POLICRONICA

  ¡Basta!..Ante los hechos violentos que se están registrando en Guerrero, hay voces encontradas,  para externar la palabra ¡Basta!, por el lado de los inconformes ya no quieren seguir siendo  engañados por el gobierno y por el pueblo, que ya le ponga fin al vandalismo.

En esos sentimientos encontrados de la sociedad, algunos cuando cuestionan el movimiento que realizan desde hace 46 días por la masacre y desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural  “Raúl Isidro Burgos”. Como estamos en medio de una tierra sin ley ni futuro, porque qué podrá hacer Salvador Rogelio Ortega Martínez, como gobernador sustituto I, contra esta turba dispuesta a todo. No quedará otra opción en el corto plazo que utilizar la fuerza pública federal, para contener esta embestida, con todas las gravísimas consecuencias que esto conlleva. Los afectados son todos los sectores de la sociedad, incluido los mismos medios y representantes de la comunicación, que han sido objeto de agresiones y amenazas con quitarles hasta sus equipos de trabajo. Ha llegado el momento de analizar los posibles escenarios del futuro cercano de nuestra entidad y del país entero. Lo primero que debemos dejar claro es la línea que debe existir entre la legítima exigencia de justicia por parte de los padres de los estudiantes desaparecidos por la policía municipal de Iguala de la Independencia, como brazo armado de la delincuencia organizada, y la violencia irracional que con este pretexto han desplegado las hordas compuestas por estudiantes de Ayotzinapa, cetegistas, guerrilleros, terroristas y vagos sin oficio ni beneficio, con desviaciones piromaníacas. Nadie en su sano juicio podrá condenar o reprobar el lógico reclamo de los familiares por los estudiantes desaparecidos, de igual modo, ningún ser humano en sus cabales podrá aceptar, mucho menos justificar, la destructiva ola de violencia que han desplegado estos grupos subversivos. La justicia jamás podrá lograrse por medios destructivos, a pesar de que podemos estar de acuerdo con todos aquellos que señalan a este gobierno, o al sistema en su conjunto, como corrupto, asesino, injusto, pero eso no puede darnos la facultad para destruir, destruir y destruir. Las formas primitivas de buscar justicia sólo han producido más pobreza, violencia de la parte oficial y de todos lados. Se advierte de manera nítida el despeñadero que tenemos enfrente. La peligrosa polarización de los diferentes grupos sociales se hace cada vez más evidente y radical. Los alumnos la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) se han ganado a pulso los adjetivos de vándalos, violentos, destructores, ladrones, porque las pruebas son más que elocuentes. Si tomas autobuses ajenos, saqueas comercios, bloqueas carreteras, incendias vehículos y edificios, pues de que otra manera podrán llamarte, porque sólo ellos saben sus verdaderos fines, bueno, y nosotros también, pues consideran el momento histórico adecuado para derrocar al “Estado Neoliberal”, ese mítico Leviatán, que nadie ha visto, paro que todos estos muchachos –algunos no tan muchachos- odian y se han impuesto como la misión de vida derrocarlo, acabar con él. Estamos en el mundo de las sombras, de las siluetas reflejadas en la pared por el fuego, de acuerdo al mito platónico. El impacto de los vertiginosos acontecimientos de los últimos 45 días en Guerrero nos han dejado perplejos, y otros muchos, los ha dejado peor, como a Ángel  Heladio Aguirre Rivero, Jorge Salgado Leyva, las tribus perredistas, que todavía tienen el cinismo de buscar posiciones políticas, como David Jiménez Rumbo, Evodio Velázquez Aguirre, Víctor Aguirre Alcaide, y en especial, Sebastián de la Rosa Peláez, quien derechito debería ir a hacerle compañía a su compadre y protegido, José Luis Abarca Velázquez, al penal del Altiplano. Pero, ¿qué quieren en realidad estos  violentos?, pues algo bien sencillo, continuar con la estrategia preconcebida por la política de ultraizquierda que estos grupos asumen como única salida para la “corrupción, explotación y  crímenes del sistema capitalista”, por lo que la crisis tiene para mucho tiempo todavía, pues es común que la guerrilla ponga condiciones imposibles para sentarse a dialogar y ahí está su razón de ser. Buscan otra etapa de intervención policiaca para tirarles a matar, como sucedió en Acapulco, el lunes pasado, y cuando encuentren una respuesta similar, de inmediato gritar “represión, represión”. Por eso estamos en medio de una tierra sin ley ni futuro, porque qué podrá hacer Salvador Rogelio Ortega Martínez contra esta turba dispuesta a todo. No quedará otra opción en el corto plazo que utilizar la fuerza pública federal, para contener esta embestida, con todas las gravísimas consecuencias que esto conlleva. El punto de quiebre está muy cercano. La irritación social por la destrucción sembrada por los cetegistas y ayotzinapa, con todos los daños directos y colaterales que esto implica, ha llegado a su extremo mayor y no le quedará otra opción al gobierno federal que utilizar los desgastados instrumentos legales para que no surja una guerra civil en el sur de México, región que arde literalmente. Es necesario terminar con la quema de edificios, saqueo de tiendas, robo de gasolina, diesel, autobuses y productos de empresas nacionales, con la falsa excusa de que son empresas internacionales, porque a pesar de todo, muchos guerrerenses viven del sueldo que perciben como empleados de la coca-cola, la Pepsi, Sabritas, Bimbo, Lala, o los hoteles de Acapulco, Taxco y Zihuatanejo, que al quedarse sin empleo serán presa fácil de la delincuencia organizada, que será la única opción para mantener a sus familias, pero antes o después pueden lanzarse de formas violentas contra quienes consideran causantes de sus desgracias, porque es muy cómodo dedicarse a delinquir, mientras reciben un salario de ese gobierno “represor”, sin cumplir con su obligación de dar clases, por eso en la redes sociales los están invitando a renunciar a ese ingreso, para que sean mínimamente congruentes con su postura ideológica, de rechazar todo lo que venga del gobierno, porque resulta muy contradictorio que vivan, coman y hagan todo lo que hacen en las casas de campaña que están en el Zócalo capitalino, gozando de un salario seguro,  pues ya se han quejado los de limpia, porque ya no saben dónde echar tanto condón. Sabemos que es absurdo pedirle cordura a los cetegistas y  normalistas, ya que su razón de ser está en la irracionalidad y seguirán explotando el asunto de Iguala durante mucho tiempo. El resto de la sociedad, víctima de malos y buenos, debemos aprovechar esta coyuntura para deshacernos de toda la basura política que ha llevado al estado a esta crítica situación; al gobierno federal, exigirle que controle a estos grupos de vándalos. Debemos reconocer que somos corresponsables de todo este caos, pues hemos permitido que nos mal gobiernen tipos de la más baja calaña, en todos los  sentidos: ignorantes, corruptos, viciosos, sin escrúpulos, soberbios y ambiciosos, por lo que es el momento de exigirle a los partidos políticos que no postulen a ningún pillo, tarugo o delincuente, que le den cabida a ciudadanos de reconocido prestigio y honorabilidad probada, no queremos “lumbreras” académicas o de gran trayectoria política, que al final ya vimos cómo terminan. Ah, y no se olviden de llevarse a Salvador Rogelio Ortega Martínez, antes de que hunda más al estado, que se vaya a seguir jugando al investigador, que siga viviendo y bebiendo a costas de la Universidad, junto con su cómplice, Javier Saldaña Almazán. La tarea es ardua pero impostergable, antes de que nos confrontemos todos contra todos...Pedinches…Para pedir o exigir dinero, siempre es necesario presentar un pliego petitorio, y acompañado de proyectos viables, no solamente hacerle al pedinche a secas como lo están haciendo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. En estos días tanto a nivel nacional, como estatal, está corriendo el periodo  para que los titulares de gobierno estatales y dependencias de todos los niveles  presenten propuestas de incremento presupuestal al Congreso de la Unión y al local, en primer caso, a más tardar el sábado 15 tienen que aprobarlo, en tanto lo segundo hasta el 31 de diciembre. Pero como los diputados federales y locales, desean irse de vacaciones decembrinas y reanudar actividades hasta el enero del 2015, entonces habrán de agilizar la aprobación de los presupuestos. En este marco, el pasado martes, la mayoría de los magistrados del Poder Judicial del estado, encabezados por su presidenta, Lambertina Galeana Marín, sostuvieron un encuentro con el gobernador sustituto, Salvador Rogelio Ortega Martínez, en donde le expusieron la necesidad de incrementar el presupuesto del año entrante, pero en el boletín oficial que se difundió, no se informó exactamente el contenido de ese encuentro. Sin embargo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, el perredista Oscar Díaz Bello dio a conocer que el Poder Judicial solicitó un incremento de mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2015. Ante esto, indicó que el gobierno del Estado etiquetó 500 millones de pesos al Poder Judicial, sin embargo estos solicitaron sea incrementado a 2 mil millones debido a que este año comenzarán a implementarse los Juicios Orales en Guerrero. El incremento del presupuesto contemplaría además el mobiliario, las remodelaciones que se tiene que hacer a todas las salas y las modificaciones necesarias para que se puedan llevar a cabo Juicios Orales en Guerrero.El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local adelantó que debido a las circunstancias,  el incremento solicitado podría estar siendo aprobado. Hasta el momento, el  Poder Judicial es la única instancia que ha solicitado el incremento del presupuesto para el 2015, por lo que se espera que en los primeros días del mes de diciembre, una vez que lleguen los anexos, las diferencias pendencias también solicitarán un incremento del primer monto asignado a través del paquete fiscal 2015. Como se ve, esta revelación tiene mucho mensaje para los presupuestos venideros, por lo pronto le salió lo marabunta la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, quien a nombre de sus insaciables “colegas” exige un incremento de un 400 por ciento del presupuesto para el 2015. Este año está ejerciendo alrededor de 500 millones de pesos, entonces la hambruna de los magistrados, exigen a los diputados de la LX legislatura que se los incremente hasta en un 2 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero y sabe usted cual es el argumento de peso, pues que ya se les está agotando el tiempo para homologar la administración de la justicia de acuerdo de las nuevas reformas de la Constitución Política del país. Guerrero como al resto de los estados del país, tienen a más tardar el 2016 homologar su sistema de justicia tradicional a los juicios orales en todas las materias, penal, civil, mercantil y familiar. La verdad que está exagerada la petición de los magistrados de dos mil millones de pesos, pues aseguran que habrán de aperturar las salas de los juicios orales. Como se sabe, en Guerrero hay 18 Distritos Judiciales repartidos a lo largo y ancho del territorio, según se habrán de equipar tanto en tecnología como en mobiliario. Es cierto que se tienen que adaptar esos espacios, pero para ello no supera a lo más cinco millones de pesos por cada una de las salas, y si hacemos resumidas cuentas que haya una por cada distrito, entonces se necesitaría escasos 90 millones de pesos, sin embargo recordamos que hace más de un año, el ahora cuestionado ex secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, cuando era  magistrado presidente, una y otra vez revelaba que para instalar una sala de juicios orales,  no superaba a los tres millones de pesos, entonces serían para 18, cuando mucho 54 millones de pesos. Además únicamente sería condicionamiento del inmueble con todo lo que implica de logística, porque el personal tanto jurisconsultos, como el equipo de apoyo humano entre el jurídico profesional,  técnico y administrativo para operar los aparatos audivisuales. Además se debe tomar en cuenta de que quienes roban, perdón, los que cobran millonarios sueldos son los magistrados, porque de los jueces hasta el personal administrativo, tienen salarios de miseria, que nos les alcanza para solventar lo necesario para la sobrexistencia. Entonces nos parece desorbitante la petición, ya que actualmente no superar el presupuesto anual a los 500 millones de pesos, pero para los magistrados es insuficiente, por lo que está demandando ante el Congreso local les incremente hasta en un 400 por ciento, que significarían dos mil millones de pesos. Para exigir más dinero, tienen que presentar planes y proyectos, y estamos seguros que estos pendinches no tiene nada, por ende, no les habrán de autorizar, al menos que los diputados de LX legislatura estén durmiendo para no darse cuenta que es extremadamente descomunal la petición. Tomando en cuenta que el Poder Judicial de Guerrero está en entredicho su actuación, comenzando desde el que fue magistrado presidente, Jesús Martínez Garnelo, quien es acusado de haberse enriquecido ilícitamente, y luego de que fuera hacer mal papel como secretario General de Gobierno, pero esta tanta su “perruna” hambre de poder, que hasta ya se amparó, luego de que sus compañeros toga y birrete, no aprobaron su reincorporación como presidente, si no como magistrado, pero como se inconformó, tendrá su primera audiencia en el juzgado séptimo de distrito el próximo 17 de los corrientes, pero como es día inhábil, será aplazado hasta el 18, por lo del día de la Revolución Mexicana, pues hay puente largo anticipado al 20 de noviembre. Serán los diputados locales quienes de plano no sepan hacer cuentas, mucho menos exigir mayor información a la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín. Es cierto que se necesita dinero, pero no tanto como el que aspiran les autoricen los miembros de la LX legislatura local. Además no precisamente es necesario que se instale una sala para juicios orales por cada uno de los 18 distritos judiciales, porque hay muchos que no tiene carga de trabajo, por lo tanto, se pueden trasladar a los más cercanos, por ejemplo el de Huamuxtitlán y de Malinaltepec, pueden traer los casos a Tlapa de Comonfort; en la zona norte en Iguala de la Independencia, en Tierra Caliente una sala; en la Costa Chica, una, Costa Grande una, en tanto en Chilpancingo puede captar los asuntos de Chilapa de Alvarez y Tixtla, en tanto Acapulco, una sola sala, entonces estamos hablando cuando mucho siete salas de juicios orales. Además se tendría que agendar para descargar la carga de trabajo para ser eficientes y eficaces, por ello nos parece exagerando que el Poder Judicial esté demandando tanto presupuesto.