PRIMERA PLANA

En menos de 48 horas padres

de desaparecidos en el batallón 

Javier Francisco Reyes.—Por una parte el encargado de despacho de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), reveló que a menos de 48 horas de los sucesos sangrientos de Iguala de la Independencia del 26 y 27 de septiembre él y un grupo de padres de familia, se apersonaron en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y por el otro lado el asesor de los agraviados Vidulfo Rosales Sierra, denunció que el gobierno mexicano negó el ingreso a los cuarteles militares.

Ramón Navarrete Magdaleno, encargado del despacho de la Coddehum reconoció que se apersonó en la noche del mismo 26 de septiembre del 2014, atendido por los mandos militares y luego llegó un grupo de padres de familia para solicitar que les permitieran revisar las instalaciones tras la masacre de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”.

Explicó que las autoridades castrenses prácticamente los atendieron en el recibidor del batallón, pero no lograron la revisión de sus instalaciones para conocer de algunos indicios de que estuvieran ahí los jóvenes en ese momento y hasta la fecha desaparecidos.

Los mandos militares en esas horas después de los sucesos, afirmaron que no habían tenido participación, explicación que ofrecieron a los padres de familia, reveló Navarrete Magdaleno después de cinco meses de los hechos.

Sin embargo reconoció que en donde si él, junto con personal de la Coddehum y acompañado del grupo de padres de familia de los desaparecidos revisaron las instalaciones de la Policía Preventiva de Iguala de la Independencia, en donde también tomaron fotografías, pero tampoco encontraron indicios de que hubiese estado ahí detenidos los jóvenes normalistas.

Esta actividad realizada a menos de las 48 horas de los sucesos sangrientos del 26 y 27 de septiembre, se hizo a petición de los padres de familia de los estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, explicó el ombudsman encargado.

Por otro lado el abogado de los padres de familia de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que el gobierno mexicano negó el ingreso a los cuarteles militares, a pesar de que en enero había anunciado que accedería a esta petición.

La decisión fue notificada por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, en una reunión que sostuvo con los familiares de las víctimas el viernes pasado en la capital mexicana.

Fue un no rotundo por parte del subsecretario, ya hay una decisión tomada del Estado que no es posible una visita de los cuarteles”, declaró Rosales  Sierra.

Durante el encuentro, los familiares argumentaron que “era un compromiso ya asumido por las autoridades”, pero el gobierno se mantuvo en que no permitirá el acceso a los cuarteles, indicó el letrado.

El gobierno anunció en enero pasado que abriría los cuarteles al escrutinio de los familiares, pero luego aclaró que el acceso solo sería al 27 Batallón de Infantería de Iguala, la ciudad donde los 43 estudiantes desaparecieron el pasado 26 de septiembre a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.

El argumento del gobierno para cambiar su decisión fue “que había polarización” y un señalamiento de parte de los familiares de las víctimas contra el Ejército.

El abogado de los familiares Rosales Sierra afirmó que esta determinación los tomó por sorpresa y que están explorando otros caminos legales para poder ingresar a las instalaciones castrenses.

“Por ejemplo, hay algunos juicios de amparo por la desaparición forzada de los jóvenes, por ahí puede ser esta ruta donde el juez de distrito puede realizar una visita con padres a algunos planteles”, comentó, al tiempo que destacó que el ingreso de civiles a los cuarteles no representa “ningún riesgo a la seguridad nacional”.

Además, Rosales Sierra insistió en que la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa debe incluir al Ejército mexicano.

Los padres reclaman al gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre, en los que murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas en ataques a tiros perpetrados por policías locales.

El gobierno ha rechazado tajantemente la participación de las fuerzas federales esa noche y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) se ha negado a abrir una línea de investigación sobre ello.

La Procuraduría aseguró en enero que comprobó científicamente que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel Guerreros Unidos al creer que pertenecían al grupo antagónico Los Rojos, pero los familiares no creen en esta versión y mantienen su búsqueda.