COLUMNA

Lectura Política

Noé Mondragón Norato

 Congreso local: cómplice de los hechos en Iguala

Desde el 28 de junio de 2013, la regidora perredista del municipio de Iguala, Sofía Lorena Mendoza Martínez, –esposa del extinto dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona- solicitó al Congreso local el procedimiento de juicio político contra el edil perredista José Luis Abarca Velázquez. Lo señaló de ser el autor intelectual del crimen que le arrebató la vida a su cónyuge. El Poder Legislativo guerrerense dio entrada a dicha petición el 9 de julio de ese mismo año a través de la Comisión Instructora, encabezada por el diputado local figueroísta, Omar Jalil Flores Majul. Hoy, cuando las cosas se calentaron demasiado por la ausencia de tacto y sensibilidad política del alcalde con licencia, los diputados locales “condenaron enérgicamente el uso de la fuerza pública contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa”, y demandaron hipócritamente, “una investigación exhaustiva de los presuntos ilícitos en que pudieran haber incurrido los mandos y elementos de la policía y las autoridades municipales de Iguala, así como el fincamiento de las responsabilidades que correspondan y, en su caso, su sujeción a proceso”. Pero hay otras lecturas que revelan la verdadera naturaleza cómplice de este poder público que convierte reiteradamente el discurso de la legalidad, en toda una farsa.

CONGRESO LOCAL CORRESPONSABLE.- Inicialmente y tras los sangrientos hechos que acabaron con la existencia de tres activistas de la UP en Iguala, el Congreso local condenó los hechos –como es su costumbre-, y exhortó al edil a pedir licencia a su cargo para no entorpecer las investigaciones. Y en claro desafío al Poder Legislativo local, el edil asumió que “no renunciaría”. Cumplió con su promesa. Desafió abiertamente a las instituciones. Y se envalentonó con los excesos. De ahí se abren las lecturas: 1.- Si el Congreso local y sus integrantes hubiesen aplicado el principio de que dicho edil se sometiera a una investigación imparcial a fin de aclarar ese triple homicidio y renunciara a la alcaldía igualteca, era su deber no solo exhortar a que el hoy alcalde defenestrado pidiera licencia, sino operarla ellos mismos con su voto en el pleno, pues la declaración de procedencia respalda sus decisiones ya que encuentra sustento jurídico en la propia Constitución política federal y local. Al declinar hacerlo así, se advirtieron tibios, sometidos y cómplices de lo irregular. 2.- Conforme pasaron los meses, el caso Hernández Cardona se enfrió. Y los diputados del Congreso local, también. Ni siquiera el señalamiento directo del testigo, Nicolás Mendoza Villa, contra el ex alcalde perredista de Iguala, los inmutó. De hecho, el recién ratificado coordinador de la fracción legislativa perredista y presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, minimizó la versión y urgió a Mendoza Villa –sin otorgarle garantías de ningún tipo-, a rendir esa declaración ante las autoridades locales competentes. Se entiende que con esa actitud, arropó y protegió al edil con licencia dado que ambos pertenecen a la misma tribu: Nueva Izquierda (NI). 3.- La agresión de los normalistas a las instalaciones del Congreso local tiene esta conexión: si los diputados locales hubiesen operado en tiempo y forma, la petición de revocación de mandato contra el hoy ex edil de Iguala, entonces se entiende que los hechos de violencia del pasado 26 de septiembre que enlutaron a muchos hogares guerrerenses, no hubiesen ocurrido. Porque incluso, tras largos careos y comparecencias tanto de la viuda de Hernández Cardona, como la hecha casi en secreto por parte de Abarca Velázquez, al final de cuentas la Comisión Instructora no ha resuelto ni emitido dictamen sobre la petición de juicio político. Y eso huele muy mal. Le pega directo al presidente de esa Comisión, Omar Jalil Flores Majul, en su aspiración por convertirse en candidato del PRI a la alcaldía de Taxco, y quien recientemente se quejó amargamente en torno a la inseguridad prevaleciente en la zona norte. El Congreso local y sus diputados no pueden hoy desgarrarse las vestiduras y exigir a las autoridades competentes, investigaciones y deslindes que arrojen culpables, cuando ellos no han hecho bien su chamba. Y se han conducido más bien, en los escabrosos caminos del soslayo y la complicidad. Son corresponsables de esos eventos funestos. De eso no hay ninguna duda.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El presidente Peña Nieto mandó claro el mensaje: el gobierno estatal debe asumir su responsabilidad en torno a los hechos violentos de Iguala. Y el gobernador Ángel Aguirre, contestó de inmediato, ponderando el respeto al gobierno federal, aunado al compromiso ineludible de investigar y esclarecerlos a la brevedad. Desde luego, con el consecuente castigo a los responsables. La relación entre ambos gobiernos no ha dejado de ser de entendimientos…El dirigente de la CRAC, Eliseo Villar, volvió a mostrar su rostro intolerante al decomisar equipo reporteril al periódico El Faro de Costa Chica, mezcladas con amenazas contra el director de ese medio, Fernando Santamaría Cruz. Y si las policías comunitarias actúan como delincuentes, es mejor por el bien común, que desaparezcan.

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