COLUMNA

Lectura Política

Noé Mondragón Norato

 PGR: trabajo aparatoso y estéril en Iguala

Las pesquisas sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dan giros completos sin llegar a caer en tierra firme. Son literalmente, vueltas en el aire. En este carril, la PGR y su titular Jesús Murillo Karam, recogen versiones diferentes; encuentran nuevas fosas con cuerpos cuyo evento no traspasa la barrera de los altos decibeles mediáticos y de la angustia de los familiares; detienen a delincuentes que, presumiblemente, habrían participado en la ejecución tumultuaria de los normalistas; acordonan lugares inéditos sin permitir el acceso a la prensa -como el basurero y el río de Cocula-; pero finalmente no están llegando al punto central del asunto, que es la aparición de los estudiantes. Y así, la federación se muestra limitada e incapaz. Como si su trabajo de inteligencia fuera anémico y le apostara al factor tiempo para atemperar la actual crisis que se desborda. Un repaso veloz por estos hechos permite entender la forma en que la PGR y la federación se hacen bolas.

MÁS DE UN MES SIN RESULTADOS.- Ya pasó más de un mes del secuestro y desaparición de los 43 normalistas y las autoridades federales están casi donde empezaron. Con una pequeña diferencia: su desgaste se acumula. Y las investigaciones se alargan inútil y estérilmente. Hay puntos concretos al respecto: 1.- Como para tratar de tapar algunos hoyos, la PGR interroga al líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, detenido hace unos días en Toluca. Le arranca confesiones perturbadoras. Entre ellas, que hubo “17 infiltrados” entre los estudiantes normalistas del grupo delictivo Los Rojos –sus acérrimos enemigos-, miembros de una célula comandada por Santiago Mazari Miranda, “El Carrete” o “el 8” presuntamente, sobrino del diputado local petista del vecino estado de Morelos y ex alcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos. De acuerdo a las autoridades federales, el objetivo de este grupo era asesinar al clan de los Benítez Palacio, encabezado por Víctor Hugo Benítez “El Tilo”, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala. De acuerdo con la causa penal 100/2014 del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, Los Rojos habrían pagado 300 mil dólares para que no interfiriera la Fiscalía de Justicia a cargo de Iñaki Blanco Cabrera, y la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Leonardo Octavio Vázquez Pérez, en “el asalto” de la plaza. De acuerdo a esta versión, 17 estudiantes habrían sido torturados, quemados y sus restos arrojados al río Cocula. 2.- Acercamientos de normalistas de Ayotzinapa con la delincuencia organizada ya se habían dado. Grupos delictivos se ofrecieron a brindarles ayuda. Así lo confirma Omar García Velázquez, uno de los estudiantes de esa normal rural: “No la aceptamos, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México no la aceptó, a pesar de la rabia tan grande que sentimos de que las autoridades nos ultrajaron…porque no nos metemos en asuntos de la delincuencia organizada y no tenemos la intención de entablar ningún compromiso con ellos”. El asunto es que la PGR no ha hecho trabajo de inteligencia necesario para detectar estas presumibles redes de compromisos y se ha quedado exclusivamente, en las versiones de los delincuentes detenidos. Y así, lo más seguro es que terminen acusándolos de fabricar historias. 3.- Pese al aseguramiento del basurero municipal de Cocula y del río que atraviesa esa población, aunado a las declaraciones de algunos policías detenidos y del propio líder de los Guerreros Unidos, la PGR no ha dado a conocer ninguna información relevante sobre los normalistas. Lo más notable de todo lo anterior es que les tomó declaración al procurador de justicia, Iñaki Blanco y al de Seguridad pública, Leonardo Vázquez. Como para darle certeza a la versión de Sidronio Casarrubias, el líder de Guerreros Unidos. De ahí que el trabajo de la PGR, del procurador Murillo Karam, de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, se reduzca a propalar versiones que, hasta el momento, no han conducido hacia ningún resultado en firme. A ello se suma otro hecho desolador: hasta el momento, tampoco se ha logrado la captura del edil prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Y eso le mete mucho ruido al trabajo de la federación y a la voluntad política del presidente Peña Nieto.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El que por fin dio la cara fue el director de la Norma Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera. Y lo hizo para desmentir que ese centro educativo este inoculado por la delincuencia organizada. Lo curioso es que nada hizo para detener o alertar a los estudiantes sobre el peligro inminente que corrían al invadir retadoramente, la plaza igualteca en poder de los Guerreros Unidos. Y ese hecho podría tipificarse en su contra, como indolencia. Hernández Rivera sin duda, tampoco ha hecho bien su tarea.

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