PRIMERA PLANA

No más lágrimas, exigiremos

la libertad de presos políticos 

Sergio Ferrer.TLAPA DE COMONFORT, GRO.- Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos Herrera, indígena integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), actualmente preso político del gobierno de Ángel Aguirre Heladio Rivero, reiteró que no bajará la cabeza y continuará luchando por sus seis hijos y su esposo, asimismo pidió a la sociedad no dejar solos a los luchadores sociales encarcelados injustamente, "si ustedes están libres, no permitan esta injusticia". 

En la primer parte de la mesa sobre Sistemas Normativos incluida en las actividades del aniversario 20 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, estuvieron presentes familiares de cinco presos de la Policía Comunitaria: Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez. 

García de Jesús señaló que el peor delito de su marido fue pertenecer a la CRAC-PC, organizar a la gente que quiere un futuro para los pueblos y ser indígena, pero reiteró que jamás frenarán su lucha y que tiene dignidad y principios que valora mucho, por lo que tiene fuerza para seguir luchando mantener a sus seis hijos. 

La mujer señaló que no es imposible continuar el esfuerzo de su marido el cual seguirá “porque el se sentiría mal si no lucho, no nos dejaremos intimidar”, dijo firme.

 “Maldito gobierno que dice mentiras, no derramaré más lágrimas porque cuestan, pedimos libertad para todos los compañeros presos”, ratificó y pidió a la sociedad su apoyo no con dinero, sino con acciones para promover la libertad de los presos de la CRAC-PC. 

En este tenor, se expresaron la hermana de Nestora Salgado García, la esposa de Gonzalo Molina y la madre del na savi, Samuel Ramírez.

El abogado Vidulfo Rosales Sierra remarcó que el gobierno de Guerrero no respeta ni poquito la Constitución, dando cárcel a quienes administran justicia comunitaria acusándolos de secuestro y delitos graves, afirmó que hay cuatro presos políticos de Guerrero enviados a penales fuera del estado que permanecen incomunicados y otros comunitarios más detenidos en Acapulco. 

Cleotilde Salgado, hermana de Nestora, recordó que luego de que el pueblo de Olinalá se levantara en armas el gobernador les recomendó integrarse a la Policía Comunitaria de la CRAC, lo cual hicieron pero cuando detuvieron a delincuentes que tenían nexos con políticos fue detenida. La dirigente comunitaria permanece aislada, sin poder hablar con sus abogados.

Ausencia Honorato Vázquez remarcó la violación a los derechos humanos de su esposo y los de su familia, reprobó la represión que ejerce el gobierno contra luchadores sociales.

Indicó que en el caso de Tixtla la población se organizó ante las extorsiones y secuestros pero el seis de noviembre, fue detenido por 100 policías. “Es un maltrato, ahorita llevo dos meses de no poder verlo, antes tardé horas para poder verlo, adentro le dan solo bolillo remojado con huevo, yo no puedo trabajar pero les pido no dejemos de luchar, les solicito nos apoyen” señaló Honorato Vázquez.

La madre de Samuel Ramírez, detenido por el Ejército en Cochoapa el Grande, acusó al alcalde de haber traicionado a la Policía Comunitaria y al síndico municipal de haber entregado a su hijo en noviembre pasado, acusado de portación de arma de fuego exclusiva de uso del Ejército, cuando cumplía funciones de policía comunitario.

Rosales Sierra advirtió que los sistemas normativos amenazados por la Ley 701 que depende del artículo 10 solo tendrá vigencia dos años más, ya que no está incluida en la nueva Constitución por lo que solo quedará el respaldo de la Carta Magna federal.

Ante esta oscuridad, reviró que hay una esperanza en los tribunales colegiados o unitarios a nivel federal, que han dado resoluciones favorables para Nestora, Gonzalo, Arturo y Samuel, que marcan que no existe delincuencia organizada reconociendo la validez de los sistemas normativos y el derecho de los pueblos a organizarse.

Señaló que es una mentira que los indígenas necesitan una licencia del Ejército o la Procuraduría para portar arma en su comunidad y acusó que con los traslados a penales federales el gobierno de Guerrero viola tratados internacionales y recomendaciones, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda no utilizar esas prácticas. EL abogado pidió a los indígenas frenar la división y decir ya basta a la discriminación del gobierno.(Quadratín de Guerrero).