ARTICULO

IEPC: la honorabilidad

Edilberto nava García

La humanidad y cada uno de sus miembros son producto social y, analizados individualmente tienen derechos y obligaciones graduales conforme a edad y condiciones de desarrollo físico y mental. Las condiciones de convivencia quedan establecidas de acuerdo a las relaciones que se van dando en el conglomerado  y su entorno; tales relaciones pueden ser económicas, políticas y sociales y como parte de éstas, algunas prácticas  muy caracterizadas, como la costumbre, el respeto u otras normas morales no estrictamente jurídicas.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero ha lanzado una convocatoria abierta a la ciudadanía a efecto de que sus miembros, mujeres y varones participen como aspirantes a integrar los consejos distritales electorales que habrán de ser rectores en sus respectivas demarcaciones del proceso electoral que se avecina. Dicha convocatoria establece los requisitos que deben reunir quienes se interesen en tal nivel de la estructura electoral.

Me tocó observar que algunos se presentan con documentación diversa que acredita  las acciones asentadas en sus respectivas historias de vida o currículums vitae y les decía comedidamente el responsable de la mesa, que llevaran sus originales para cotejarlos. En pocas palabras, la institución convocante no confía un ápice en la honorabilidad ciudadana. La postura institucional es discutible.

¿Qué nos puede decir el gobierno acerca del grado de seguridad pública? En estos momentos, quizá los funcionarios agacharían la cabeza, aunque no lo harían los cínicos. En Guerrero hay una seguridad pública prácticamente en manos de la delincuencia organizada. Lo vigente es la inseguridad, el riesgo permanente, la zozobra y el temor imperan. Y así quieren que viajemos con documentos originales? También están las policías comunitarias que al igual que sus símiles oficiales suelen colocar retenes.

Es lógico y evidente, que como aspirantes a consejeros electorales acudirán personas serias, ciudadanos honorables; difícilmente iría con papeles en mano un delincuente, aunque muy probablemente algún partido político, con intención de ser juez y parte, enviaría a alguien con experiencia como delincuente electoral, pero para ello hay lapsos de tiempo en que la autoridad convocante debe revisar los expedientes personales. Porque en efecto, en estos tiempos de conflicto, la sociedad exige limpieza, equidad, legalidad, legitimidad en los procesos electorales y el Estado e instituciones se obligan a lo mismo, pues de lo contrario se debilitan aún más con riesgos al derrumbe.

Sin duda, si no hay la menor intención de atentar contra la honorabilidad de la ciudadanía, las instituciones públicas han de cuidar en extremo al asentar en las convocatorias, conceptos, principios, requisitos. Normalmente, la ciudadanía al acudir a las ventanillas de atención al público no exige ni currículum vitae a la persona que atiende; la ciudadanía, en lo general ignora si quien lo atiende tiene los conocimientos, la capacidad y la voluntad para resolver los asuntos que le plantean y no le queda más que confiar en la buena fe, en la voluntad y disposición del servidor público.

Empero, hay en el marco legal que nos rige, algunas sanciones que deben aplicarse a quienes falten a sus deberes. Sí, sé que a muchos nos consta que a los servidores públicos nunca o casi nunca se les castiga. Cierto, pero a quien viole la ley se le debe ser sancionar: es la justicia del hombre.  En materia de justicia (debe incluirse la justicia electoral), debe sancionarse al servidor que dicte resolución de trámite, de fondo o definitiva injusta, contraria a la ley, con prácticas inmorales o por simple error de apreciación, pues dichas actos producen daño en el honor a los individuos, en sus bienes e incluso perjuicio al interés social.

Los funcionarios electorales, hoy más que en otros periodos, deben empeñarse por garantizar al pueblo de Guerrero la vigencia de los principios rectores de los procesos comiciales: la certeza, la legalidad, imparcialidad e independencia y objetividad, pues todos estos elementos configuran la legitimidad al proceso electoral y su producto: los representantes populares, sean éstos, gobernador, diputados uninominales y plurinominales así como alcaldes, síndicos y regidores de los 81 ayuntamiento de la entidad.