PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Expertos de la CIDH

buscan a  43 en Gro 

Javier Francisco Reyes.—Cuando se está a punto de cumplir  cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, en la madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  los buscará en vida, entre los objetivos.

Igualmente habrán de elaborar planes para buscar con vida a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, está entre las atribuciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así lo informaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.

El documento precisó otras dos atribuciones del grupo de la CIDH: realizar análisis técnicos de las líneas de investigación y del plan de atención integral a las víctimas.

El siguiente es el texto del comunicado conjunto:La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de noviembre de 2014.

En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.

Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por las siguientes personas:

Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional;Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud; Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario

A la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.

El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.

Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depositó un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.

El Estado mexicano continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014. Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos.