupuesto y ahora salen con la chicanada de los togados y birrete de que no hay dinero, de que no alcanza, y que están dando las gracias de que el Poder Ejecutivo les haya ofrecido un 10 por ciento  de incremento a los trabajadores paristas del Poder Judicial,  evidenciándose que no hay tal independencia, más bien los magistrados son empleados del Poder Ejecutivo. En medio de este embarazoso conflicto, ya se habla de dos grupos de magistrados, los que están a favor del movimiento y que los  estaría acaparando. Todo esto, con miras a la renovación de la Presidencia del Poder Judicial, el próximo 29 de abril de este año, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de esa instancia cada año se tiene que nombrar o ratificar al magistrado presidente y ese proceso llega el 29 de abril. De la supuesta existencia de dos grupos de poder en el interior del Poder Judicial estaría conformado por la propia presidenta Lambertina Galeana Marín y los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Julio Lorenzo Jáuregui García, Miguel Barreto Cedeño, Alfonso Vélez Cabrera y Alberto López Celis. Los magistrados de este grupo buscan ratificar en la presidencia a Galeana Marín, o elegir a López Celis, aunque también se maneja el nombre de  Rodríguez Martínez.  El otro grupo lo encabezan los magistrados ex presidentes Raúl Calvo Sánchez y Jesús Martínez Garnelo, y el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, quienes buscan elegir al tercero como su presidente. En medio de todo esto, hay una verdadera maraña, porque no está muy claro y preciso, pues hubo una reforma de que el periodo de tres años que comenzó Jesús Martínez Garnelo y que está terminando Galeana Marín concluye  el 29 de abril. Pero, de acuerdo con el decreto que reformó los artículos del 1 al 126 de la Constitución del Estado, y se adicionaron del 127 al 200, en el artículo 103 párrafo I establece que el presidente del TSJ debe ser elegido en la primera sesión del mes de noviembre cada tres años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Al respecto, abogados consultados explicaron que el pleno del TSJ debe elegir a un presidente sólo para el periodo del 30 de abril a la primera sesión del mes de noviembre, para que a partir de entonces se elija a un nuevo presidente por tres años. Sin embargo, las fuentes del Tribunal consultadas aseguraron que los magistrados pretenden elegir al nuevo presidente o ratificar a Galeana Marín este 29 de abril para un periodo de tres años, y con ello “dar madruguete” a quien será el nuevo gobernador y evitar que éste presente su propuesta para la presidencia. Como podemos ver, el conflicto del Poder Judicial tiene muchas aristas, entre reclamos de incremento salarial de los trabajadores y la perversidad de los mismos magistrados, están pensando en la sucesión de gobernador. Ahora entendemos porque no hay una solución a más de 40 días de paro de trabajadores y ahora se concatena con el cambio del magistrado presidente. Los más perjudicados es la misma sociedad guerrerense, porque no hay administración de la justicia en Guerrero ...Deslegislador... Una lástima que muchos no valoren las aportaciones a la cultura y sobre todo a la literatura, por parte  de los eminentes personajes de la política. Cuestión de analizar concienzudamente la propaganda impresa del candidato a diputado local por el distrito 1, el priísta Víctor Manuel Martínez Toledo, quien sin tantos sesos, ha dictado un nuevo verbo a la academia de la lengua española. “Progesar” es el verbo que Martínez Toledo o sus asesores en difusión aportan desde estas tierras del sur a la lengua española. Ni Gabriel García Márquez logró tal aportación, quien por cierto en estos días está cumpliendo su primer aniversario de su fallecimiento. Sin embargo, algunos cuates suyos, simplemente dicen que el candidote no tiene un equipo de trabajo para convencer a la ciudadanía para que vote por Martínez Toledo. Y eso es ya grave, pero más grave, que ya con la candidatura en la bolsa por el otrora partidote, el promotor efectivo de la diabetes, Martínez Toledo, se torna en sabio y por ello no permite que le ayuden. ¡Como! Si él lo sabe todo y lo que no, lo inventa. Bueno y lo demuestra cabalmente ahora con su nuevo verbo “Progesar” . Ahí está su aportación, pues su propaganda ya fue distribuida por todo el distrito Uno que aspira a representar en el congreso local.  Pronto “progesar” vendrá en los diccionarios de sinónimos, seguramente del verbo progresar. Bueno, en son de mientras y antes de que se meta aún más en las promesas, le recordamos  que cumpla sus promesas de hace tres años unos totis que prometió en otra campaña similar. Si sique cometiendo yerros, no queremos el peor escenario y se llega a la LXI Legislatura,  veremos como “Progesar” las leyes, en lugar de legislar, estará haciendo lo contrario.