PRIMERA PLANA

Hay indolencia del CEAV, gobiernos

estatal y municipal, no dan apoyos

Jonathan Cuevas.IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.--Ante un olvido gubernamental, el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada en Iguala se ha quedado sin recursos para continuar sus búsquedas y alimentación, así como apoyo para las familias en caso de ser necesario. 

Tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como el gobierno estatal, han retirado su apoyo a esta organización que, incluso ha tenido que cerrar un comedor habilitado en la Iglesia de San Gerardo María Mayela, donde decenas de niños, adultos y ancianos probaban alimento durante o después de realizar los trámites o búsqueda de sus familiares desaparecidos.

La indolencia se ha visto desde el gobierno municipal que en todo momento ha evadido la responsabilidad de atender a la organización conformada en su mayoría por ciudadanos de Iguala. Por su parte el gobierno estatal dejó de enviar psicólogos y despensas. Solo dos semanas atendió el llamado de los familiares de “los otros desaparecidos”. 

Pero la principal molestia de los ciudadanos organizados es en contra del CEAV, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión”. 

Se encarga, según sus lineamientos, de “garantizar” la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, “además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones”.

CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y centra sus esfuerzos en tres acciones esenciales: “Construir el Registro Nacional de Víctimas para facilitar el acceso de las víctimas a la ayuda prevista en la Ley. Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y, determinar las medidas de Asesoría Jurídica que los tres órdenes de Gobierno brindarán a las víctimas”.

Sin embargo, desde su llegada los representantes de este organismo han dado un trato indigno a los familiares de desaparecidos en Iguala, a tal grado de que les han gritado, intimidado y humillado. 

Por ejemplo, hace dos semanas durante una reunión, el encargado de la Unidad de Primer Contacto, Erick García dijo frente a casi cien miembros del comité que, “las verdaderas víctimas no piden dinero”, en referencia a que ellos estaban exigiendo apoyo de traslados y alimentos durante sus trámites y búsqueda de sus desaparecidos. Dicho apoyo está establecido en la Ley General de Víctimas y, además fue un compromiso adquirido por CEAV desde que se presentó con el comité. 

La Comisión Ejecutiva ha tenido diferencias con los familiares de desaparecidos de Iguala al pretender darles 60 pesos por familia para traslados y alimentación, lo que es considerado como una burla. Además, el apoyo se ha dado únicamente los martes, día en que solían presentarse los enviados de CEAV para dar atención a las víctimas. 

El martes 17 de Febrero, una mujer tuvo complicaciones de salud (crisis nerviosa) cuando era atendida por representantes de la Comisión Ejecutiva, y éstos le negaban el pago de sus gastos de traslado. 

Desde ese momento CEAV no llegó más a la Iglesia de San Gerardo y, solamente colocaron una lona en la que anunciaron que seguirán atendiendo a los familiares de desaparecidos en Acapulco o Cuernavaca, a sabiendas de que la mayoría de la gente que se reúne en San Gerardo, es de muy bajos recursos y, a veces no tienen ni para comer. 

Ante esta situación y la falta de apoyo del Estado y Municipio, el comedor que había sido habilitado en la Iglesia de San Gerardo, tuvo que ser cerrado. Cada semana llegan menos familias a las reuniones generales así como a las búsquedas ciudadanas de fosas clandestinas, pero han aclarado que no lo hacen por desinterés, sino por falta de recursos económicos. 

Los coordinadores del movimiento de “los otros desaparecidos”, Xitlali Miranda y Anselmo Campusano han advertido que en ocasiones las familias que acuden no tienen ni para comer, al igual que decenas de niños que acompañan a sus padres, por lo que tanto CEAV como el Estado han violado la Ley General de Víctimas donde se establece que las víctimas tienen derecho a la cobertura de sus gastos generales y otro tipo de apoyos psicológicos y sociales. 

En este contexto adelantaron que a partir de la semana próxima, los más de 300 miembros de la organización iniciarán la solicitud de amparos (de forma personal), ante el juzgado federal por los abusos de los que están siendo objeto y, el incumplimiento de CEAV para con las víctimas a las que, supuestamente debe proteger. 

En otro contexto, durante la reunión semanal de los familiares de desaparecidos en la Iglesia de San Gerardo María Mayela, acordaron solicitar formalmente la permanencia de la subprocuradora y el director general de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR; Eliana García Laguna y Joaquín Torrez Osorno, en sus respectivos cargos a nivel federal. 

Esto bajo el argumento de que la subprocuraduría de derechos humanos de la PGR ha atendido a los familiares de víctimas de desaparición forzada en Iguala y, temen a que quien llegue a suplirlos les retire el apoyo. 

Y es que Eliana y Joaquín llegaron a dichos cargos junto al ahora exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente removido a otra dependencia federal. 

El documento va dirigido a la nueva encargada de la PGR, Arely Gómez González, a quien solicitan además que permanezca el apoyo que, hasta el momento la PGR ha dado a los familiares de personas desaparecidas en Iguala. (API).