PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Ser luchador social en

Guerrero cuesta la vida 

Javier Francisco Reyes.--En Guerrero ser luchador social, defensor o defensora de los derechos humanos puede costar la vida, esto luego de que  fuera asesinado José Luis Olivares Enrique y su esposa, en Coyuca de Benítez, ayer domingo alrededor de las 8:00 de la mañana su domicilio.

Mediante un comunicado de prensa hecho llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan condena enérgicamente los asesinatos de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), y de Ana Lilia Gatica Rómulo, ocurrido la mañana de este domingo en Coyuca de Benitez, Guerrero.

En su postura, revela que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tenía conocimiento del activismo social de Luis Olivares. “Apenas la semana pasada, recibimos en nuestras oficinas una llamada de él, denunciando las violaciones a derechos humanos cometidas en un operativo mixto de la Policía Ministerial y las Fuerzas Armadas, por virtud del cual fueron detenidos en la Colonia Fuerte Emiliano Zapata varios jóvenes que hasta el día de hoy permanecen arraigados”.

Cabe señalar que esos hechos fueron en su momento denunciados por José Luis Olivares Enríquez ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con el acompañamiento de Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, de Chilapa, Guerrero.

Igualmente, fue del conocimiento de Tlachinollan que José Luis Olivares  Enríquez solicitó medidas cautelares hace unos días ante el Ombudsman estatal, al haber recibido amenazas de muerte.

Los asesinatos de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), y de Ana Lilia Gatica Rómula, confirman que en Guerrero ser luchador social, defensor o defensora de los derechos humanos puede costar la vida. 

Asimismo, evidencian que el entorno para ejercer esas actividades se ha venido deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos; de ello dan cuenta la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Baustista, y los homicidios de: Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala de la Independencia, quienes fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo de 2013 en dicha cabecera municipal y posteriormente ejecutados.

Asimismo  el asesinato de Raymundo Velásquez Flores, integrante de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 5 de agosto de 2013 en Coyuca de Benítez; y, más recientemente, de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada el 19 de octubre en el municipio de Atoyac de Álvarez. También se suma a crímenes contra defensores de años recientes que han quedado en la impunidad como las ejecuciones de Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas y Lorenzo Fernández Ortega, entre muchos otros.  

Por ello, ante la total descomposición de las condiciones mínimas para que luchadores sociales, defensoras y defensores podamos hacer nuestra labor, exigimos al Gobierno del Estado de Guerrero una investigación pronta y expedita pues, como se ha comprobado hasta el cansancio en nuestro estado, la impunidad alienta a que hechos como el que hoy lamentamos se sigan repitiendo.