POLICRONICA

  Sanguijuelas…En menos de seis meses que llevan en el cago los siete mal llamados consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), se han convertido en unos auténticos sanguijuelas del erario público y contra sus propios compañeros de trabajo, además de cínicos al exigir más presupuesto del autorizado por la LX legislatura local.

No solamente son auténticos sanguijuelas, sino también improvisados, ineptos, incapaces y sinvergüenzas, para las elecciones del 7 de junio, en el mes de diciembre los diputados de la LX legislatura local les autorizaron un presupuesto de 395 millones de pesos, mucho dinero para un estado pobre y marginado, como es Guerrero, además será una elección concurrente, es decir invertirá dinero el Instituto Nacional Electoral (INE), correspondiente al 50 por ciento del costo total,  porque habrán de instalarse 4 mil 995 casillas únicas. Sin embargo los sinvergüenzas consejeros locales están exigiendo al Poder Legislativo y Ejecutivo les autoricen una ampliación presupuestal de por lo menos 207 millones de pesos, pero ellos argumentan que necesitan 280 millones de pesos más para hacer un total de 675 millones de pesos. Seguramente nuestros lectores nos están preguntando, porque calificamos a los siete consejeros del IEPC de sanguijuelas, la definición es la siguiente: “col. Persona que se aprovecha de otra y obtiene sus bienes poco a poco, están acabando con el patrimonio del instituto”. En tanto nosotros sostenemos que están acabando con el presupuesto y atentando contra los ingresos de los trabajadores al despedirlos injustificadamente y lo peor anticipan que no les alcanzará ese dinero, cuando mucho hasta el mes de mayo, totalmente aberrante la advertencia, pensarán que los diputados que aprobaron el presupuesto son unos verdaderos neófitos y más los ciudadanos de que es justificable la exigencia de más dinero y más con el chantaje de que están en riesgo las elecciones del 7 de junio. Los consejeros asumieron sus cargos el primero de octubre del 2014, es decir apenas están cumpliendo seis meses, y ya han hecho del IEPC, en una verdadera empresa particular con dinero del pueblo y lo peor, es que ahí van a estar pegados como auténticas sanguijuelas, en el caso de Maricela Reyes Reyes, consejera presidenta, estará siete largos años. En tanto que los consejeros Alma Delia Eugenio Alcaraz, Rocío Calleja Niño y Jorge Valdez Méndez se desempeñarán por seis años; mientras que Leticia Martínez Velázquez, René Vargas Pineda y Felipe Arturo Sánchez Miranda ejercerán como consejeros sólo por tres años. Es decir los guerrerenses vamos a mantener a estas sanguijuelas que están saqueando el erario público en nombre de la democracia. En el caso de Maricela Reyes Reyes, su marido era chofer con salario de 8 mil 608.91 pesos, fue despedido por los anteriores consejeros, pero  a su llegada  como funcionaria electoral, lo volvió a recontratar y hasta le creo su área y lo nombró jefe de la unidad técnica con un salario de 40 mil 734.57 pesos mensuales. El consejero Jorge Valdez Méndez, es un arrogante, prepotente al igual que su homologo René Vargas Pineda, saqueó al ex Instituto Electoral del Estado de Guerrero, cuando fungió como Director de Administración, ahora estará  tres años como consejero, para enseñar su influencia tiene en nómina a María Alina Jiménez Aparicio, anteriormente era analista con un sueldo mensual de 16 mil 003.21 y ahora su protegida la tiene como directora Ejecutiva de Informática, Sistemas y Estadística con un salario al mes de 25 mil 324.89 pesos. La consejera Leticia Martínez Velázquez, con el aval de sus compañeros en seis meses por lo menos ya despidió a unos 40 trabajadores injustificadamente. También la consejera Rocío Calleja Niño identificada como incapaz y corrupta al igual que su colega Felipe Arturo Sánchez Miranda y la que está por encima de estos incapaces e improvisados, está la ex magistrada del Tribunal Electoral del estado (TEE) Alma Delia Eugenio Alcaraz, quien toma decisiones en lugar de la consejera presidenta Maricela Reyes Reyes, solo para ilustrar su poder, en la nómina tiene a su sobrina Norma Liliana Ramírez Eugenio, le creó la Unidad Legislativa y de Consultoría Electoral, como directora recibe un salario mensual de 56 mil 806.98, esto sin tomar en cuenta más familiares y hasta “novios”. No termina  ahí la historia de los “chupa presupuesto”, la consejera presidente, Maricela Reyes Reyes, tiene a su disposición 10 plazas laborales con un salario de 15 mil pesos cada uno, en tanto todos los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), tienen ingresos superiores al mes de 200 mil pesos, cada bimestre se autorizan un bono bimestral de 100 mil pesos, gozan de gastos de representación mensual del orden de los 20 mil pesos y como si se enfermaran a cada rato disponen de 15 mil pesos mensuales,  además cada uno de los siete consejeros tienen como mínimo dos asesores, con salarios superiores a los 15 mil y 20 mil pesos. Son algunas de las tantas prebendas que tienen los siete consejeros del IEPC, superando sus salarios a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que apenas alcanzan a cobrar alrededor de 151 mil 672 pesos y máximo de 182 mil 212 pesos, que se integra por el sueldo base y la compensación garantizada, de acuerdo al  Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del Instituto Nacional Electoral.  Lo que no ocurre en Guerrero, porque están disparatados los salarios, por ejemplo los consejeros de Nuevo León, el presidente del organismo electoral local gana 17 mil pesos al mes, al igual que un consejero. Entonces nos parece una sinvergüenzada que estén exigiendo más presupuesto del autorizado por la LX legislatura, en un estado pobre y marginado, como es el caso de Guerrero, en donde la democracia sale muy cara, en medio de tantos pobres y marginados en la que los programas oficiales nunca llegan, solamente quedan en puros ofrecimientos. Ahora queda en manos de los futuros diputados locales de Guerrero y de los federales, que tomen en cuenta esta disparidad de salarios y se pongan a trabajar para legislar en esta materia en la entidad y en el país, porque no hay topes salariales para los órganos electorales. Se sabe que una propuesta para el Servicio Nacional Electoral, que establecerá cuántas plazas por estado se requerirán para cumplir la función electoral, pero esto se habrá  concluido en todo el país hasta 2018.  De todo ese dinero que recibe anualmente el IEPC, siete pesos van a parar a los bolsillos de los partidos políticos y el resto al de los consejeros. Por ello, es que en los últimos meses, los representantes de los partidos no han rebuznado sobre disque la falta de dinero para organizar las elecciones venideras. Esto sin cuantificar todavía las grandes ganancias que se llevan del 10, 20 y 30 por ciento de “comisión” para entregar a su albedrío a las empresas de su preferencia para las adquisiciones que hace el IEPC, de las licitaciones y en proceso electoral, de la manufactura de boletas, y papelería de los 28 distritos locales electorales.  Entonces cabe exigir  a los diputados de la LX legislatura a que soliciten a su órgano fiscalizador de la Auditoría General del estado (AGE), para que  realice rigurosas auditorías al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque se está gastando mucho presupuesto en cosas injustificables y se auto asignan los consejeros elevados salarios y prestaciones que no corresponden a las condiciones económicas de Guerrero. Además con los despidos, habrá de saltarles otro problema, en la que habrán de demandar laboralmente al IEPC, como sucedió con ocho trabajadores en el pasado, que a la fecha, se ha acumulado la indemnización superior a los 50 millones de pesos y que no ha sido pagado, porque supuestamente no tienen dinero, además se fue heredando de consejeros a consejeros. Los representantes de los partidos políticos en ese órgano electoral son cómplices del despilfarro presupuestal que están haciendo los singuijuelas que se la pasan llorando todo el tiempo que quieren más dinero, demostrando que no tienen llenadera, pero todo se va al drenaje, además el Congreso local ya les autorizó su presupuesto anual de acuerdo a como se proyectó para el gasto de las elecciones del 7 de junio para renovar la gubernatura, 81 presidentes municipales, el Congreso local y la elección de diputados federales. Así es como las sanguijuelas se chupan el presupuesto de manera indiscriminadamente...Iniciativa...Cuando está a punto de cumplirse los seis meses, que será el 26 de abril, cuando los diputados de la LX legislatura quiten o ratifiquen en el cargo de gobernador sustituto para que concluya en el mes de octubre, Salvador Rogelio Ortega Martínez, a través de su director General de Comunicación Social, Misael Habana de los Santos está promoviendo a lo que han llamado “Iniciativa de Ley de Transparencia y Equidad en Materia de Publicidad Oficial”. Para ello, a partir de las 14:00 de ayer lunes el doctor Ernesto Villanueva Villanueva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso ampliamente sobre este documento del cual es participe. Según la conferencia magistral de ayer, fue una  de las primeras de muchas más que se habrá de llevar a cabo, según ofreció  Habana de los Santos. Durante su disertación de Villanueva Villanueva que la iniciativa propone la crear una ley que sirva para transparentar los gastos del gobierno estatal en materia de publicidad oficial y además regule la forma en que entrega recursos a los medios de comunicación, sin que esto signifique censurarlos ni excluir a quienes son críticos. Asistieron al evento realizado en el auditorio del DIF-Guerrero, y convocado por la  DGCS, propietarios de los diferentes medios de información, directores, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de la prensa local. Para el expositor dijo que una ley de transparencia y equidad de publicidad oficial “es una de las mejores práctica internacionales” entre medios de comunicación y el gobierno. También comentó que esto ya está previsto el artículo 134 de la Constitución Federal y en el 105 de la Constitución local. Debido a que en ninguna parte del país existe una iniciativa, entonces, Guerrero, debe ser ejemplo a nivel nacional, que haya propuesta de aquí para allá, comentó el comentarista. Además de que es un mandato de la Organización de los Estado Americanos (OEA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que funcione la iniciativa propone la creación de un Consejo Asesor de la Coordinación de Comunicación Social, o su equivalente, integrado por cinco académicos de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y universidades privadas. Ahora falta que haya voluntad de los diputados de la LX legislatura local, por lo pronto la existe de parte del mandatario sustituto y vamos a esperar el resto de invitaciones para darle continuidad al proyecto que no es malo, por el contrario es de avanzada y sería bueno que fuera Guerrero la punta de lanza, ya lo es con el Fondo de Apoyo a los Periodistas creado desde el gobierno del desaparecido gobernador  José Francisco Ruiz Massieu. Parece que Ortega Martínez quiere dejar huella sobre esto.