COLUMNA

Lectura Política

Noé Mondragón Norato

Alcaldías; en la mira de la delincuencia organizada

Los mensajes de la delincuencia organizada están siendo enviados en los últimos días y con singular fuerza, hacia las alcaldías municipales. Y se entiende: las comunas representan el primer círculo de control territorial a través del cual manejan sus relaciones delictivas. Toman como suya esa demarcación y así lo venden hacia los demás grupos criminales. Para que no intenten invadirla. Y dada la cercanía del proceso electoral, es justo ahora cuando también hacen sus apuestas. Son ya un poder fáctico que busca ser invitado a esa reunión accesando no por la entrada principal, sino tumbando puertas. Los hechos recientes confirman que la espiral violenta cuyos destinatarios son algunas presidencias municipales, está inoculada por el fenómeno de abrir por anticipado, negociaciones oscuras y turbias. La radiografía es elocuente.

ALCALDÍAS EN LA MIRA.- Las alcaldías son un blanco fijo de la delincuencia. Prioritario para sus operaciones delictivas. Uno de los primeros indicios en relación a su importancia, lo dio el alcalde de Telolopan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, quien el 29 de septiembre de 2012 –apenas un día antes de que tomara posesión del cargo-, fue exhibido en un video sosteniendo un pacto en materia de seguridad pública con integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana. Luego, en los inicios del mes de diciembre de 2013, miembros del Ejército mexicano asesinaron al director de Seguridad Pública del municipio de Arcelia, Mario Urióstegui Pérez La Mona, de 45 años, Josué Gabínez Ramírez de 29 quien era el subdirector y los empleados municipales  Juan Martínez Estrada y Marcelo Martínez. Supuestamente, iban de cacería. Otros conceden que se trató de una emboscada. El edil priísta Taurino Vázquez, demandó una investigación a fondo. Pero del propio Ejército saltó la versión en el sentido de que La Mona, era suegro de Johnny Hurtado Olascoaga, uno de los principales líderes de ese grupo delictivo en la región Norte y Tierra Caliente. De ahí se conocerían otros casos: 1.- El pasado 8 de abril fue detenido por agentes de Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), el edil perredista de Cuetzala y miembro selecto de la tribu Grupo Guerrero (GG), Feliciano Álvarez Mecino. Se le acusó de secuestro y de pertenecer a un grupo delictivo. Cuando era precandidato fue secuestrado y su familia presumiblemente, pagó el monto del rescate. Pero se entiende que sus captores le leyeron la cartilla. Porque después de su cautiverio, regresó a ganar con votos, esa alcaldía. Hoy está preso en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas. 2.- Desde el pasado sábado 28 de junio, un grupo de sicarios inició el día atacando a balazos la comandancia de la policía municipal de Zumpango. En la persecución e intercambio de disparos, las fuerzas federales ultimaron a dos de ellos. Pero un día después, el grupo delictivo amenazó con ir directamente por el edil priísta de ese municipio, Ignacio Basilio García, lo cual provocó una intensa movilización policiaca. Al edil de ese municipio le anteceden varios hechos violentos ocurridos en esa demarcación. Uno es relativamente reciente: el hallazgo de una fosa clandestina con 14 cuerpos, el pasado 7 de junio. Ante el hecho, Basilio García enmudeció. Hoy tiene el horno muy caliente. Y tampoco explica de qué se trata. 3.- En el municipio de Ahuacuotzingo, región Montaña, el ex edil perredista y miembro de la tribu Nueva Izquierda (NI), Francisco Quiñones Ramírez, fue asesinado a balazos en la entrada a esa cabecera municipal. Había anunciado que participaría por segunda vez, en la elección interna del aspirante perredista a esa alcaldía. Su hijo, Francisco Quiñones Nava, fue secuestrado el 11 de octubre de 2012, unos días después de que su padre abandonara el gobierno municipal. El joven todavía no aparece. El eventual regreso de Quiñones Ramírez, se convertía en amenaza para ciertos intereses oscuros que, al amparo de la delincuencia organizada, pudieron operar para deshacerse en definitiva del ex alcalde. Así, la delincuencia organizada parece decidida a involucrarse en las definiciones de poder en varias alcaldías, rumbo al proceso electoral que se avecina. Y ese es un mensaje perturbador y preocupante para el común de los ciudadanos.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El discurso de la transparencia se ha convertido en arma política de uso común en el Congreso local. Cuando lo que existe de fondo, son las burdas imposiciones. El asunto para designar al auditor de la AGE se instala en ese carril. Y lo acaba de refrendar el diputado del PT, Jorge Salazar Marchán, quien asume que la situación por la que atraviesa la entidad “es por la falta de contrapesos y por eso el órgano fiscalizador debe ser dirigido por un profesional sin intereses políticos”. ¿Acaso el poder legislativo a designado “sin intereses políticos” a los consejos del IEEG, del ITAIG y del Tribunal Electoral? ¿De qué clase y tamaño es la simulación propuesta por el diputado local petista?

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