COLUMNA

Resquicio político

Hipólito Marbán

FISCALIAS FEDERAL Y ESTATAL: EN PAÑALES, EN RIDUCULO A NIVEL INTERNACIONAL

 La Procuraduría General de la República (PGR) que dirige Jesús Murillo Karam, y la fiscalía estatal que preside Iñaki Blanco Cabrera, han demostrado que en materia investigativa, están en pañales a comparación de otras naciones como Perú, Argentina, estos últimos cuentan con las tecnologías y personal humano, altamente capacitado para ejercer la función de procurar justicia, mientras que en México, solo formatos de escritorio y la mendicidad de los ministeriales pidiendo cooperación para la gasolina, la reforma al nuevo sistema penal acusatorio en México y

escalonadamente en Guerrero, por la falta de “recursos”, no se pondrán aplicar los principios rectores del juicio oral, mientras carezcamos de una procuraduría confiable que solo actúa, según ellos en delitos graves, con acusaciones por parte del denunciante de modo contundente y con pruebas, pues así lo califico el Procurador de la República Jesús Murillo Karam, cuando se le cuestionó por un reportero, que desde el inicio del gobierno peñista, existían en las delegaciones denuncias de complicidad y amasiato entre alcaldes y el crimen organizado, manifestando de tajo, que no eran denuncias que estas fueron simples comentarios, sin pruebas plenas, entonces nos preguntamos ¿porque solicitan a la población denuncias anónimas, que en las veces que los ciudadanos acuden a esta vía, terminan muertos después de haber denunciado, quien los ventaneó, cuando se suponía que la denuncia ciudadana es anónima?, lo cierto es que Murillo Karam decepciona con tales declaraciones a pesar de ser un abogado y político muy experimentado, olvidando que el artículo 21 Constitucional le otorga facultades exclusivas de investigación, a una institución encargada de investigar al presunto sujeto activo del delito, así como salvaguardar las víctimas sus bienes y su vida, así como establecer los criterios de política criminal, vigilar que el Estado de Derecho este vigente, bajo el principio de legalidad, sin que se comentan violaciones o atropellos a víctimas como a presuntos victimarios, no existe credibilidad suficiente de la ciudadanía hacia las fiscalías federal y estatal, en el caso de Guerrero, existen infinidad de denuncias por desapariciones, pero seguramente están esperando que los denunciantes aporten “pruebas plenas” de la identidad de los presuntos plagiadores, de no ser por el infortunio que pasaron y están pasando los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, esas fosas clandestinas no fuesen descubiertas, y ¿cuántas más existen en Guerrero? Hasta cuando las fiscalías echaran a andar la maquinaria investigativa de sus “experimentados” investigadores, para saber que los cuerpos encontrados en las diferentes fosas, que no son de los estudiantes desparecidos, se sabrá de quién son?, no se necesita ser investigador ni ensayista, para determinar que la fiscalía estatal, se encuentra sumido en el fango de la corrupción, denuncias y querellas estancadas, ante la incapacidad investigativa del ministerio público, lo cierto es que ante la falta de tecnología, capacitación real, y a falta de una entrega total a la profesión de investigar de acuerdo a las facultades Constitucionales del Ministerio Público, en los juicios orales, difícilmente los indiciados serán imputados ante el juez de control, por la nula preparación investigativa de los agentes adscritos al juzgado, y como en todo caso prevalecerá siempre la presunción de inocencia, la falta de una buena carpeta de investigación, coadyuvara que sigan sin ser procesados los verdaderos delincuentes, ante una defensa legal particular, ávida de demostrar que, tanto en el interrogatorio como en contra interrogatorio, demostrará la desnudez de los ministerios públicos, para sostener una imputación. Urge pero urge que tanto Jesús Murillo Karam como Iñaki Blanco Cabrera, dejen el cargo a expertos en política criminal evolucionen a estas procuradurías caducas y empolvadas, que solo hacen el ridículo internacional, en materia investigativa y de sostenimiento de su imputación en juicios orales.