PRIMERA PLANA

Ruiz Massieu.El crimen perfecto 
Carlos Puig/Nexos  
 (Octava y última Parte)




 El tabasqueño Humberto Hernández Haddad fue diputado, senador, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y cónsul en San Antonio, hasta que en octubre de 1994 reportó a la Cancillería que según había sido informado por autoridades estadunidenses, el miércoles 19 de ese mismo mes agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos habían visto a Manuel Muñoz Rocha en la ciudad de San Antonio, en Texas. Según los agentes, Muñoz Rocha acompañaba al abogado Enrique Fuentes León, acusado de varios delitos en México, cuando fue apresado en la ciudad texana para ser extraditado. Seis meses más tarde, ante las acusaciones del cónsul Hernández Haddad de que el gobierno protegía a Muñoz Rocha,  la PGR emitió un comunicado en el que decía: 

“La Procuraduría General de la República investigó, en su momento, la veracidad de las afirmaciones consistentes en que Manuel Muñoz Rocha acompañaba a Enrique Fuentes León, cuando este último fue detenido en San Antonio, Texas, el 19 de octubre de 1994, a fin de ser extraditado a México.
”a) Enrique Fuentes León fue detenido por dos agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos y tres oficiales de la policía de la ciudad de San Antonio, el 19 de octubre de 1994, aproximadamente a las 12:00 horas, al salir del edificio donde se ubicaban sus oficinas (909 NE, Loop 410).
”b) Cuando fue detenido, Enrique Fuentes León se encontraba acompañado de dos mujeres, así como de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, 1.80 metros de estatura y 80 kilos de peso.
”c) El 29 de noviembre de 1994, es decir, 40 días después de la detención de Enrique Fuentes León, los oficiales del SIN que participaron en esa diligencia, identificaron, con base en fotografías que la Agregaduría Regional de la PGR en San Antonio envió a dichas autoridades, a Manuel Muñoz Rocha como la persona que acompañaba a Enrique Fuentes León el día de su detención, y que —según ellos— fue identificado por los agentes de la policía de San Antonio.
”d) Por su parte, los tres oficiales de la policía de la ciudad de San Antonio que participaron en la detención de Enrique Fuentes León, negaron categóricamente, bajo juramento, poder identificar a Manuel Muñoz Rocha como la persona que acompañaba a Fuentes León, el día de su detención.
”e) El señor William Franklin Gardner, quien era vecino de Enrique Fuentes León en el edificio de oficinas declaró, bajo juramento, que él era la persona que se encontraba con Enrique Fuentes León el 19 de octubre de 1994, cuando fue detenido por los oficiales del SIN y de la policía de la ciudad de San Antonio, ya que se encontró con él y con las dos mujeres que lo acompañaban al bajar del elevador y salir del edificio. El señor Gardner negó ser amigo de Fuentes León y tener negocios con él.
”f) Las dos mujeres que acompañaban a Enrique Fuentes León el día en que fue detenido, afirmaron ser las únicas que lo acompañaban en ese momento.
”g) De noviembre de 1994 a enero de 1995, debido a una investigación practicada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos en San Antonio, se descubrió la existencia de un individuo considerablemente parecido a Manuel Muñoz Rocha, quien era empleado de una conocida tienda de ropa para caballeros en San Antonio. Las fotografías de este individuo fueron mostradas a por lo menos tres personas que también decían haber visto a Manuel Muñoz Rocha por esas fechas en San Antonio, y quienes finalmente coincidieron en señalar que se trataba del empleado de la tienda de ropa”.
La insistencia de Hernández Haddad provocó que la SRE lo destituyera por “un reiterado desacato a la autoridad y un estado de completa alteración anímica y emocional que, en sus argumentaciones, llevaban al ex cónsul a una absoluta confusión y distorsión del buen juicio necesario para seguir desempeñándose como representante del gobierno de México en un país extranjero”.
Hasta hace poco, Hernández Haddad insistía que el acompañante de Fuentes León era Muñoz Rocha y que por razones no explicadas el gobierno de Zedillo lo había protegido.
En los mismos días en que alguien parecido a Muñoz Rocha era visto en San Antonio, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el siguiente aviso:  
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Vigésimo de lo Civil
EDICTO
En los autos del juicio procedimiento de cancelación y pago del título extraviado, promovido por Muñoz Rocha Manuel en contra de Bancomer, S.A., expediente número 134/96, el ciudadano Juez Vigésimo de lo Civil del Distrito Federal, por Ministerio de Ley, licenciado Guadalupe Pérez Palma, los resolutivos de dicha sentencia y que a la letra dicen:
México, Distrito Federal a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis. RESUELVE:
PRIMERO.- Ha sido procedente el procedimiento especial de cancelación y pago de título de crédito nominativo.
SEGUNDO.- Se decreta la cancelación del cheque de caja librada por Bancomer, S.A., con el número 065095, por la cantidad de N$ 500,000.00 (quinientos mil nuevos pesos) el día veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
TERCERO.- Se autoriza a Bancomer, S.A., a pagar a Marcia Cano Valdés como representante de Manuel Muñoz Rocha el importe del cheque identificado en resolutivo procedente, después del plazo de sesenta días, contado a partir de la fecha de publicación del extracto de esta resolución en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO.- Publíquese por una vez un extracto del presente fallo. Así, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Guadalupe Pérez Palma, Juez Vigésimo de lo Civil de esta capital, por Ministerio de Ley, quien actúa con el ciudadano Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Doy fe.
 México, D.F., a 24 de octubre de 1996.
El C. Secretario de Acuerdos “B”
del Juzgado Vigésimo de lo Civil
Lic. Miguel Augusto Tiburcio Toral
Rúbrica.
La mujer de Muñoz Rocha había logrado que Bancomer le pagara un cheque de caja emitido dos días antes del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu a nombre de su marido, desaparecido desde entonces. Medio millón de nuevos pesos. El cheque lo había encontrado la hermana de Muñoz Rocha en la bolsa negra que el tamaulipeco había dejado olvidada en su casa la noche del asesinato. 
En el expediente constan al menos dos peticiones del juez a Bancomer para que le diga quién expidió el documento. Hasta donde pude averiguar en el expediente no hay respuesta del banco. 
Pero aun sin conocer su origen, el cheque prueba que Manuel Muñoz Rocha no era más que un eslabón en la cadena delincuencial que mató a José Francisco Ruiz Massieu. 
  Cuando el mismo Chapa Bezanilla, que plantaba osamentas en el caso Ruiz Massieu, fracasó en su teoría del segundo tirador en el caso Colosio, el presidente Zedillo designó a un fiscal, Luis Raúl González Pérez, cuya orden era desmenuzar, examinar, volver a investigar, volver a preguntar y responder cada una de las dudas, teorías, especulaciones, que habían existido alrededor del asesinato de Lomas Taurinas. Cuatro años después se hicieron públicas más de 60 mil fojas, videos, fotografías, declaraciones y una conclusión.
Después del fiasco de El Encanto, la bruja y el militar cómplice, el Estado mexicano, avergonzado, optó por la retirada. Abdicó de su responsabilidad.
Raúl Salinas fue declarado no culpable y en prisión sólo quedan Fernando Rodríguez, Daniel Aguilar y Carlos Cantú.
Nada sabemos del destino de Muñoz Rocha y menos aún de quien lo financiaba. ¿Quién y por qué se mandó asesinar a quien sería el líder de los diputados de la mayoría priista? No lo sabemos, ni lo sabremos. El Estado mexicano decidió utilizar el crimen para borrar del mapa el rastro de un sexenio y arrasó con reputaciones —la de la víctima entre ellas— y algunas vidas. Y decidió, convenientemente, olvidarse del crimen de la calle de Lafragua. 
El o los culpables, donde quiera que estén, cometieron el crimen perfecto.
 Carlos Puig
Periodista. Es articulista de Milenio Diario y titular del programa En 15, transmitido por Milenio TV.
 NOTA: Este texto está armado, fundamentalmente, con el expediente del caso Ruiz Massieu del cual —no entiendo muy bien por qué— conservo muchos cientos de hojas en mis archivos personales. Pero hubiera sido imposible sin el trabajo periodístico de aquel momento de muchos colegas. Sobre todo el de Carlos Marín, pero también los de Ignacio Ramírez y Miguel Cabildo en Proceso, Ignacio Rodríguez Reyna y José Reveles en El Financiero o Ciro Pérez Silva en La Jornada. De aquellos trabajos hay fragmentos en éste. Mención aparte merece la crónica de Ramón Márquez publicada en Proceso el 28 de noviembre de 1994. 

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