PRIMERA PLANA

 Problemas psiquiátricos, ya

 sufre Nestora:Tlachinollan 

El representante legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra advirtió que Nestora Salgado García sufre de problemas psiquiátricos a consecuencia del encierro en el que se encuentra, por lo que solicitara que organismos internacionales intervengan en este caso. 

También advirtió que la formal prisión que se le dicto a Gonzalo Molina no tiene razón de ser jurídicamente hablando, puesto que el delito de terrorismo no es acreditable en este caso de acuerdo a la norma jurídica. 

Rosales Sierra acudió la mañana de este miércoles al Juzgado Segundo federal para dar seguimiento al caso de los policías comunitarios de la casa de justicia de Zitlaltepec detenidos por portación de arma de fuego.

Informó que se realizó una audiencia donde Samuel Ramírez Gálvez, quien fue detenido con arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano, presentó un testimonial, por lo que como su defensor legal estuvo presente.

No obstante dio a conocer que interpuso un amparo en contra del auto de formal prisión que se le presentó a Samuel y el resto de sus compañeros, bajo el argumento de que la Juez que lleva el caso no hizo un análisis correcto de que ellos pertenecen a una institución comunitaria de seguridad y justicia que está reconocida “ampliamente en la Ley 701”.

“Con la portación de armas que hacen los policías comunitarios, amparados y reconocidos en una Ley, no se vulnera la seguridad pública ni el orden público, por el contrario, uno de los fines de la CRAC es buscar el orden en los pueblos”, aclaró.

En ese contexto instó a que el juez de distrito pueda tener otro criterio y otorgar la libertad a los comunitarios. 

Aclaró que el amparo es contra la resolución del juez séptimo de distrito, mismo que se está ventilando en el juzgado primero de distrito. 

Sobre el caso de Gonzalo Molina a quien la tarde del martes se le dio auto de formal prisión, Vidulfo Rosales indicó que esta resolución se está dando en los mismos términos que en el caso de los de Zitlaltepec.

“Hay una preocupación porque el poder judicial tanto federal como local en el país y en Guerrero, no está considerando los derechos de los pueblos indígenas. No está considerando el artículo dos constitucional que establece que tienen libre autonomía los pueblos para tener sus propios sistemas normativos y para tener sus propios términos de justicia y de seguridad”, resaltó.

Añadió que esto es “peligroso y riesgoso” porque “se está dando marcha atrás” ya que no hay un análisis exhaustivo de lo que dice el artículo 2, el convenio 169 y el artículo primero recientemente reformado, así como de la Ley local en Guerrero.

Insistió en que el juez cuarto de primera instancia en materia penal dictó el auto de formal prisión en contra de Gonzalo Molina, “descontextualizando que él pertenece a la CRAC y que había un conflicto sociopolítico en la entidad a raíz de la detención de varios policías comunitarios”.

Aclaró que en ese sentido se enmarcó la protesta realizada el día 26 de Agosto, como consecuencia de un conflicto socio-político que derivó en una confrontación entre dos cuerpos policiacos, “sin que esto pusiera en riesgo el orden público de la entidad, de la nación, ni que causara pánico y terror, razón por la cual no se acredita el delito de terrorismo”. 

Entre otras cosas, el defensor legal lanzó un llamado al poder judicial y legislativo locales para que definan sus propios criterios en torno a estos casos y dejen de lado el sometimiento que hasta el momento han demostrado para con el poder ejecutivo, que, a su vez, muestra sometimiento hacia el gobierno federal. 

Afirmó que hasta el momento se han estado “pisoteando” las leyes que amparan las funciones de la CRAC, por lo que solicitó a los jueces que desempeñen un papel “fundamental” que haga desequilibrio al poder ejecutivo, mientras que a los diputados defender las leyes que ellos mismos crearon. 

Exigió que se cite a comparecer al procurador de justicia del Estado para que frente a los legisladores dé cuentas del por qué está conculcando la Ley 701 y por qué se está pisoteando la Ley 701.

“Los diputados ayer debieron actuar y el juez también, el poder judicial lo que debió hacer es por lo menos en cuanto al delito de terrorismo es decretar la libertad del compañero porque no se acredita ese delito y el poder judicial también vía apelación debe decretar la libertad de Nestora, no hay elementos que acrediten ese delito si en verdad vivimos en un sistema democrático”, resaltó. 

Sin embargo aclaró que se sigue viviendo bajo el sistema autoritario donde hay un gobierno que utiliza el poder judicial, el sistema de justicia y la Ley para reprimir a los disidentes políticos. 

Agregó en torno a la forma de gobernador del actual mandatario: “yo creo que es entendible pues él (el gobernador) viene de un pasado priista, es un gobierno que cambió de camiseta pero que en el fondo sigue teniendo ese estilo de gobernar”. 

Finalmente se refirió al caso de Nestora Salgado de quien afirmó: “la información que tenemos es que ella empieza a presentar algunos problemas psiquiátricos por el aislamiento en que vive, la falta de asistencia médica y toda la serie de circunstancias que presuponen lo que es estar en un penal de máxima seguridad cuando la personalidad de ella no es la personalidad de un delincuente, no es la personalidad violenta”. 

Especificó que en suma, no se justifica en términos de personalidad jurídica y en términos legales su estancia en un penal de máxima seguridad. 

“Es un asunto delicado y próximamente vamos a ver algunas acciones con algunos organismos internacionales para que verifiquen esa situación. Por lo menos que haya algunos llamamientos y vamos a presentar información respecto a su estado de salud”, concluyó. (API).