PRIMERA PLANA

Apoya gobierno con dinero a

la CRAC y ésta expulsa socios

Familiares de detenidos acusaron que las casas de justicia que tiene a su cargo la policía comunitaria dependiente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), reciben un financiamiento del gobierno del estado de cien mil pesos mensuales cada una, recursos que hasta el momento no se ajustado ni clarificado su utilización.

Lo anterior salió a relucir en una asamblea micro regional en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, donde supuestamente se dio la expulsión de tres dirigentes: Procuro Valente Gil, de Tecoanapa; Arturo Campos Herrera, de Ayutla y Gonzalo Molina González, de Tixtla, ya que fueron acusados de haber saqueado a la organización.

Integrantes de la CRAC que participaron en dicha reunión, confirmaron que también fueron expulsados son Sergio Gallardo Catarino, Carlos Chávez Morales, Ernesto Morales Castro, Jaime Morales Castro y Salvador Chino Sabino, de quienes dijeron que se niegan rotundamente a entregar la papelería oficial, así como la relación de las armas decomisadas por los elementos del Ejército Mexicano cuando los desarmaron durante el bloqueo carretero de Cruz Grande.

Familiares de personas que se encuentran en proceso de reeducación en la comunidad de El Paraíso, entre ellos, Fidela Villalva Martínez, Oscar Guadalupe Rendón y Moisés Díaz Garante, aseguraron que los expulsados abrieron una casa de justicia de manera paralela a la de El Paraíso, justamente en la comunidad conocida como La Fátima, de Ayutla de los Libres, a donde se llevaron a las personas detenidas que tenían a su cargo, así como más de cien mil pesos en efectivo que les entregó Eliseo del Villar como parte del apoyo que puntualmente reciben las casas de justicia de la CRAC por parte del gobierno del estado.

Ante esta situación, señalan que la CRAC y sus diversas casas de justicia que tienen a su cargo, tanto en Costa Chica como en la región de la Montaña Baja, han recibido ese financiamiento de cien mil pesos mensuales, “aunque ellos justifican que ese dinero lo ocupan para darles de comer a las personas que tienen en proceso de reeducación, pero no hay nada claro al respecto, dado que los prisioneros se quejan de que solamente les dan de comer tortillas con sal y algunas veces sopa con frijoles”.

Otras personas también reclaman que no les dan jabón ni agua para el aseo personal, mientras que unos más que están deteriorados en su salud, revelan que no los atiende ningún doctor o alguna enfermera, hay mujeres que están embarazadas y se quejan porque pueden perder a sus hijos, con lo que queda demostrado que no hay nada claro en cuanto a la aplicación de los recursos que les otorga el gobierno del estado a cada una de las casas de justicia. (API).