PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Condena CNDH maltrato

Aguirrista a desplazados 

 Ezequiel Flores Contreras (Apro).--La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que investiga el caso de las 131 personas desplazadas por la narcoviolencia del poblado de Las Shascuitas, municipio de San Miguel Totolapan, que se encuentran refugiadas en un hotel del puerto de Acapulco sin ayuda gubernamental.

El organismo condenó el hecho de que el subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno estatal, Victoriano Sánchez Carbajal, intentó desalojar a las víctimas “a través de sobornos y amenazas”.

“La CNDH deplora el trato indigno, la falta de atención a estos ciudadanos y hace un llamado a las autoridades para que éste y otros casos de esa naturaleza sean investigados a fondo, de manera profesional y se castigue a los responsables”, señala un comunicado emitido este lunes en su portal oficial.

Por ello considera que las autoridades gubernamentales “tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia a esta población en desgracia”.

El organismo público autónomo advierte que a escala nacional “en los últimos años la violencia ha generado condiciones para que alrededor de 120 mil personas se hayan movido de su lugar de origen para evitar ser víctimas de secuestro, extorsión o de algún otro tipo de amenaza”.

El llamado de la CNDH sobre el caso de los desplazados de Las Shascuitas ocurre luego de que este jueves 15, Apro diera a conocer que un grupo de desplazados de la Sierra Madre del Sur se había refugiado en el principal destino turístico de la entidad, donde permanecían hacinados en un inmueble, sin ayuda gubernamental ni resguardo policiaco.

Dos días después, el sábado 17, las 135 personas integrantes de las 29 familias desplazadas se manifestaron públicamente en las inmediaciones del balneario de Caleta donde exigieron a los gobiernos federal y estatal su reubicación en una zona segura y apoyos económicos para “reiniciar sus vidas porque perdieron todo”.

Ello debido a que durante los 18 días que llevan hacinados en un hotel del puerto, el gobierno estatal sólo los había apoyado con mil 700 pesos por familia y algunos medicamentos.

Incluso, las víctimas denunciaron que el viernes 16, el subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno de Aguirre, Victoriano Sánchez Carvajal, los visitó en su refugio, donde asumió una actitud despectiva e indolente.

El funcionario estatal ofreció a las víctimas, con reproches, 20 mil pesos por familia para que “ya no siguieran molestando” y se fueran a establecer a otro lugar porque era “el único apoyo que el gobierno estatal nos puede dar”, relató a Apro uno de los desplazados.

Al respecto, la CNDH retomó el caso que Apro ha documentado desde la semana pasada. En su comunicado refiere que desde el momento que conoció del hecho, personal de este organismo nacional acudió al lugar para “proporcionar apoyo y acompañamiento a las víctimas y recabar testimonios”.

En este sentido, confirmó que los desplazados de Las Shascuitas que se resguardaron en el balneario de Caleta sufrieron un intento de desalojo por parte de servidores públicos.

Refiere que el servidor público, “lejos de apoyarles (a las víctimas) en su desesperada situación, presuntamente intentó lanzarlas a través de sobornos y amenazas”.

Según esa información, añade el comunicado de la CNDH, en el último mes cerca de mil personas del municipio de San Miguel Totolapan –ubicado en la región de Tierra Caliente y la zona de la Sierra– han tenido que abandonar sus hogares porque “grupos armados que se disputan la zona de producción y trasiego de drogas han incendiado casas y asesinado a campesinos ajenos al conflicto”.

La CNDH recuerda que en reiteradas ocasiones ha llamado a las autoridades gubernamentales para que “atienda a estos mexicanos que han tenido que huir de su lugar de residencia y procuren garantizarles el respeto de sus derechos humanos”.

También, indica que las entidades donde existe mayor actividad del crimen organizado son Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, por lo que invitan a los desplazados y víctimas de la narcoviolencia a presentar sus quejas ante el organismo.

El comunicado considera como grave esta problemática porque los desplazados internos tienen que abandonar a sus familias, fuentes de ingreso y cultura, con el objetivo de protegerse de la violencia que padecen en su tierra para ir a otras ciudades con mejores condiciones de seguridad.

A la fecha, Apro ha documentado que más de 2 mil personas han abandonado sus hogares en cuatro municipios de la entidad, sólo a partir de julio: San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo, Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso.

El caso del municipio de San Miguel Totolapan es, hasta ahora, el más grave, debido a que en este lugar han sido desplazadas casi mil 500 personas: 130 de ellas se refugiaron en Acapulco, otro centenar en el municipio de Tecpan de Galeana y otras 70 siguen escondidas en la Sierra.

La población mayoritaria en los grupos de

 desplazados es de mujeres y niños.

El gobierno estatal ha minimizado la tragedia calificando como “emigrantes” a los desplazados y asegurando que está atendiendo la problemática entregando despensas, cobertores y colchonetas. Ha dicho que las zonas devastadas por la narcoviolencia ya se encuentran bajo resguardo policiaco-militar. No obstante, las víctimas entrevistadas por Apro coinciden en reprochar la criminal indolencia gubernamental y aseguran que no están dispuestos a regresar a sus comunidades porque aseguran que los criminales están coludidos con autoridades locales y militares.