PRIMERA PLANA

Se jubiló de trabajadora de

CENDI y perdió su vivienda 

APANGO, GRO.--Vendí mi casa para devolver 240 mil pesos, que me exigieron para que me entregaran mi formato de baja de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y que además desde febrero  del 2013, está sin cobrar su salario o pensión,  denuncia la psicóloga Elizabeth Astudillo Figueroa.

La agraviada trabajó en el CENDI, instalado en la Alameda “Francisco Granados Maldonado”, de Chilpancingo, que “tuvo que devolver 240 mil pesos” a la Secretaría de Educación Guerrero, 

cuando su titular fue Silvia Romero Suárez. 

La psicóloga Elizabeth Astudillo Figueroa,  pide apoyo al Gobernador del estado el sutituto, Salvador Rogelio Ortega Martínez para que la ayude a conseguir un crédito y pueda recuperar su casa o hacer otra, porque era el único patrimonio que tenía y que lo había logrado con  mucho esfuerzo, limitándose en muchos aspectos y que hizo que viviera de manera muy modesta.

También pide la ex trabajadora del CENDI, que el gobernador Investigue a donde va a parar  ese dinero de los cientos de jubilados que son obligados a pagar para poder continuar su trámite para conseguir su pensión en el ISSSTE, y si es caso de corrupción, que devuelvan el dinero que pagaron los maestros que estuvieron trabajando normalmente y no tienen por qué pagar a la SEG, cobro indebido.

La casa que vendió la psicóloga Elizabeth Astudillo Figueroa, para poder pagar los 240 mil pesos, que le exigían para entregarle su formato de baja y poder seguir con los trámites de jubilación, está ubicada en la Colonia Villas Silvestres,  Casa 85–A, andador Lino, en  Chilpancingo.

 “Me dolió mucho desprenderme de mi casita, pero si no lo hacía, no iba a conseguir el dinero para devolver los 240 mil pesos, que me exigían para poder jubilarme, y eso yo lo veo como una injusticia, porque me estuve presentando a trabajar en mi centro de trabajo”, puntualizó.

Pide al gobernador del Estado, Ortega Martínez que investigue donde está parando ese dinero que solicitan para entregar los oficios de baja y luego con los recibos de banco, entregan el formato único de baja, sin ese pago no camina el trámite, pero estaría bien que los que trabajan en la Secretaría de Educación le informen al Gobernador Salvador Rogelio Ortega Martínez, en que Ley, establece que la SEG, puede tener funciones de fiduciaria de cobrar réditos y cobros para otorgar los oficios de baja.

La psicóloga Elizabeth Astudillo Figueroa, pide que las autoridades educativas, implementen una simplificación administrativa en los trámites de jubilación, de tanto papel que piden, copias de esto y lo otro y es lo mismo, en cada oficina que inicia el siguiente paso, ¿no se pregunta en donde guardan tanta cantidad de papel en la SEG?

La Psicóloga Elizabeth Astudillo Figueroa, considera un abuso que a lleve 20 meses sin cobrar, casi dos años, cuando tiene dos hijos que mantener y una es de corta edad; pide al Gobernador del estado, Rogelio Salvador Ortega Martínez,  que ordene  una revisión profunda en las oficinas que tiene que ver con las jubilaciones y detenga este abuso de autoridad, que ya está considerado como delito penal  por  la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asegura que ella tuvo suerte al sólo vender su casa para pagar la supuesta deuda a la secretaria de educación Guerrero, otros no corrieron la misma, como sabe le ocurrió a un maestro de Mochitlan, se suicidó tenía que devolver 700 mil pesos, y de donde los iba a conseguir, el maestro no acumula, va al día.

Se conoce que  la ex secretaria de educación en Guerrero, Silvia Romero Suárez enfrenta demandas de tipo judicial en el ministerio público de la capital del estado , en la averiguación previa presentada el 29 de septiembre del 2014, en la agencia del ministerio público del fuero común del Distrito Judicial de los Bravo, porque le mandó a embargar su casa a la  maestra Leonor Ramírez Juachinillo,  de Iguala de la Independencia.

Se debió a no querer pagar 60 mil pesos, que le estaban pidiendo por cobro indebido, para poder jubilarse, cuando la maestra estaba frente a grupo, el delito que está acusada  Silvia Romero Suárez,  es  exacción fraudulenta, extorsión, asociación delictuosa y cohecho, que es equiparable  a delincuencia organizada.