PRIMERA PLANA

Corrupción de funcionarios

del PRI y PRODI en Oaxaca 

Dilthey  Martínez/Enviado Especial.CUICATLAN, OAX.--Tras  operativo de la    Gendarmería    Federales  que realizó la semana  pasada  se destapa la cloaca  de servidores públicos  involucrados  en  actos de corrupción.

 Y es que   versiones  aun  no oficiales    refieren a  este medio,  que  la  presencia de las  fuerzas especiales de la PFP, la  Marina   y el  Ejército  Mexicano, se debió a que  incursionaron en un operativo  en el municipio de  Valerio  Trujano donde se  celebraba  una  narcofiesta;    cuyos  invitados  especiales   eran  reconocidos  servidores públicos  que  desempeñan   mandos  medios  y operativos  que  tienen relación con la administración de justicia  en dicha  demarcación territorial.  

Esto  porque  de la  noche  a  la mañana,    el Director del Reclusorio de Alta Seguridad  ubicado en el municipio de   Cuicatlán;    y  el  jefe de  grupo  de la  Agencia Estatal de Investigaciones  con destacamento en dicho distrito   Floylán  Ojeda  Lazo   mejor  conocido como   “Pancho  Cachondo” ;   fueron  relevados de  su  cargo, sin que  a  la fecha   se  sepa   cual  es  su  paradero  por el  hermetismo que  guardan las  autoridades locales.

Así  también    fue cambiado de jurisdicción, el  secretario ministerial  de la   Agencia del Ministerio  Publico  con residencia en  Cuicatlán, Luis Antonio  Guzmán  Martínez    quien  goza de  la protección  y se le  ha  visto  en  amenas  convivencias con el asesor del Procurador General del Estado,   Pedro Celestino  Guzmán  Rodríguez  en  pleno  festín  que  celebró el pasado  viernes en  un  conocido restaurant de la  Villa de Zaachila;   persona   que  es  conocida  por acudir  ebrio a las diligencias  y  poner sus  servicios    al  mejor postor.

Ante estos  hechos,  la  sociedad   cuicateca  se  encuentra  vulnerable,   por  la  notoria  ausencia de quienes  dicen   defender los derechos  humanos   en esa  entelequia   conocida  como   “Comisión de  Derechos Humanos de los  Pueblos de Oaxaca”,    cuyas  oficinas  ubicadas  en céntricas  calles  del municipio de  Cuicatlan,   siempre se  encuentran  abiertas  pero no  existe personal que  las  atienda.  

En  poder de este  redactor existen  las constancias  derivadas de  un informe justificado   rendido por la  Procuradora  para la Defensa  del Indígena  y  Grupos  Vulnerables del Estado “ PRODI”   Bertha  Ruth  Arreola  Ruiz  ante el  Juzgado  Segundo de Distrito,   donde  hace del conocimiento a la autoridad  federal  que  bajo el   número  10/2014  se  tramita  el  expediente  de  responsabilidad  administrativa  en contra  Ruth  Delfina Cervantes  Cruz, quien a la fecha  todavía se  desempeña como  Defensora de Oficio  adscrita  al  Juzgado Mixto de Primera  Instancia del  Distrito de Cuicatlán,   que está   señalada por  tráfico de influencias  y corrupción. 

El expediente de  responsabilidad administrativa  que se le da tramite  en  las oficinas de la PRODI  ubicadas en   Ciudad  Judicial,   está  a cargo del Sub Procurador  de  Defensa  Jurídica  un   tal  Francisco Rodolfo  Córdoba  Rafael,   y no  a cargo de la Contraloría  o de  órgano de control  interno , como lo  refiere  la Ley de Responsabilidades  de  Servidores Públicos  del  estado   y municipios de Oaxaca;  de ahí que la  titular de la PRODI   juegue el papel de  Juez  y parte. 

Esto queda  evidente  en  virtud que  de  constancias  en mi poder, se desprende  que   el acuerdo de  inicio de la queja  administrativa promovida por  el indígena  cuicateco  Emilio  Joaquín Jiménez Rincón   se   retardo más  de un mes y medio,  y  su  instauración  se deba  a la  demanda de amparo  federal 1805/2014   que se  tramitó ante el  Juzgado  Segundo de Distrito, que  obligó a  la titular de la PRODI  a dar contestación  e incoar el procedimiento en contra  de  la   corrupta  servidora  pública . 

Por lo  cual  me dice el quejoso Jiménez  Rincón, ya  existe una  queja  de queja  instaurada  ante el titular de la Comisión de los Derechos  Humanos de los Pueblos de Oaxaca.   

 Debido a  los  señalamientos de  corrupción,  la    defensora de oficio  en  una misiva  fechada  el 29 de Diciembre  del 2014,  alude  que  tras la   intervención  del Diputado Local del  PRI por el distrito de Ixtlán  Adolfo García Morales    se puso a las  órdenes  de  Juan Leyva Weydemann  cacique  de origen  extranjero    del  pueblo de San Juan Teponaxtla.

Leyva Weydemann   despojó de    trescientas  ochenta y ocho hectáreas forestales  a un  grupo de indígenas  cuicatecos,  que  buscan  anular sus  escrituras  en  un juicio civil que se tramita en el Juzgado Mixto de Primera  Instancia del Distrito de Cuicatlán.

Esto lo  hace   evidente  Cervantes  Cruz,   y manifiesta que el próximo  16 de enero del 2015   en audiencia  pública que se  celebrará en la PRODI,   presentará el testimonio  de Adrián Ayuso Pinto, secretario  particular  del Legislador con  licencia ,  que   busca   afanosamente  la  candidatura de su partido  para la Diputación Federal; 

García Morales,  recientemente   encabezó   un revuelta en su  instituto político  acusando a la directiva estatal de  tener   palomeadas las  candidaturas y    favorecer  al  dinosaurio priista Cándido Cueto Martínez en el distrito con  cabecera  en  Ixtlán, Oaxaca. . 

Sin embargo  ante  está redacción  compareció el  señor   Fausto Hernández Castillo  y su  asesor  legal  quienes  muestran  evidencia  de actos de corrupción de la defensora de oficio  a quien se  le   sigue el procedimiento de  responsabilidad  administrativa.

Esto porque  mediante un  escrito   dirigido a la  Juez  Mixto de Primera Instancia de Cuscatlán , los  hermanos Lucio  y Delfino Hernández Díaz quienes se encuentra procesados   en el expediente penal  27/2014  refieren  que   la defensora de  oficio Ruth Delfina  Cervantes Cruz  a  través del dirigente  de la asociación  civil   Fondo  Indígena  Cuicateco  de nombre  Jesús  Zúñiga,   les  solicitó a  su señor padre   Fausto Hernández  Castillo,  la cantidad de   treinta  y cinco mil pesos   para  que  antes de dictar el auto de formal prisión  dejaran  en libertad a uno de los indiciados,  dinero  del cual me dicen  únicamente  le proporcionaron una parte,  sin que la   servidora pública cumpliera  con el trato.

Para lo cual  el  señor   Hernández  Castillo, se encuentra amenazado por  Jesús  Zúñiga en caso de  acudir a la PRODI  a  testificar en contra de  la defensora de oficio y  refiere que    sus  hijos no  saldrán de la cárcel.    

Lo  anterior  indica que  el proceso de  ajuste presupuestal,  reducción y disciplina  en el  gasto público y  finanzas sanas  que  encabeza  el  Gobierno del Estado de Oaxaca,   ha fracasado;   pues  los  cuatro mil  cincuenta  y   siete pesos que  Cervantes Cruz  cobra   quincenalmente como empleada de confianza  C134-02  en el Gobierno del Estado ,  no le   alcanzan  para   los   gastos del diario  y  tiene  que  entrarle  al cochupo e involucrar  al  tráfico de influencias   tanto a la  autoridad judicial  como al ministerio  público. 

Lo que  evidencia  también  el porque  servidores  públicos del  gobierno del estado, se ausenten de  sus  deberes para acudir a  reuniones  con   la  delincuencia  organizada. 

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