COLUMNA

Resquicio

Hipólito Marbán

MOCHITLAN Y QUECHULTENANGO: MIOPIA GUBERNAMENTAL
El ayuntamiento municipal es el primer escalón entre gobierno y gobernado, el primero con las atribuciones y obligaciones que le confiere la propia Constitución federal, en materia de seguridad pública, está obligado a garantizar el libre tránsito en la demarcación municipal y prevenir el delito (sin hablar ahorita del mando único, tema aparte), tan es dicha obligación que recaba impuestos por
los servicios prestados a los gobernados del municipio, Mario Moreno Arcos actual primer edil capitalino, sabiendo de las obligaciones legales, y ante el crecimiento del crimen organizado, declaró y solicito ayuda legal tanto al Estado como a la federación, de allí la firma de un mando único, misma que se tramitó en Acapulco con Luis Walton Aburto, Iguala de la Independencia fue desgraciadamente por los lamentables sucesos ocurridos en 26 y 27 de Septiembre del año pasado, Chilapa de Álvarez gobernado por el priísta Francisco Javier García González, no ha conciliado la firma del Mando Unico, pero al menos pidió ayuda gubernamental de reforzamiento en su municipio con presencia militar y gendarmería nacional, en la municipalidad de la zona centro Mochitlán del perredista Severo Espíritu Valenzo y Quechultenango del priista Antonio Navarrete Cortés, tal parece que no existiera autoridad municipal, el abandono social es lamentable, con gente desnutrida y sin recursos allegados para la fomentación de la producción local y empleo, nada han hecho en materia de prevención de delito, a pesar de los constantes acontecimientos de inseguridad, que ha aminorado el turismo local, por el temor fundado y motivado por la delincuencia que gobierna el lugar, los ediles Severo Espíritu Valenzo y Navarrete Cortés no han dado por menores de la baja de criminalidad en su municipio en concordancia con la fiscalía estatal, que hoy presumen y se niegan a reconocer que la inseguridad en sus municipios lo ha rebasado, porque en los archivos de la Fiscalía del Estado, no existe documento ni solicitud alguna de avances de prevención del delito, es evidente la total descoordinación de los municipios vecinos que rodean a Mochiltán y Quechultenango, porque de ser así, la salida  a las calles de los ediles Severo Espíritu Valenzo y Navarrete Cortés, no fuese necesaria si solo se hubiera plasmado una reunión con el presidente municipal de Chilpancingo Moreno Arcos, es necesario que la Procuraduría General de la República, haga a un lado su discurso estéril de que si no hay denuncias ni pruebas, esta no podrá investigar, (pues ningún ciudadano en su sano juicio se va apersonar ante la PGR para dar santo y seña de quien o quienes están involucrados con activos de delitos graves), la procuraduría tiene la obligación constitucional tratándose de posibles delitos graves investigar de oficio, y no por querella y/o denuncia, pero muy excepto a contrario sensu, nadie puede negar que la gendarmería y los infantes del ejército mexicano, no realizan su trabajo, solo han estorbado el tráfico vehicular y no revisan los vehículos, de nada sirve tener en la capital llenos de gendarmes y militares, si en los retenes no se realizan los protocolos de revisión, el problema no es que revisen a todos los automotores, porque como dice el adagio popular “el que nada debe nada teme”, la molestia ciudadana es que no revisan a nadie, y lo peor que en sus propias narices sigan sucediendo hechos lamentables, y se pone en duda los súper cursos avanzados de sobrevivencia con cargo al erario, si estos en la vida diaria, no surte sus efectos… veremos.

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