PRIMERA PLANA

Lucró Aguirre con el dolor

 que dejaron los huracanes 

Víctor Hugo Michel.--El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero se aprovechó de los recursos extraordinarios asignados a Guerrero tras el paso del “Ingrid” y la tormenta “Manuel” para beneficiar con contratos a su familia y amigos: semanas después de que parte del estado quedara arrasado, 160 millones de pesos para obras de reconstrucción fueron a parar a las empresas Comercializadora 2003 y Trabesa SA de CV.

Los huracanes que impactaron a México el 15 y 16 de septiembre de 2013 no solo destruyeron parte de Guerrero y costaron decenas de vidas. Hay evidencia documental de que fueron una oportunidad de negocio para una parte de la familia de Aguirre, entre ellos su hermano Mateo.

El desastre natural más grande del sexenio significó a Trabesa y Comercializadora 2003 buenas noticias: les redituó al menos 10 contratos. Es decir, de una u otra forma parte del dinero asignado para ayudar a miles de afectados por los huracanes fue a parar a sus arcas.

Lo anterior se desprende de una veintena de registros obtenidos por MILENIO en el sistema Compranet, así como en informes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y distintas agencias del gobierno guerrerense.

Ambas compañías son investigadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado dinero y desvío de más de 250 millones de pesos en fondos públicos derivados de obra pública. Hasta el momento, el gobierno federal no ha detallado si es el desvío de recursos etiquetados para la reconstrucción el que propició la indagatoria federal, pero las fechas de varios de los contratos asignados coinciden.

LA PREMURA

Comercializadora 2003 llegó temprano a la búsqueda de contratos. El 19 de septiembre de 2013, a tres días del impacto de los huracanes, envió representantes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ofrecer sus buenos oficios.

“Tenemos en este momento 12 empresas y quizá mañana se incorporen algunas”, dijo entonces el secretario de Comunicaciones y Transportes. “Empresas muy grandes nacionales y empresas locales de prestigio aquí en Acapulco. Están ICA, Coconal, Hermes... Comercializadora 2003…”

La premura rindió frutos. Hacia finales del año comenzaron a fluir las obras a Comercializadora 2003 y su empresa hermana, Trabesa. En unos cuantos días obtuvieron diversos contratos aun cuando, supuestamente, el gobierno de Aguirre aplicaría lupa especial a la asignación de recursos federales para evitar actos de corrupción en torno a los 30 mil millones de pesos prometidos por el presidente Enrique Peña Nieto para la reconstrucción de la infraestructura estatal.

Tres meses después del desastre, el 21 de diciembre de 2013, Aguirre aseguró que todas las obras se llevarían a cabo con plena transparencia, bajo la vigilancia de firmas auditoras de prestigio como PriceWaterhouseCoopers, EY, Deloitte y KPMG.

Durante la segunda sesión del “Consejo de Restauración de Guerrero” en un Acapulco que apenas comenzaba a levantarse, el entonces gobernador no solo dio a conocer la conformación de un comité de vigilancia integrado por distintas personalidades, sino que prometió que el proceso de reconstrucción sería un ejemplo de transparencia y honestidad a escala nacional.

“Es tiempo de convertir las adversidades en oportunidades”, dijo el entonces gobernador. Pero días antes Trabesa y Comercializadora 2003 ya habían hecho justo eso, convertir la adversidad en oportunidades.

En un periodo de 16 días, del 4 al 19 de diciembre —dos días antes de que Aguirre hablara de integridad y transparencia—, ambas empresas recibieron 15 millones de pesos en tres contratos por parte de la delegación Guerrero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria de Guerrero (Cicaeg).

Esta última, cabe destacar, es una de las oficinas que fue intervenida en la semana por la PGR, ante la sospecha de que desde ahí se desviaron decenas de millones de pesos.

El flujo de obra pública a ambas empresas continuó durante los últimos días de diciembre, un mes particularmente prolífico en materia de contratos. Horas antes de que cerrara el año, Trabesa obtuvo una obra más de Cicaeg para tareas de bacheo por un millón 399 mil pesos.

Para 2014, ya con el presupuesto de reconstrucción en pleno funcionamiento, continuó la buena racha. En febrero Cicaeg asignó a Comercializadora 2003 otro contrato para la reconstrucción de la carretera Tlanicuilulco-Teozintla. Ascendió a 18 millones 926 mil pesos. A este siguieron más obras en mayo y agosto.

Pero algunas no se han concretado o tienen varios meses de retraso. Son obras pagadas con dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que no pueden encontrarse en Compranet, pero cuya existencia consta en una serie de Informes de Comprobación de Trabajos en Ejecución de la SCT obtenidos por MILENIO.

En cuanto a la reconstrucción de la carretera Tlalnepantla-El Platanal, en el municipio de Eduardo Neri, fue abandonada por Trabesa en agosto del año pasado “por razones de inseguridad”. Era un contrato de 3 millones 500 mil pesos con recursos provenientes del Fonden. Es una de las primeras huellas del desvío de fondos federales que se encuentra en el centro de la investigación de la PGR.

Hacia el 27 de noviembre del año pasado, Trabesa también registraba un atraso de 40 por ciento en la reconstrucción de 55 kilómetros de la carretera Coyuca de Catalán-Ajuchitlán del Progreso-Villa Nicolás-San Antonio de los Libres-La Caña-El Tule, por la que le pagaron 12 millones 952 mil pesos.

No fueron las únicas adjudicaciones del Fonden que beneficiaron a la dupla de empresas. El 7 de agosto, Comercializadora 2003 le informaba a la SCT de la conclusión de labores en la reconstrucción de 22 kilómetros del ramal a Chontalcuatlán y Coapango, en el municipio de Tetipac. Obra valuada en 7 millones 170 mil pesos.

GOBIERNO DE OPORTUNIDADES

El ascenso de Angel Heladio Aguirre Rivero a la gubernatura marca un antes y un después en la historia del éxito empresarial de Trabesa y Comercializadora 2003. Antes de su llegada al poder, solo habían ganado una licitación; después, las dos compañías se hicieron de 18 contratos federales y estatales por un monto de 343 millones de pesos.

Las empresas de la familia Aguirre Rivero no solo se beneficiaron del desastre natural, también les ayudó un “error” cometido por el delegado en Guerrero de la SCT, Ignacio de León de la Barra, quien ignoró una orden de la Secretaría de la Función Pública para suspender toda contratación con Comercializadora 2003 en agosto de 2014, tras descubrirse irregularidades en las cuentas de una obra.

Pese a que la empresa se encontraba inhabilitada para contratar con cualquier gobierno estatal por un periodo de 12 meses, la SCT le asignó una obra por 120 millones de pesos para la reconstrucción de una parte de la autopista a Zihuatanejo. (Milenio).