COLUMNA
Lectura Política
Noé Mondragón Norato
Violencia y crímenes políticos
Los hechos de violencia parecen por momentos, incontenibles. Apenas el pasado sábado se encontraron los restos semienterrados de Mario Rico Ramírez, chofer y guardaespaldas de la alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz. Y ayer lunes los del vocero de la secretaría de Salud Municipal en Acapulco, Jorge Torres Palacios. Sin duda, hechos lamentables y condenables desde la perspectiva que se les observe. Pero hay un ingrediente político que inocula sin duda alguna, ambos crímenes. Es cuestión de ubicarlos.
CRÍMENES E IMPUNIDAD.- El crimen y los intereses políticos parecen confluir en una siniestra trama que deja hogares enlutados como consecuencia de una violencia desbordada, que no conoce límites. Pero también, emana un fuerte tufo a impunidad e indolencia. Basta pulsar los contextos: A) Desde el pasado 30 de abril, Mario Rico Ramírez alias El Payaso, chofer de la alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, desapareció. Dijo que iba a un asunto de trabajo. Nunca regresó. Apenas el sábado pasado lo encontraron semienterrado cerca de una cribadora de grava, no muy lejos de la cabecera municipal. El pasado 24 de mayo, Atanasio Rico Loeza, padre de la víctima, señaló públicamente y como responsable de la desaparición de su vástago, a la alcaldesa de Tierra Colorada. “Tiene 15 días de desaparecido mi hijo y yo hago responsable a su patrona, a la presidenta. Ella dijo que tendría que perder al payasito porque sabía muchas cosas malas de ella”, dijo en conferencia de prensa el afligido padre. Lo cierto es que el crimen de dicho personaje se enmarca en un clima de confrontaciones permanentes entre la propia alcaldesa panista de ese municipio, y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), dependiente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una agrupación que ha encontrado en los escándalos criminales, la manera de seguir vigente y en el ojo de los reflectores públicos. Si se recuerda bien, la UPOEG le sirvió como trampolín político al empresario Pioquinto Damián Huato, para dirigir sus ataques contra el alcalde priísta de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, acusándolo de proteger al grupo delictivo Los Rojos. Siguiéndole el juego a Pioquinto, la UPOEG amenazó incluso, con asumir la seguridad pública en la capital de la entidad. Al final, al UPOEG se dio cuenta de los verdaderos intereses políticos que perseguía el empresario. Y marcó su distancia. Con la alcaldesa de Tierra Colorada no ha ocurrido así. La tienen más cerca y conocen sus debilidades. Por eso la violencia no cesa en ese municipio. Al parecer, hay intereses de ambos lados para que así se mantenga. B) Al vocero de la Secretaría de Salud en el puerto de Acapulco, Jorge Torres Palacios, lo levantaron al llegar a su vivienda por el rumbo de El Coloso, en Acapulco, el pasado jueves 29 de mayo. Un grupo de hombres armados ya lo esperaba. Su cuerpo sin vida fue descubierto ayer lunes en una fosa clandestina ubicada atrás del panteón de la comunidad de Plan de los Amates. De su crimen nada se sabe. La Procuraduría de Justicia mantiene un total hermetismo en torno a la investigación. El vocero de Salud y periodista, había trabajado como conductor en la paraestatal Radio y Televisión de Guerrero (RTG), durante el sexenio del priísta y actual senador, René Juárez Cisneros. Luego se desempeñó como delegado de Comunicación Social en el puerto de Acapulco, durante el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo. Su crimen se suma al perpetrado el pasado 23 de enero, contra el también articulista en el periódico Vértice y profesor, Miguel Ángel Guzmán Garduño, quien fue asesinado en idénticas condiciones: cuando llegaba a su vivienda por la noche. Se entiende que ambos son crímenes asociados a su actividad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), prometió indagar el asesinato de Guzmán Garduño. Pero hasta el momento es el silencio lo que impera. Y en el caso de Torres Palacios, la PGJE está hecha bolas. Desde donde se le vea, son atentados a la libertad de pensamiento. Al proceso democrático que se percibe así, en franca involución. Retrocesos nutridos por el imparable avance de la impunidad. La violencia y el crimen tienen así, manga ancha para actuar. Desde luego, aparecen también muchos intereses escondidos detrás de esta cauda sangrienta. Y el tejido social se sigue pudriendo.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Si de verdad mostrara disposición para venderse como demócrata hacia el exterior, el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, debería demostrarlo primero, hacia dentro. Y reponer todo el proceso electoral del pasado 27 de mayo, tal y como lo demandan los contendientes inconformes. Esa fraudulenta, amañada y sucia elección, le está provocando pérdida de consensos y simpatías al efímero inquilino de la rectoría. De no hacerlo, Saldaña quedará exhibido en toda su naturaleza autoritaria y marcado en definitiva, por el abuso de poder. Está a tiempo de reivindicarse.
dragonato@hotmail.com
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