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Ni legal y ni moral con 

caso de Ayotzinapa:AB 

ACAPULCO,  GRO.-El ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Ramón Almonte Borja, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión Instructora del Congreso local. 

Durante su exposición, Almonte Borja se deslindó de cualquier responsabilidad legal y moral de los resultados del desalojo violento ocurrido el 12 de diciembre de 2011, en el fueron privados de la vida dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El ex funcionario hizo una descripción detallada de los errores legales que han marcado el proceso legal que se promovió en su contra, como resultado de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Incluso, refirió que de acuerdo a las leyes estatales, la CNDH no tiene la capacidad legal de presentar una denuncia de juicio político ante el Congreso local, y agrego que el ombudsman nacional incurrió en excesos y actos no legales en el caso del homicidio de estudiantes de Ayotzinapa.

A la comparecencia del ex funcionario estatal sacudieron el presidente de la Comisión Instructora, Omar Jalil Majul Flores, así como los demás integrantes: Bernardo Ortega Jiménez, Luisa Ayala, Arturo Álvarez Angli y Emilio Ortega Antonio, así como la diputada Julieta Fernández Márquez.

Cabe mencionar que fue durante la 59 Legislatura, cuando el Congreso local recibió la recomendación de la CNDH en la que se solicitaba la realización de juicio político contra el ex secretario de Seguridad Pública y el ex procurador de Justicia, Ramón Almonte Borja y Aberto López Rosas, respectivamente.

Con el inicio del periodo de la 60 legislatura y en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el proceso de juicio político se le continuó dando trámite.

A partir de lo anterior, se han venido dando las audiencias y comparecencias, así como el periodo para el ofrecimiento de pruebas tanto por parte de la CNDH como de los ex funcionarios.

Almonte Borja planteó ante los integrantes de la Comisión Instructora, la reposición del procedimiento de la denuncia de juicio político, y posteriormente que se deseche dicho recurso al argumentar que no había elementos legales para mantener dicha denuncia.

El ex secretario de Seguridad Pública insistió en que no incurrió en ningún acto u omisión que sea violatorio de la ley, y que durante el proceso en su contra iniciado por la CNDH se han violentado sus derechos humanos y garantías individuales, así como a los integrantes de su familia.