POLICRONICA

      Impunidad…Exactamente hoy se cumplen dos años en que fueron desalojados brutalmente los normalistas por la fuerza del Estado, con un saldo de dos muertos, heridos y detenidos, pura impunidad, nadie está en la cárcel, puro show aguirrista.

Hasta este día ningún servidor público ha sido sancionado ejemplarmente por esos hechos lamentables, inclusive la principal responsable que no resuelve nada, sigue de Secretaria de Educación Guerrero, Silvia Romero Suárez, pues el bloqueo de hace dos años fue precisamente porque no les resolvió sus legítimas demandas de los estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, en tanto que fueron únicamente destituidos el entonces Procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, pero únicamente por unos meses, porque ahora hasta le crearon su Secretaría del Trabajo, y corrió la misma suerte pero con menos, Ramón Almonte Borja, quien era Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, pero no le crearon otra secretaría, y hasta la fecha no lo han incorporado a la administración pública aguirrista. En tanto los agentes ministeriales presuntamente  autores materiales del crimen de dos estudiantes normalistas, están libres y hasta este día, no han llamado a cuentas a los Policías Federales, es más quien los encabezó, Valenzuela, ahora es flamante Secretario de Seguridad Pública de Acapulco. En lugar de destituir a la titular de la SEG, Silvia Romero Suárez, la siguen sosteniendo en el cargo, tan incapaz, que siguen los conflictos magisteriales, lo que no entendemos el porqué el gobernador perredista Angel Heladio Aguirre Rivero, la sigue sosteniendo en un cargo que no se merece, mucho menos ha estado a la altura de las circunstancias. ¿le sabrá  Silvia algo turbio y algo burdo que lo ponga entredicho ante la opinión pública?, o de plano es muy poderoso su padrino político Rubén Figueroa Alcocer, para que siga usufructuando la SEG. Hoy jueves 12 de diciembre de 2013 se conmemora el segundo aniversario de las violaciones a derechos humanos cometidas contra estudiantes de la Norma Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocasionadas por el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de una manifestación estudiantil. Como el año pasado, la conmemoración de estos lamentables hechos no va de la mano con avances en el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la adopción de medidas de no repetición. A dos años de los hechos, estos permanecen en la más absoluta impunidad. Como es del conocimiento público, el 12 de diciembre de 2011 la Policía Federal de la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero hicieron un uso desproporcionado de la fuerza pública para responder a una manifestación estudiantil de alrededor de 300 normalistas de Ayotzinapa, de entre 18 y 22 años, que simplemente demandaban una audiencia con el Gobernador por el Partido de la Revolución Democrática Angel Heladio Aguirre Rivero. Según se acreditó en las investigaciones, en el operativo participaron al menos 168 elementos policiales de la Policía Federal, de la Policía Ministerial estatal y de la Policía Estatal Preventiva, de los cuales 91 portaban armas de fuego. La investigación posterior comprobó que al menos 24 de estas armas fueron disparadas en los hechos, involucrando a todas las corporaciones policiales presentes; también se verificó que ningún manifestante acudió armado. Como consecuencia de este operativo, fueron ejecutados extrajudicialmente Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; también fue privado de la vida el señor Gonzalo Rivas Cámara. Además, fueron detenidas arbitrariamente 24 personas; y un estudiante de 19 años fue violentamente torturado por la Policía Ministerial guerrerense, en un fallido intento de imputarle dolosamente la portación de un arma de fuego. Pese a que los hechos del 12 de diciembre de 20111 consternaron a la sociedad guerrerense y a la opinión pública nacional, a dos años de que ocurrieron ningún funcionario público ha sido penalmente sancionado. Dos Policías Ministeriales fueron acusados de haber disparado contra los estudiantes, pero en abril de 2013 obtuvieron un amparo contra el Auto de Formal prisión que les fue dictado y hoy se encuentran en libertad. En cuanto a la tortura y el intento de encubrir lo ocurrido fabricando culpables de entre los estudiantes detenidos, ningún servidor público ha sido sancionado. Quienes en su momento fueron separados de las instituciones implicadas como sanción política, poco a poco han vuelto se han reincorporado a la función pública. La impunidad se ha consolidado. Siendo inexistentes los avances en la sanción penal de los responsables, otros procesos abiertos pierden relevancia. Así, de poco ha servido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya emitido su primera Recomendación por violaciones graves a derechos humanos, empleado su nueva facultad constitucional, pues el Ombudsman Nacional no impulsó ningún mecanismo extraordinario para asegurar el cumplimiento de dicha recomendación, como lo ameritaba el caso. Sin duda, esta situación demuestra que de poco sirve ampliar las facultades de estos organismos si las mismas no se emplean a cabalidad y con determinación. Por otro lado, lo ocurrido el 12 de diciembre de 2011 no ha repercutido en la adopción de medidas que garanticen la no repetición de estos hechos. En Guerrero el delito de tortura aún no ha sido incluido en el Código Penal; la marginación estructural de las normas rurales no ha sido atendida; y la Procuraduría General de Justicia no ha sido renovada para que los elementos que emplean la tortura de manera sistemática sean removidos. Por el contrario, hoy la justicia guerrerense se encuentra sumida en una profunda crisis: en los últimos dos años, al menos 13 activistas y luchadores sociales han sido asesinados y/o desaparecidos, sin que la mayoría de estos casos se haya esclarecido o sancionado. La impunidad que comparten estos casos contrasta notablemente frente a la severidad y la desproporcionalidad con que han sido acusados 13 promotores de las diversas expresiones de Policía Comunitaria, quienes hoy están encarcelados tras haber sido acusados desproporcionadamente de delitos en extremo graves como secuestro y terrorismo; varios de ellos y ellas, además, han sido trasladados a centros federales de reclusión, incluso de máxima seguridad. El desbalance es evidente: las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y la severa tortura de uno de sus compañeros no despertaron la misma reacción enérgica de las autoridades. En Guerrero, para la ejecución y tortura de estudiantes hay impunidad, pero para los desesperados intentos de la gente que se organiza contra la campante inseguridad hay acusaciones de terrorismo y traslados a penales federales. Ante el descrédito de la justicia guerrerense, los familiares de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, como en muchos otros casos de impunidad, se ven orillados a elevar su reclamo ante instancias internacionales. En el marco de las recientes discusiones en el ámbito nacional, lo ocurrido en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011 es una clara señal de que responder exclusivamente bajo la óptica de la seguridad y del derecho penal al ejercicio del derecho a la protesta sólo genera mayor encono y polarización. En ese sentido, la conmemoración de esos hechos constituye un recordatorio perenne de que reprimir las protestas y criminalizarlas desde la ley es el camino del autoritarismo.…Solochilpo…La tarde noche de ayer hicieron la presentación del portal www.solochilpo.com, a la fecha tiene  un millón de personas que leen en Facebook por semana, recibe cientos de mensajes, más de tres mil fotos publicadas, más de mil denuncias ciudadanas, 10 mil publicaciones y miles de visitas que han hecho a la página. La presentación sucedió en el auditorio José Agustín Ramírez del Palacio de la cultura Ignacio Manuel Altamirano en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.