PRIMERA PLANA

Demandan jornaleros

a empresa sinaloense

 TLAPA DE COMONFORT, GRO.--Jornaleros y jornaleras agrícolas originarios del estado de Guerrero interpusieron una demanda formal ante la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa contra la empresa agrícola Agroger del Évora S.P.R. de R.L. con sede en Guasave, Sinaloa, como último recurso legal para reclamar el pago del salario adeudado por 3 meses de trabajo.

La demanda laboral fue interpuesta el 25 de febrero de 2013 por 37 personas originarias del pueblo indígena Me’phaa de Santa María Tonaya, Municipio de Tlapa de Comonfort, la cual fue admitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa el 13 de marzo de 2013.

Los 37 jornaleros y jornaleras agrícolas, como miles de indígenas guerrerenses que año tras año migran a Sinaloa, llegaron a mediados del mes de diciembre de 2010 a trabajar  en Guasave, Sinaloa al campo denominado Paraíso 3, perteneciente a la agrícola Agroger del Évora S.P.R. de R.L., cuyo propietario es el empresario José Alfredo Gerardo Ríos.

Las familias indígenas Me’phaa fueron contratadas para laborar en la siembra y corte de calabaza, con un horario de trabajo de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, percibiendo un salario diario de $135.00 (ciento treinta y cinco pesos 00/100 M. N.), el cual se les pagaría semanalmente.

Durante mes y medio, la empresa agrícola cubrió los salarios correspondientes; sin embargo, a partir del 5 de febrero de 2011, dejó de pagar argumentando que debido a las fuertes heladas que afectaron al estado de Sinaloa en enero de ese año, los productos cosechados durante esos días no se habían vendido. Posteriormente, la empresa informó que se cubriría el pago de los salarios en cuanto se vendiera el producto, y se acordó que  el grupo continuaría trabajando.

Sin embargo, el 11 de mayo del 2011,  la Empresa informó al grupo de jornaleras y jornaleros que “ya no había trabajo y debían retirarse”, sin dar alguna explicación.

Por lo anterior, las y los 37 jornaleros agrícolas acudieron a la Procuraduría de Defensa del Trabajo del Estado de Sinaloa, para exigir que les fuera remunerado el trabajo que habían realizado durante los tres meses. El 28 de febrero de 2012, la Procuraduría citó al representante de la agrícola, el señor José Alfredo Gerardo Ríos. Ante esta autoridad, el empresario reconoció el adeudo a las 37 personas y mediante un acta compromiso se comprometió a cubrir el adeudo por la cantidad de $163,568.00 pesos. Sin embargo  el compromiso fue incumplido, sin que la Procuraduría ejerciera sus atribuciones para asesorar y defender legalmente a las y los jornaleros.

A partir del incumplimiento de la Empresa contratista  y ante las omisiones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las y los jornaleros agrícolas con el acompañamiento de Tlachinollan, interpusieron una demanda formal. En la primera audiencia de conciliación realizada el pasado 16 de mayo de  2013, la empresa se negó a pagar a los trabajadores el adeudo y llegó al extremo de negar la relación laboral, incurriendo en un nuevo trato discriminatorio contra las y los jornaleros.

El martes 28 de mayo se emitió una acción urgente para exhortar a la empresa agrícola Agroger del Évora S.P.R. DE R.L.  a cumplir con sus obligaciones patronales. La acción urgente también se dirige a las autoridades laborales de Sinaloa a quienes se insta a garantizar los derechos de las y los jornaleros, considerando la pasividad con que se condujo la Procuraduría de Defensa del Trabajador en el caso. A 24 horas de haber sido emitida, la Acción Urgente ha sido suscrita por alrededor de 500 defensores y defensoras de derechos humanos, así como por organizaciones nacionales e internacionales, quienes estarán vigilantes de la demanda interpuesta ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, y de manera particular, de la próxima audiencia que se realizará el 4 de junio de 2013 en Guasave, Sinaloa.

La lucha de los jornaleros Me’phaa de Santa María Tonaya por sus derechos laborales evidencia que subsisten las violaciones a derechos humanos en los estados que reciben la migración interna como Sinaloa. Del mismo modo, evidencia que los jornaleros y las jornaleras se organizan cada vez más para defender sus derechos.