PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Más interrogantes que

respuestas a medio año

Javier Francisco Reyes.--Frente a las muchas interrogantes que se mantienen sin respuesta, nueve organismos internacionales de defensa de derechos humanos expresan su preocupación, al cumplirse exactamente hoy viernes seis meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala de la Independencia.

Como se recordará los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron asesinadas  también seis personas sin que hasta la fecha sus familias haya tenido justicia de parte del Estado y desaparecieron a 43 normalistas, por elementos de la policía municipal y el grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Mediante un comunicado de prensa que hiciera llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Promotora de los Derechos Humanos, la Democracia y la Justicia, por si sus siglas en inglés WOLA, nueve organizaciones manifiestan su preocupación a medio año de los hechos sangrientos.

Los firmantes son: Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), JASS (Asociadas por lo Justo), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights.

Al cumplirse hoy 27 de marzo, seis largos meses de incertidumbre para las familias de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” que sufrieron  una desaparición forzada de los 43 estudiantes en Guerrero, México, las organizaciones internacionales de derechos humanos firmantes están preocupadas por la ausencia de resultados. 

Mientras la investigación sobre la desaparición de los estudiantes continúa, llamamos al gobierno mexicano que dé su completo apoyo a la labor del recientemente constituido Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—al que le ha sido encargada la revisión del caso—y que implemente sus recomendaciones.

El 19 de marzo, el GIEI publicó un informe sobre su primer viaje a México (1-19 de marzo). Las peticiones iniciales del Grupo fueron: 1) continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos; 2) que el caso sea tratado como un caso de desaparición forzada; 3) asegurar la preservación de la evidencia; 4) que el gobierno otorgue asistencia médica a las personas afectadas por este crimen, incluyendo a familiares de las víctimas y a Aldo Gutiérrez, el estudiante que continúa en coma por las lesiones sufridas durante el ataque de septiembre; y 5) garantizar que el Grupo tenga acceso a toda la información que necesite, incluyendo una copia digital del expediente judicial, y una entrevista con los militares del 27º batallón del Ejército (en Iguala  de Independencia, Guerrero).

Las recomendaciones iniciales del GIEI van desde ampliar el uso de imágenes satelitales registradas en las noches del 26 y 27 de septiembre, hasta instar al Congreso mexicano a aprobar rápidamente legislación sobre desaparición forzada basada en estándares de derecho internacional de los derechos humanos.

Reconocemos que la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González, se reunió con el GIEI el 4 de marzo y aseguró al Grupo que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se mantiene abierto. 

Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por los recientes intentos del gobierno mexicano por deslegitimar y no tomar en cuenta las recomendaciones y observaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como por ejemplo los informes del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Mientras el GIEI continúa con su asistencia técnica, solicitamos al gobierno mexicano que cumpla con las peticiones iniciales hechas por los expertos para que puedan continuar con su labor y que implemente oportunamente sus recomendaciones preliminares. 

La respuesta del gobierno mexicano al GIEI y sus recomendaciones enviará una fuerte señal a los ciudadanos mexicanos y la comunidad internacional sobre el verdadero compromiso del país con la verdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos.

Por otra parte la Procuraduría General de la República (PGR), también hizo llegar un comunicado de prensa con el número 097/15 a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, en la que ofrece un informe pormenorizado hasta la fecha con el título.

A SEIS MESES DE LOS LAMENTABLES HECHOS DE IGUALA

A seis meses de los sucesos acontecidos en Iguala, Guerrero, la Procuraduría General de la República reitera que ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho.

Al respecto, se iniciaron 25 averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia y Cocula, Guerrero.

A la fecha, se ha logrado la detención de 104 personas, 48 de ellas, pertenecientes a la Policía Municipal de Iguala, 16 a la Policía Municipal de Cocula y 40 civiles vinculados a una organización delictiva con presencia en el Estado de Guerrero.

A todas y cada una de ellas se les ha dictado auto de formal prisión, entre otros, por la comisión del delito de homicidio, secuestro, delincuencia organizada derivado de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula relacionados con los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, lo cual demuestra el compromiso de esta Procuraduría General de la República, por sancionar de manera contundente estas conductas delictivas, asimismo en relación a la consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta Representación Social están ya siendo valorados por la autoridad jurisdiccional.

Además se cuenta con 9 órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar y al día de hoy, se han recabado: 415 declaraciones ministeriales; 510 dictámenes periciales en cerca de 26 especialidades; Con autorización judicial se ha extraído información de 93 equipos de comunicación.

Como parte de la identificación de los restos óseos encontrados en el río San Juan, provenientes del basurero de Cocula, la Universidad de Innsbruck en Austria, realiza un tercer estudio de ADN (método secuencial)  por un método diferente, del cual se está en espera de los resultados.

La Procuraduría General de la República, ha apoyado y reconoce el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario, en atención al acuerdo de asistencia técnica suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

A seis meses de este lamentable suceso, las instituciones del Gobierno de la República, no han cesado en su compromiso por detener al resto de los probables responsables de estos hechos y ponerlos a disposición de la justicia.